A juicio de CCAE la propuesta presentada ayer en Madrid es inaceptable y contradictoria. La Comisión afirma que la reforma persigue como objetivo incrementar la competitividad del sector, y la única medida que propone de forma concreta y presupuestada es el arranque de 400.000 hectáreas, con una dotación 2.400 millones de euros en cinco años, lo que supone el 40% del presupuesto de la actual OCM.

Para CCAE la Comisión vacía de contenido la OCM del Vino, porque, además del arranque, se propone trasladar una parte de sus fondos para medidas de desarrollo rural, las cuales son cofinanciadas por el Estado miembro y no se garantiza que sean destinadas exclusivamente al sector, cuestión ésta que desde CCAE no es admisible.

Tampoco es aceptable que se eliminen todas las ayudas destinadas a destilación, almacenamiento, y al mosto, que son los únicos instrumento que permiten regular las campañas y garantizar el abastecimiento del mercado de diversos productos del sector vitivinícola.

La propuesta establece un sobre nacional como único elemento de la OCM que cada Estado miembro podrá utilizar para determinadas medidas de gestión de crisis, tales como vendimia en verde, reestructuración y reconversión de viñedo, etc., pero no precisa el presupuesto que se destinará a estos fines.

CCAE apuesta por una OCM vitivinícola que mejore la posición competitiva del sector en el mercado y la renta de los viticultores, para lo cual propone dar mayor protagonismo al sector a través de las Organizaciones de Productores Vitivinícolas (OPVs), apoyando decididamente estas estructuras comerciales para reforzar al máximo las oportunidades de negocio que se presenten y mejorar su posición frente a sus clientes. Para ello deberían ponerse a disposición de las OPVs una serie de mecanismos enfocados al mercado, atendiendo a sus necesidades reales, sin descartar ninguna de las medidas actualmente vigentes tales como almacenamiento privado, destilación para uso de boca, etc.

CCAE movilizará todos sus recursos para contrarrestar esta iniciativa y evitar el desmantelamiento del sector vitivinícola, que es vital para amplias zonas rurales porque es la única alternativa viable para el sostenimiento de la población y contribuye decisivamente a su equilibrio medioambiental