Unas 2.500 explotaciones agrícolas de la provincia, la mayoría del Páramo, no han cobrado las ayudas de la PAC que habitualmente la Junta abona todos los años a mediados de diciembre, y que este año se habían adelantado como medida para compensar los efectos de la sequía. Se trata de explotaciones en las que se ha llevado a cabo un control administrativo, de campo o por teledetección, controles cuyos trámites administrativos se han retrasado por negligencia de Agricultura, y que ahora conllevan el consiguiente retraso en los pagos. A estos agricultores corresponde un importe estimado de 18 millones de euros.

El problema no es sólo que no hayan cobrado el anticipo del 50 por ciento que se le ha abonado al resto de cultivadores a primeros de noviembre, sino que no hay fecha de cobro, ni se informa de la situación administrativa en la que se encuentran los expedientes. Aunque la administración tiene margen de plazo legal hasta la próxima primavera, siempre se ha pagado en diciembre, y en todo caso se está produciendo un agravio de estos cultivadores con respecto a la mayoría que sí van a cobrar sus ayudas antes de fin de año. Los retrasos en los pagos, por causas atribuibles exclusivamente a la administración, causan serios problemas a cientos de agricultores cuyos préstamos o compromisos de pagos vencen habitualmente en estas fechas. A otros muchos agricultores les causas verdaderos problemas fiscales al imputar a un solo ejercicio fiscal los ingresos de dos anualidades, situación que se produce si las ayudas de 2005 se cobran en el 2006.

Indefensión del agricultor en los controles administrativos.

Además de los retrasos en los pagos, estos controles administrativos “fuera de plazo” llevan a una auténtica indefensión de los agricultores. Así, se están revisando parcelas de retirada de tierras para comprobar las labores que hicieron los agricultores antes del 30 de agosto, cuando en la actualidad muchas de ellas están ya de otro cultivo, por lo que el agricultor difícilmente podrá demostrar lo contrario de lo que considere la administración. La organización agraria ASAJA no pretende salir en defensa de un pequeño grupo de agricultores que por dolo o negligencia incumplen con la normativa que regula las ayudas, pero tiene que velar para que “no paguen justos por pecadores”, y sobre todo para que se garantice el derecho de todos los profesionales a demostrar que han hecho bien las cosas y por tanto cumplen con los requisitos para ser beneficiarios de las ayudas.

ASAJA exige a la Junta que revise los sistemas de control para evitar hacerlos fuera ya de la campaña agrícola, y exige que antes de fin de año abone la totalidad de las ayudas a las que tengan derecho los agricultores de la provincia, incluidos los sujetos a controles, ya que en todo caso la administración tienen mecanismos suficientes para solicitar, si es el caso, la devolución de fondos cobrados indebidamente.

León, 19 de diciembre de 2005