Con la vendimia en su recta final es hora de hacer balance. La cosecha será corta -más o menos un 30 por ciento inferior a la de la campaña pasada en Toledo-, a causa de la sequía, pero, precisamente, la escasez de lluvias ha evitado las enfermedades y plagas propias del viñedo y el fruto, por lo tanto, es de una calidad excelente. Sin embargo, al revés de lo que sucedería en otros sectores y en contra de toda lógica, ni la escasez de uva ni su calidad traerán como consecuencia normal una subida en el precio de la misma. Hay cosas que parece que no puedan cambiar nunca: una de ellas la actitud de los industriales del vino.

Cuando hay una buena producción, es que hay exceso de oferta; si no es así, exigen más uvas de calidad, y después, cuando, para adaptarse a esta exigencia de mejora, el sector acomete una importante reconversión y, además, llega un año como el actual en el que se da una cosecha corta y de altísima calidad, la sorpresa es que el precio de la uva sigue por los suelos y los bodegueros continúan con los viejos hábitos de ocultar el precio de compra y los agricultores no integrados en cooperativas, que entregan sus cosechas sin saber qué van a percibir por ellas.

Ante esta situación hay que agradecer la labor desempeñada por las cooperativas – sobre todo por sus presidentes, que lo son desinteresadamente -, mejorable como todo en esta vida pero no por ello menos meritoria, que resuelven a los agricultores cooperativistas el problema inmediato de la entrega de la uva, producto perecedero que no puede almacenarse en espera de que suba el precio. Para seguir desempeñando su labor y para mejorarla cuentan con el apoyo de ASAJA de Toledo.

Pero ¿qué sucede en el sector para que esas variedades vitícolas de calidad, tan “demandadas” hace poco por los bodegueros, se paguen a precios irrisorios que no justifican la inversión realizada en su obtención? Los viticultores que, animados por el Gobierno regional, se acogieron con entusiasmo a los Planes de Reestructuración y Reconversión de viñedo están claramente decepcionados porque son precisamente las variedades mejorantes las menos demandadas por los industriales.

No son, pues, las cooperativas las responsables de la situación del sector, tampoco los agricultores, que han hecho su reconversión como se les pedía. Parte de esa responsabilidad podría achacarse al Gobierno regional. ASAJA de Toledo pidió en su día a la Consejería de Agricultura que se evitara que la reestructuración sirviera para incrementar producciones, algo que prohíbe la normativa europea que regula la Organización Común de Mercado del Vino. Pero no se hizo así. Grandes industrias vinícolas se instalaron en la provincia cuando empezaron a llegar de Bruselas ayudas para reconvertir el sector, y se acogieron a Planes de Reestructuración sin que se les pusiera una cuota de rendimiento por hectárea.

Estas empresas compraron derechos de plantación procedentes de viñas improductivas o de baja producción con los que han hecho extensas explotaciones altamente productivas. Es decir, han plantado sus viñas, hecho sus bodegas y lo que venden es su vino, porque no compran a los agricultores de la provincia, y hasta puede que entre todos los viticultores castellano-manchegos les financiemos las campañas publicitarias de sus productos a través de la Fundación para la promoción del vino.

Llegados a este punto cabe preguntar para qué ha servido la reestructuración del viñedo y a quién ha beneficiado. A los agricultores, que han realizado fuertes inversiones para ofrecer un fruto cuya calidad no le pagan, desde luego no. Ante esta situación, la Consejería de Agricultura debería empezar a plantearse solicitar poner en marcha el arranque voluntario de viñedo porque, de todos modos, muchos viticultores terminarán por arrancar sus viñas.