En la historia moderna se ha demostrado que no tienen sentido, al menos en el sector agropecuario, esos clichés que colocaban a los más ricos o que tenían una explotación más grande en un lado de la política, y a los más pequeños o pobres al otro. Porque si fuera cierto, el gobierno actual sería el de los agricultores y ganaderos desheredados, los sin tierra, los de cuatro vacas que se sacan a pastar con cabezada y de los que ordeñan con cántaras. Y no es cierto, porque tanto en la izquierda como en la derecha, tanto en ASAJA como en Upa o en Coag, hay ganaderos de todo tipo, y los grandes, o si se quiere aquellos que han modernizado y redimensionado su explotación, se pueden encontrar en cualquier sitio del arco político o sindical. Por eso nadie o casi nadie entiende que el Gobierno socialista esté pensando en desarrollar una amplia batería de medidas dentro del sector lácteo que tienen por finalidad restar competitividad a las explotaciones más viables del país, a aquellas que con muchos trabajo y sacrificio económico han invertido en los últimos años en instalaciones, en genética, en maquinaria, en fincas, y sobre todo en adquirir cuota o derechos de producción.

Hasta ahora había una política que aunque tímida era acertada: favorecer explotaciones grandes y dar una salida por la vía del abandono incentivado y el cese anticipado a aquellas más pequeñas y menos competitivas con titulares de edades avanzadas. Y hablo de política tímida aunque acertada por el escaso apoyo económico que se ha destinado a esta medida, especialmente en el complemento del cese anticipado que ha sido raquítico y discriminatorio respecto al dinero público que se ha gastado en otros sectores en reconversión.

La política que ahora nos trae el Gobierno socialista es la de la expropiación: quitarle a los que lo tienen porque lo han comprado en los últimos años, y repartirlo no se saben bien a quiénes ni con qué criterios. A esto y sólo a esto conduce una previsible medida que establecerá un peaje en las transferencias entre particulares que hará que en la práctica sea inviable que siga funcionando un mercado libre de compraventa de cuotas. Si a esto sumamos la potestad del Gobierno de abrir cuando quiera, incluso de no abrir en una campaña determinada, el plazo para hacer transferencias, podemos afirmar que se da al traste con el sistema que ha venido funcionando en los últimos 15 años.

No cabe duda alguna que si los planes del Gobierno salen adelante, los ganaderos más profesionales de Castilla y León verán seriamente disminuido su patrimonio y su capacidad de endeudamiento, y no tendrán en el futuro herramientas para seguir creciendo acorde con los tiempos y con las implacables reglas del libre mercado, un libre mercado que aunque logre acotar el Gobierno español, nos vendrá del otro lado de los Pirineos e incluso de la globalización mundial.

Y si grave es el fondo de la cuestión, no menos graves son las formas. Se gobierna a golpe de decreto, sin consultar con nadie, caiga quien caiga, y menospreciando a gobiernos autonómicos que no son de la cuerda y a organizaciones agrarias que no se consideran amigas.

Y mientras esto no ha hecho más que empezar, habrá que ver dónde se sitúan el resto de organizaciones agrarias, y dónde se sitúan las cooperativas tanto a nivel individual como de la propia organización que las integra a nivel regional y nacional. Y se está extendiendo como la espuma ese comentario de que Loyola me dio el disfrute de la cuota de la reserva nacional, Arias Cañete me la asignó en propiedad, y Elena Espinosa me la expropia. Y conste que, por razones distintas, ni Loyola ni Cañete eran santos de la devoción del que esto escribe.