20 de octubre de 2004. UPA denuncia el comportamiento de la Junta de Castilla y León al no poner a disposición de los agricultores y ganaderos el presupuesto adecuado para los planes agroambientales que oferta. Los agricultores muestran su malestar por tener que realizar todos los trámites burocráticos y administrativos pertinentes de cada una de las medidas agroambientales y luego comprueban como por sistema en la mayoría de los casos (en un 70 % a nivel regional) le son denegadas.

Hay que tener en cuenta que muchos agricultores y ganaderos han solicitado los planes agroambientales que tenían suscritos desde hace cinco años viendo frustradas sus expectativas de poder acogerse a dichos programas.

UPA considera lamentable que la falta de presupuesto asignado a estas medidas se utilice para fijar unos criterios de prioridad que discriminan a los agricultores y ganaderos profesionales que apostaron en su día, firmemente, por una agricultura diferente a la tradicional, con mayor respecto al medio ambiente.

Las cifras que arrojan los datos de las solicitudes de este año (cuadro adjunto) vuelven a incidir sobre la necesidad de un aumento en el presupuesto. Si los fines que tienen los planes agroambientales son los de mantener en medio ambiente, propiciar el desarrollo de especies que utilizan los cultivos para nidar, y un sinfín de medidas más que favorecen a todos, no entendemos como el problema está en el tema presupuestario, ya que la demanda de los agricultores y ganaderos de los planes agroambientales es muy importante.
Los datos son bastantes elocuentes, ya que de las 3.711 solicitudes presentadas sólo se han aprobado 1.116, lo que representa una denegación del 70 % en las tres medidas, e incluso un 80 % en el caso del girasol.

UPA demanda que dado que se están presentando los presupuestos en estas fechas, es el momento de dotar de una mayor partida económica a estos planes agroambientales además de una mayor rapidez en la resolución de las solicitudes, ya que el retraso en la comunicación de las solicitudes crea incertidumbre en la planificación de las explotaciones y puede dificultar el cumplimiento de los agricultores de alguno de los requisitos.