Toledo, 3 de noviembre de 2005.- El Consejo Asesor de Medio Ambiente ha informado esta semana, entre otras cuestiones, sobre los nuevos impuestos con que se gravarán determinadas actividades contaminantes, así como el gravamen autonómico sobre los combustibles para financiar la sanidad. Contra la aplicación de dicho tributo, que en el caso del gasóleo agrícola asciende a 2 Euros por cada 1.000 litros, COAG-Iniciativa Rural de Castilla-La Mancha ha presentado un voto particular por entender que en la actual situación del sec-tor agrario no puede admitirse un nuevo aumento del precio de este factor de producción generado por nue-vos impuestos.
COAG- IR no presenta objeciones en cuanto al contenido general del anteproyecto de ley, sino al aumento de los impuestos sobre el combustible agrícola que, en la actualidad, representan ya más de un 40 % del precio de este factor de producción. Por lo tanto, lo que pide la organización es la exención de esta nueva carga fiscal para el gasóleo B utilizado en la agricultura, tal y como, por otra parte, ha sido anunciado públicamente en reiteradas ocasiones por diferentes responsables políticos de la Junta de Comunidades.
En su voto particular COAG-IR argumenta que el gasóleo agrícola no es un bien de consumo, sino un factor de producción fundamental para que los agricultores puedan realizar sus trabajos y que el enca-recimiento que ha sufrido en los últimos años esta provocando serias mermas en la renta de las explotaciones agrarias. La Coordinadora recuerda además, que la renta agraria sigue estando aproximadamente un 40 % por debajo de la renta media del resto de actividades económicas, a pesar de que el mandato recogido en el artí-culo 130 de nuestra constitución obliga a los poderes públicos a proteger este sector estratégico.
Por otro lado, en un momento en el que COAG-Iniciativa Rural busca con el Gobierno de la Nación fórmulas para reducir o suprimir la carga impositiva sobre el gasóleo o su devolución a los profesio-nales de la actividad agraria, no puede admitir nuevos impuestos, por más que la organización reconozca que el tipo autonómico propuesto para el combustible agrario (2 euros por 1.000 litros) es inferior al previsto para el gasóleo de automoción (24 euros por 1.000 litros).
La Coordinadora considera, además, que las imposiciones sobre las actividades que inciden sobre el medio ambiente, que repercutirán presupuestariamente en medidas de carácter ambiental, y las que gravan el combustible para financiar la sanidad deben seguir tramitaciones legislativas distintas debido, pre-cisamente, al diferente destino finalista de los fondos recaudados.
En otro orden de cosas, en el Consejo Asesor de Medio Ambiente se ha estudiado también un informe que modifica la Junta Rectora de las Lagunas de Ruidera (Ciudad Real) con el objetivo de hacerla más operativa. También se ha aprobado un proyecto de Decreto para la ordenación de los recursos naturales de la Laguna de Tírez, en Villacañas (Toledo), declarándola reserva natural. COAG-IR ha solicitado que se respeten los usos agrícolas y ganaderos tradicionales, que no suponen en general una agresión a la conserva-ción del entorno, y que se potencien las medidas y ayudas para la recuperación o introducción de prácticas agrarias compatibles con el medio ambiente. De esta manera, este tipo de decisiones serán vistas por el sector agrícola como una oportunidad de contribuir a mantener en patrimonio natural y obtener rentas alternativas y no como una restricción para el ejercicio de la actividad agraria.
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