COAG ha pedido a las administraciones la revisión o supresión de determinadas normativas sobre las vacas locas

A raíz de declararse en España (finales del año 2000) los primeros casos de EEB, las distintas Administraciones adoptaron una serie de medidas que, tal vez, aún siendo algunas necesarias en esos momentos, sin embargo, fueron duramente criticadas, al menos, por COAG, al entender que el coste íntegro de su aplicación sólo era asumido por los ganaderos, los cuales además de hacer frente a ese gasto, también tenían que soportar el aumento del precio del factor productivo más importante, los piensos, así como el hundimiento del precio de la carne.

Para COAG el tiempo que ha transcurrido puede considerarse suficiente para analizar, con la información disponible, la necesidad o no de mantener la totalidad de las medidas adoptadas, o tal vez proceda la revisión o supresión de alguna o algunas de las que en la actualidad se vienen aplicando.

Por ello, desde nuestra Organización se ha enviado una carta al Consejero de Agricultura y Ganadería para que traslade a los Departamentos Ministeriales correspondientes (Agricultura y Sanidad, principalmente), la necesidad de estudiar, con carácter de urgencia, la revisión o supresión, al menos, de las siguientes medidas:

 Supresión de la exigencia documental (certificado veterinario y declaración del titular de la explotación) cuando el destino de los animales bovinos, ovinos y caprinos es el sacrificio, por entender que su aportación no ofrece mayor garantía a los consumidores y, sin embargo, supone un gasto añadido para los ganaderos.

 Respecto a la extracción de los MER, cabe indicar que el colectivo ganadero no puede soportar, por más tiempo, que dicho gasto, se siga imputando, íntegramente, a los productores, para ello se propone que las Administraciones determinen mecanismos legales, con objeto de que, la totalidad o parte de su coste, sea asumido por el resto de operadores y por la cadena alimentaria.

 Revisión de la edad de los bovinos a los que es obligatorio la extracción de los MER, elevándola, al menos, a los 24 meses.

Valladolid, 26 de Julio de 2004.