I.- ANTECEDENTES.

A lo largo de los últimos tres años, a iniciativa, principalmente, de los países mediterráneos (Grecia, Italia y España) se han llevado al seno de la Comisión diversas iniciativas para promover el debate sobre la gestión de los riesgos agrícolas y el establecimiento de medidas adecuadas para garantizar las rentas de los productores ante los riesgos no controlables.

Fruto de dichas actuaciones, el Consejo acordó en el año 2003, encomendar a la Comisión “examinar medidas específicas para abordar riesgos, crisis y desastres nacionales en la agricultura y presentar un informe, acompañado de propuestas apropiadas, al Consejo antes de finales de 2004”.

II.- DOCUMENTOS DE LA COMISIÓN.

Como resultado de dichos compromisos, la Comisión ha trabajado en documentos, en los que se propone tres instrumentos específicos para la gestión de riesgos y crisis agrarias.

1.-Implantación de un seguro contra desastres naturales; con participación financiera en el pago de la prima de los agricultores.

Esta propuesta no supone realmente ninguna novedad para España, ya que el sistema de seguros agrarios español, el más avanzado de Europa, es precisamente lo que quisieran implantar en otros estados. Por ejemplo Francia ha comenzado de manera experimental este año disponiendo 5 millones de euros para subvencionar el seguro agrario. En el caso de España el Ministerio de Agricultura, subvenciona las primas del seguro, para abaratar su coste a los agricultores y ganaderos, con 224 millones de euros (más de 37.000 millones de pesetas).

2.-Fondos de Mutuales.

La propuesta es establecer unos fondos, nutridos por las aportaciones de los asegurados, y apoyados con un cierto nivel de ayuda estatal, que sirvan para que en caso de crisis exista un dinero en reserva para ser utilizado.

Estos modelos fueron utilizados en el pasado en España, pero en gran medida se abandonaron por sus dificultades operativas y limitaciones en las garantías que ofrecen a los productores.

3.-Establecimiento de una cobertura básica ante crisis de renta.

Esta propuesta pretendería el establecimiento de un instrumento vinculado a la estabilidad de la renta de los agricultores. Para su implantación se exigiría el cumplimiento de las siguientes condiciones:

– Declarar crisis y estar abierta la medida a todos los agricultores afectados por la misma.

– Que la renta agraria anual fuese menor del 70% de la renta bruta media de los tres años anteriores.

– Y los pagos compensarían como máximo el 70% de la pérdida de renta registrada.

Esta propuesta exigiría un conocimiento fiel y actualizado de las rentas de los agricultores, cruzada con la información fiscal del beneficiario, y armonizándola entre los Estados Miembro.

En todos los casos, los fondos correspondientes para subvencionar dichos instrumentos provendrían del 1% de la modulación de cada Estado Miembro, es decir en ningún momento se está hablando de partidas presupuestarias nuevas, sino de permitir un nuevo uso para los fondos modulados.

3. CALENDARIO

El día 9 de marzo se presenta el documento por parte de la Comisión, que se presentará al Consejo el día 14, con el objeto de iniciar un proceso de reflexión sobre el mismo, que eventualmente podría conducir a adoptar algún modelo europeo para la gestión de crisis, que en cualquier caso sería de aplicación opcional para cada país.

Existe todavía una gran falta de concreción en las propuestas presentadas, y se deben concretar algunos de los aspectos contenidos en los documentos, sobre todo con el objeto de evitar que en el futuro puedan suponer alguna restricción al desarrollo de nuestros propios instrumentos de gestión, que están más avanzados que los de la propia Unión.