Valencia, 12 de febrero de 2005. La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) critica al Gobierno por su falta de sensibilidad y tener un desconocimiento profundo de la realidad de la agricultura mediterránea al negarse a rebajar los módulos del IRPF a los agricultores.

El Ejecutivo justifica dicha negativa en que los agricultores pueden elegir en qué régimen prefieren tributar, si en el de módulos o estimación objetiva o en el de estimación directa, el último de los cuales, según afirma, se ajusta más a la renta real obtenida que el primero, que siempre es un porcentaje fijo por cultivo o explotación ganadera, sea cual sea el beneficio.

Sin embargo, para la organización agraria esta argumentación “no es real” y obvia la “enorme carga burocrática” que supone el régimen de estimación directa para los agricultores, así como la dificultad en justificar todos los gastos, que lo hacen prácticamente inviable para el minifundismo de la Comunidad Valenciana. Esto justifica que el 98% de los agricultores valencianos tributen en el régimen de módulos.

“Lo que ya no tiene razón de ser, y más con un ministro que ha estado al frente de la cartera de Agricultura, es que se sigan manteniendo unos módulos, calculados en función de la renta agraria de hace más de una década, que no se ajustan a la realidad actual, pues la rentabilidad del campo ha caído en picado en los últimos años”, critica el presidente de AVA, Cristóbal Aguado, para quien “lo que afirma el Ejecutivo carece de rigor, pues ni siquiera está basado en ningún estudio económico en profundidad de la situación de las rentas agrarias”.

Por dicho motivo, AVA insta tanto al Ministerio de Agricultura como al de Economía a que encarguen a expertos académicos un informe real y objetivo de la situación agraria española, que recoja las peculiaridades de la agricultura mediterránea y, en consecuencia, rebaje la fiscalidad agraria de manera generalizada, “si no quieren que el abandono de explotaciones y la pérdida de activos del sector siga creciendo, con el consiguiente peligro medioambiental y socioeconómico de las zonas rurales que ello significaría”.