La Reforma de la Política Agraria Común se nos presenta como algo inevitable y urgente, e incluso rentable para las finanzas de la Unión Europea. Sin embargo, un análisis que abarque los aspectos económico, sanitario, demográfico, medioambiental y jurídico de ésta cuestión arroja un resultado muy distinto de lo que la opinión pública espera.

ANTECEDENTES HISTÓRICOS

La evolución de la economía, el derecho y la sociedad españolas ha ido fuertemente ligada a la de la ganadería y la agricultura, hasta fechas relativamente recientes.
Durante la Reconquista, la organización de los reinos de España a través de las cartas pueblas y los fueros configuró un mapa en el que se condicionó el asentamiento de la población en las tierras recuperadas a los árabes a las prácticas de explotación que auspiciaban las normas así otorgadas. La unión del vasallo a la tierra, con figuras acensuales (censos originariamente enfitéutico, y luego reservativo y consignativo) que distinguían entre el dominio directo que correspondía al señor feudal y el útil propio del pastor y el labrador, se perpetuó a través de las generaciones, llegando en algunos casos hasta nuestros días (artículos 1604 a 1664 del Código civil, o ley de censos catalana de 16 de marzo de 1990, entre otras).

Junto a estos contratos, las aparcerías y los arrendamientos se conjugaron con instituciones del derecho foral que han recogido las normas escritas más recientes, en la legislación autonómica (servidumbres como la corraliza y la comunidad facera de Navarra, y la alera foral aragonesa) y en el derecho castellano (montes vecinales en mano común, figura germánica que recoge la ley de 11 de noviembre de 1980).
Todas estas leyes tienen un denominador común: la explotación de la tierra mediante esquemas jurídicos conocidos, en sus elementos básicos, incluso por la población más humilde, casi siempre analfabeta. Pero resultaron claramente insuficientes, aun reconociendo sus valores sociales y ecológicos, para mantener el sector primario en la Edad Moderna.

Este desfase de la ganadería y la agricultura españolas fue pronto entendido por los autores del siglo XVIII que, como Gaspar Melchor de Jovellanos, abogaron por una liberalización y agilización del tráfico jurídico de la propiedad rústica, huyendo de los excesos en que habían caído instituciones como el Honrado Consejo de la Mesta en perjuicio de una explotación más racional del campo.

Así se llegó al siglo XIX, cuando las dos grandes desamortizaciones (Madoz y Mendizábal) buscaron la modernización del agro español mediante el recurso a la enajenación forzosa de los bienes de las llamadas “manos muertas” (no sólo la Iglesia, sino también los municipios), fórmula en apariencia práctica y efectiva, pero que resultó si no inoperante, al menos sí muy distante de los objetivos de racionalización económica y justicia social que se pretendían.

El Código Civil de 1888 supuso una movilización de las fincas, pero recurriendo a la regulación del derecho sucesorio para evitar la concentración forzosa de la propiedad a lo largo de las generaciones ( p.e., limitación de las sustituciones fideicomisarias al segundo grado, conforme al articulo 781) y eliminando el retracto gentilicio, en la misma línea que marcó la abolición de los señoríos jurisdiccionales a principios de siglo, sometiendo al control público del Estado el régimen de tenencia, explotación y transmisión de la tierra.

El siguiente gran cambio, tras las leyes de 1907 y 1926 que facilitaban el acceso a la propiedad mediante ayudas económicas para la adquisición de predios, lo marcó la Constitución de 1931, concretamente sus artículos 44 a 47, que fomentaban la defensa del patrimonio agrícola y ganadero, el cooperativismo y la renta agraria, pero que por la evolución del régimen en el que se enmarcaba sufrió la radicalización general de su política desde febrero de 1936, lo cual hizo inviable su puesta en práctica, como en los demás sectores de la sociedad y la economía españolas.

