19.feb.2005. La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), lamenta la decisión del Tribunal de Justicia de la UE de rechazar la petición del sector, recogida en la demanda del Estado español, de suspender cautelarmente la reforma del régimen de ayudas al algodón, pero recuerda que no se ha resuelto el recurso interpuesto por España, por lo que todavía es posible obtener un fallo favorable a nuestros intereses.

La UE aprobó en abril de 2004 la reforma del régimen de ayudas al algodón, contemplando la desvinculación de las ayudas a la producción en un 65%, mientras que el 35% restante quedaría ligado a la superficie. Así, el Tribunal de Justicia de Luxemburgo ha rechazado ahora la demanda interpuesta por el Reino de España, que solicitaba la suspensión provisional de la entrada en vigor de la reforma y el mantenimiento, durante el mismo plazo, de la aplicación del régimen de ayudas al algodón actualmente vigente. Por el contrario, no se ha pronunciado todavía sobre el recurso del Estado Español como tal contra dicha reforma.

UPA no entiende la decisión del Tribunal de Justicia y recuerda que la “suspensión cautelar” es fundamental para evitar posibles perjuicios y daños mayores al sector derivados de la futura sentencia.

UPA cree que las demandas de la organización y el sector algodonero, recogidas en el recurso español, siguen siendo perfectamente válidas, puesto que la nueva regulación viola un protocolo del Tratado de Adhesión de España y Grecia a la UE, que recogía el derecho del sector a recibir ayudas a la producción para mantener el cultivo, reconociendo así la importancia social del algodón en zonas con escaso desarrollo económico del Sur de Europa, dependientes además de este cultivo.

Andalucía, que concentra el 95% de la producción nacional, se juega mucho en este asunto, puesto que se trata de un sector pujante, que posibilita la contratación de un millón de jornales y una facturación anual de 900 millones de euros. A juicio de UPA, España cuenta todavía con bazas importantes para ganar esta batalla, como el respaldo del Parlamento Europeo, que ha pedido a la Comisión que modifique su propuesta. Las tesis del sector español también han sido secundadas por el Parlamento español, a través de una Proposición No de Ley. UPA ha reiterado la necesidad de que el recurso contra la reforma prospere, porque de ello depende el futuro de más de 10.000 familias que viven de este sector. En juego, está también el futuro de la industria de manufacturación —desmotadoras— y otras empresas auxiliares.