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ASAJA Granada: La Administración autonómica no afronta con solvencia los periodos de sequía

17/10/2005

Granada, 14 de octubre de 2005.- Granada es la provincia andaluza que más restricciones de agua ha padecido por la sequía, más de 15.000 vecinos de 13 pueblos de la Contraviesa. Sin embargo, el problema no es la falta de agua sino “cómo llevarla donde hace falta”, tal y como la propia Consejera de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Fuensanta Coves, ha reconocido. Falla, por tanto, la propia capacidad de la Administración para el abastecimiento del consumo humano en determinadas zonas, porque no tiene ni construye infraestructuras propias sino que utiliza las de los regantes aunque sea en perjuicio de éstos y a golpe de Decreto.

Los regantes saben administrar el agua, como se demuestra en el caso de la Comunidad de Regantes de Trevélez y la Comunidad de Regantes de Jabalcón (han utilizado 5 hectómetros de agua de los 30 que tienen por concesión de la CHG) y por eso disponen de ella para sus riegos en momentos de escasez. Cuando la demandan es porque no se construyen o no están en uso las grandes infraestructuras hidráulicas necesarias para su almacenamiento y conducción. Así se revela en el caso del Canal del Portillo, paralizado por el Gobierno en septiembre de 2004, que impide el riego de 23.000 ha., o la Presa de Rules, que no embalsa.

La Administración no puede desentenderse de sus responsabilidades. Está obligada a garantizar tanto el consumo humano como los riegos de los cultivos, que sustentan la economía de muchos agricultores. Las actuaciones que dice que va a acometer -la nueva balsa en Torvizcón, la mejora de las canalizaciones y los medios que permiten almacenar el agua- tenían que estar ya hechas. Las soluciones no llegan del cielo aunque las autoridades miren hacia él para ver si llueve y quitarse de encima el problema.

Modernización de regadíos

Los grandes cultivos de riego de la provincia: el olivar y las hortalizas (en la Costa y la zona Norte de Granada), tienen sistemas de goteo o aspersión en más de un 90% de los casos, costeados en buena parte con inversión privada. No se puede acusar, por tanto, a los regantes de derroche de agua, tal y como ha hecho injustamente el Delegado Provincial de Agricultura, Rafael Gómez, ni de falta de concienciación de su valor. Las ayudas a la modernización se necesitarían más en la Vega histórica, donde predominan pequeñas explotaciones sin capacidad para acometer sus propias obras. Sin embargo, el Decreto de mejora de regadíos no las contempla al tratarse de sistemas tradicionales de riego por medio de acequias o por inundación. Este uso tradicional -que aprovechan el agua sin necesidad de emplear energía de impulsión- no es, por otra parte, tan criticable, porque el agua no se desperdicia en realidad, sino que fluye en otros lugares y alimenta la flora y fauna del entorno.

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