UCCL – COAG (COAG Castilla y León), a través de una carta remitida a Elena Espinosa, Ministra de Agricultura y Ganadería, a la que se ha pedido una reunión sobre este tema, se ha exigido que la Administración Central asuma el papel que le corresponde en el reparto de las 30.000 toneladas de Ebro siendo la que fije las normas que se deben cumplir, siguiendo las directrices que la propia orden de 19 de octubre establece: respeto del derecho de contratación de los agricultores, simplicidad operativa, eficacia económica global y equilibrio de las fábricas existentes y sus zonas naturales de suministro.

COAG considera fundamental en este sentido que los máximos responsables de Atocha recuerden lo que la propia Organización Común del Mercado del Azúcar fija que debe ser el propio estado el que establezca los criterios de reparto de las cuotas. A la hora de fijar estas directrices es fundamental que se escuche las totalidad de las partes afectadas: las dos empresas, ACOR y Ebro, así como las organizaciones de productores que cuentan con intereses en las dos partes.

Evidentemente los acuerdos alcanzados en la pasada Mesa Nacional del Acuerdo Marco Interprofesional (AMI) celebrada el pasado 19 de enero de 2005 no tienen ninguna validez desde el momento en que están inducidos por la presencia en ella de una de las partes implicadas, sin escucharse, por el contrario, a la otra azucarera afectada ni a buena parte de los cultivadores de remolacha de Castilla y León que teniendo contratos en las dos estarían muy interesados en pasarlos de Ebro a Acor como ya se puso de manifiesto con la recogida de firmas de 1998. Los criterios fijados por esta azucarera sólo sirven para llevar a cabo una reestructuración encubierta que se sume a los continuados cierres de fábricas producidos en los últimos años tras la firma de una acuerdo que como ya denunció COAG no era más un cheque en blanco para la industria.

La amenaza que se cierne sobre el sector como consecuencia de la reforma de la OCM del azúcar no hace sino incrementar el malestar existente entre los cultivadores por no saber donde tienen que llevar la remolacha que en pocas semanas van a comenzar a sembrar. En épocas en la que el diálogo y el talante parece invadirlo todo es lamentable para COAG Castilla y León (UCCL – COAG) que una decisión de este calada para el medio rural de esta región se vaya a tomar, probablemente, sin conocer lo que piensan dos de la partes más afectadas: ACOR y los cultivadores de remolacha castellanoleonéses.

Valladolid, viernes 4 de febrero de 2005