Madrid, 20 de mayo´05. Durante la reunión que ha mantenido la Oficina Permanente para situación de adversidad climática y medioambiental, Miguel López, secretario general de COAG y Javier Sánchez responsable de Estructuras Agrarias de COAG, han solicitado al Ministerio de Agricultura que realice las gestiones institucionales oportunas para que las heladas y la sequía que está soportando el campo español sean contempladas en el Fondo de Solidaridad de la UE como catástrofes naturales, condición ésta necesaria para los agricultores y ganaderos afectados puedan acceder a sus ayudas.
La semana pasada, el Pleno del Parlamento Europeo aprobó una resolución presentada por los grupos parlamentarios españoles en la que se solicitaba al ejecutivo comunitario que liberase recursos del Fondo de Solidaridad de la UE para paliar los efectos de las adversidades climatológicas en España. El propio Comisario de Medio Ambiente, Stravos Dimas, apuntó que la sequía y las heladas pueden considerarse desastre natural, y en el caso de España las pérdidas propiciadas por las mismas van a superar con creces los 3.000 millones de euros en daños, límite necesario para liberar dinero del Fondo de Solidaridad europeo.
En referencia al Real decreto que se está elaborando para orquestar medidas que palien los efectos de la sequía en nuestro sector agrario, COAG ha abogado porque se prioricen las ayudas a los agricultores y ganaderos a título principal, es decir a aquellos que viven directamente del campo. También se ha apuntado la necesidad de estudiar la situación de cada zona afectada para poder delimitar el grado de intensidad de la sequía, al objeto de que las ayudas lleguen a los agricultores y ganaderos que más lo necesitan.
Las comunidades Autónomas más afectadas por las heladas y la sequía son: Andalucía, Aragón, Cataluña, Valencia, Murcia, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura y La Rioja; esta situación va a suponer pérdidas de productividad y problemas para alimentar y dar de beber a la cabaña ganadera, con las consiguientes pérdidas económicas, de empleo y de bienestar social que ello conlleva. Además, se corre el riesgo de perder la capacidad productiva agraria en las zonas más afectadas sino se da una respuesta adecuada a la dramática situación que atraviesa el sector agrario. “Es un problema que más allá de lo agrario, por lo que hemos solicitado que en sucesivos encuentros, a los responsables de los Ministerios más relacionados con este tema, Agricultura y Medio Ambiente, les acompañen representantes de los Ministerios de Economía y Trabajo”, ha puntualizado Miguel López, secretario general de COAG.
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