Si más de 50.000 agricultores han salido a las carreteras de España para reivindicar medidas de apoyo es porque algo no va bien. Se estará más o menos, a favor o en contra, de la “política” del Ministerio de Agricultura pero lo cierto es que los agricultores, en el día de ayer, han querido poner de manifiesto la difícil situación que atraviesa el campo español.

Dice el refranero que “no hay peor sordo que el que no quiere oir” y mucho me temo que eso le está pasando a los responsables de la Agricultura de nuestro país. No es posible que después de cuatro reuniones maratonianas, el Ministerio de Agricultura siga ofreciendo al sector agrario una propuesta totalmente insuficiente, alejada de la realidad y basada en medidas coyunturales cuando el problema del gasóleo es ya algo estructural que exige, por tanto, una solución a largo plazo.

Todos estamos notando en nuestros bolsillos lo que nos cuesta llenar el depósito del coche de combustible pero, en el caso del sector agrario, este problema se agrava porque el gasóleo constituye uno de los principales medios de producción agrarios En un mercado tan rígido como el de los productos primarios es muy difícil poder trasladar la subida de los costes de producción al final del producto y así dejar que la sinergia del mercado ajuste las economías productivas.

Es un círculo vicioso. El agricultor soporta el incremento de los costes que supone el alto precio del combustible y los fertilizantes y, sin embargo, tiene que vender sus productos a unos precios ridículos lo que hace que, en muchas ocasiones, como es el caso de este año caracterizado por una climatología adversa, ni siquiera cubra los costes de producción.

Los agricultores y ganaderos están pagando 0,70 euros por cada litro de carburante que consumen sus maquinarias mientras que en 1999 desembolsaban 0,31 euros por litro; sin embargo, los productores agrarios reciben por sus productos los mismos precios, en algunos casos menores, que se pagaban en 1999.

Por si esto fuera poco, el productor debe cumplir un sinfín de obligaciones en materia de medioambiente, bienestar animal, etc impuestas por la Unión Europea con el fin de garantizar una seguridad alimentaria, y competir con las producciones de terceros países en los que las exigencias son bastante menores.

Hay razones más que suficiente para salir a la calle. Ahora bien, en medio de esta vorágine, no falta quienes para desacreditar a los agricultores se acuerdan de las “subvenciones” comunitarias y mezclan las churras con las merinas. A esas personas les digo una vez más que las ayudas que reciben los agricultores son compensaciones por la pérdida de renta, que fueron establecidas en su día por los mandatarios comunitarios y que el agricultor poco pudo decir al respecto, aunque por ello ahora se le sigua martirizando.

Desde aquí pido que no se confunda a la sociedad que, a pesar de todo, ha demostrado una vez más su solidaridad con el sector agrario lo cual agradezco.

El Gobiernos nos ha empujado a las movilizaciones porque de nada sirve poner encima de la mesa 400 millones de euros si, finalmente, se ofrecen unas medidas virtuales que, en ningún caso, contribuirán a que esos fondos reviertan en los agricultores. El Gobierno debe entender lo que está pasando y acabar con la situación de ruina que sufre el campo español.

En sus manos está que en los próximos días no se produzcan nuevos actos de protesta que entorpezcan el quehacer diario convirtiéndolo en un martirio. Nuestro respeto por la sociedad no admite ninguna duda pero está en juego la supervivencia de quienes, hoy por hoy, mantienen vivo el 90 por ciento del territorio español . Falta hace que el Ministerio de Agricultura defina una política agraria eficaz porque lo único que observamos es una gran falta de coherencia política en sus decisiones. Así nos va.