Madrid, 22 de enero´05. COAG considera que, en ningún caso, la Reforma del sector remolachero debe implicar una reducción de los precios de la remolacha tipo A, que es la común en España, porque esta reducción perjudicaría a los países que, como es nuestro caso, son deficitarios en este cultivo y que, por lo tanto, no suponen gasto a las arcas comunitarias vía exportaciones bonificadas, lo que además evita distorsiones en el mercado.

Por otra parte, el argumento empleado por la Comisión Europea para bajar los precios a la remolacha tipo A es del todo erróneo, puesto que este no es el camino para favorecer a los países en vías de Desarrollo, como se apunta desde Bruselas; de hecho, los Países del Grupo ACP –Asia, Caribe y Pacífico- también han subrayado lo equivocada que resulta esta tesis, puesto que, dado que los importes que ellos perciben por el azúcar que introducen en el mercado comunitario tiene como referencia el precio interno comunitario de la Remolacha, una bajada de estas cotizaciones supondría un descenso idéntico en los precios de su mercancía.

Por lo tanto, el pretendido descenso de precios tendría efectos nefastos para los productores del Estado español, que perderían la rentabilidad necesaria para mantener el cultivo y supondría el abandono de tierras y la pérdida de un producto interno de calidad y respetuoso con el medio ambiente; sin lograr avance para los países desarrollados que, al contrario, también saldrían seriamente perjudicados.

Los productores de remolacha del Estado español sufrirían unas pérdidas anuales cercanas a los 60 millones de euros por la reducción de precios (sin contar la reducción de cuotas) que supondría la puesta en marcha de la reforma del sector planteada por la UE. Las líneas de reforma sugeridas por la Comisión supondría una reducción del 44% del precio de la remolacha para los cultivadores de nuestro país, la reducción de las cuotas y la posibilidad de transferirlas a otros Estados de la UE. La consecuencia sería la deslocalización del cultivo hacia otras regiones del Centro y Norte de Europa y la desaparición del cultivo en España.

La bajada de precios no beneficia a productores internos ni a los de países en vías de desarrollo, tampoco favorece a los consumidores, que no tendrán mejores precios pero sí dudas sobre la procedencia y la calidad; sólo sería muy positiva para la industria de bebidas refrescantes, cuyo potente lobby internacional presiona para bajar los precios de sus materias primas