Sevilla, 7 de Marzo de 2006. La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos, UPA-Andalucía, pide que la Comunidad Autónoma no se vea afectada por los recortes en la cuota de producción que la Comisión Europea ha previsto para toda la Unión Europa según decisión del último Comité de Gestión —2,5 millones de toneladas de azúcar, de las cuáles 100.000 corresponderían a España— para este mismo ejercicio de 2006-2007, en el marco de la última reforma de la Organización Común de Mercado (OCM). Los agricultores de la Comunidad sembraron en otoño de 2005 sus explotaciones con garantía de “excepcionalidad”, es decir, de que la reforma no se aplicaría para la Zona Sur este año, por lo que se verían muy perjudicados si sufren recortes durante esta campaña de recolección (tarea que se lleva a cabo durante los meses de verano). El sector, que se ha visto radicalmente golpeado durante la reforma comunitaria del azúcar en noviembre de 2005, genera en Andalucía un volumen económico de 320 millones de euros, y de él dependen más de 7.000 agricultores andaluces, 700.000 jornales en el campo, 2.300 empleos directos en las industrias y 4.000 indirectos. Andalucía produce un 33% del total nacional, con una superficie de 43.400 hectáreas, el 90 % en Cádiz y Sevilla.

El responsable sectorial de remolacha de UPA-A, Juan Sánchez, ha mostrado su indignación por el ataque al que se ha visto sometido este sector en nuestros país, a pesar de que no generamos excedentes y ni siquiera alcanzamos niveles suficientes de producción para el autoconsumo. Sánchez augura que, tras la reforma comunitaria, el 51% del sector remolachero tendrá que desaparecer en nuestra tierra, por lo que exige a las Administraciones que aseguren una retirada digna para quienes abandonen, así como condiciones que permitan que el 49% restante cultive con rentabilidad.

Para ello, Sánchez cree imprescindible que se arbitre una ayuda agroambiental similar al algodón, imprescindible para garantizar el futuro de parte del sector. Especial interés concede a la posibilidad de destinar parte de la cosecha a la producción de bioetanol o biodiesel, los denominados “combustibles ecológicos”. Pero para que la vía de los carburantes “verdes” o “ecológicos” se abra camino, deben existir ayudas significativas que hagan posible al agricultor producir con rentabilidad para suministrar la materia prima, puesto que la cantidad de ayuda que se baraja actualmente (45 Euros por hectárea) es a todas luces insuficiente. “Los biocarburantes pueden y deben ser una buena alternativa siempre y cuando los poderes públicos la impulsen y no quede en un brindis al sol”, argumenta Sánchez, quien matiza que algunas fábricas azucareras podrían reconvertirse con las inversiones necesarias para dar respuesta a la nueva situación. Sería además una alternativa que evite la desaparición de estas industrias.