Durante el régimen del general Franco, fue el fomento de la avicultura, desde los años cincuenta y sesenta, la vía más expedita para proporcionar un aporte de proteínas a la población, al tiempo que la introducción de las razas foráneas de otras especies ganaderas se acompañaba de la mejora de las autóctonas, destacando, por los resultados obtenidos como raza vacuna de aptitud mixta, la rubia gallega, gracias a la labor de los Doctores Carballal y Rof Codina, y la malagueña y murciano-granadina, en caprino, junto a la churra y la merina en ovino, sin olvidar el mantenimiento y la selección, como singularidad de extraordinaria calidad, del porcino ibérico.

En esta situación de modernización progresiva se encuentra nuestro país cuando el 12 de junio de 1985, tras largos años de negociaciones erizadas de dificultadas, procuradas principalmente por la agricultura que se veía más amenazada (Francia) por la ampliación de la entonces Comunidad Económica Europea, España firma el Tratado de Adhesión, junto a Portugal, asumiendo costes considerables (en ganadería, producción contenida en algunos productos, como la leche, a tenor de la demanda efectiva de nuestro mercado, y en agricultura, entrada de hortalizas procedentes del Magreb, invitadas por aquella ex metrópoli de los países que forman éste, en perjuicio de nuestra producción levantina, por citar dos ejemplos). Aun así, el ingreso era necesario, no sólo por la conveniencia de encarar el futuro en coordinación con los demás países de nuestro entorno, sino también por la solidez que la nueva estructura decisoria daba a la joven democracia española, entonces todavía inestable y poco asentada.

El FEOGA garantía y el FEOGA orientación, con un peso cada vez mayor del segundo, mantenían un sector primario que muy difícilmente hubiera podido soportar la competencia de los terceros países (especialmente los del Tercer Mundo), al ser especialmente intensivo en mano de obra, aún con el desarrollo tecnológico alcanzado en el siglo XX.

Sin embargo, el éxodo del campo a la ciudad, que había comenzado en España antes de la guerra civil, pero que se intensifica de un modo alarmante durante la posguerra, había dejado nuestro medio rural con una población activa de menos del 10% en la fecha del ingreso en la CEE, cifra que ha seguido descendiendo en los años posteriores.

Este fenómeno de despoblamiento rural, que se reprodujo de modo análogo y anticipado en la Europa rica y algo más retrasado en el Sur (Portugal y Grecia), fue pronto advertido por los responsables de la Política Agraria Común, que hicieron especial hincapié en la actualización de las estructuras (reorientación de la producción), buscando el asentamiento demográfico agrario mediante el fomento de explotaciones rentables, al tiempo que se buscaba la supresión de los intermediarios, sobre todo con el cooperativismo, y todo ello con actuaciones respetuosas del medio ambiente, en respuesta a la fuerte demanda social de preservación de los cada vez más reducidos espacios naturales de la Unión Europea.

En este contexto se llega en 2004 a la incorporación de varios países del “Bloque del Este”, junto a otras naciones de menor entidad, que reclamaban auxilios económicos de los demás Estados miembros, a semejanza de lo ya aportado a las regiones menos favorecidas de algunos socios más antiguos de la Unión (como España), pero con una urgencia inaplazable: la crisis económica y el retraso de más de medio siglo, fruto de un sistema político ficticio basado en la prima de la ineficiencia, frente al crecimiento, mucho más equilibrado, de los vecinos del Oeste.

LA REFORMA DE LA P.A.C.

El recorte de los gastos de las instituciones comunitarias, obligadas a hacer frente a varios desequilibrios indeseables en un mercado único, preludio de la unidad política que preconizaran Adenauer, Schuman, de Gaspieri o Madariaga, tuvo su punto crítico en la cumbre de Niza, en diciembre de 2000, cuando los quince deciden revisar la estructura de la Unión, en la línea de integración marcada en 1992 por Maastrich, con un nuevo reparto de poder, ya teniendo en cuenta a los futuros Estados miembros y sus necesidades, a cuyo remedio el mismo espíritu de la Unión les hacía acreedores.

Pronto se pone de manifiesto una voluntad bastante extendida entre los estados menos rurales y más industrializados de interpretar el fenómeno de la llamada globalización, ya impulsada desde los medios de comunicación en cuanto reflejo de la nueva economía, como la apertura de las fronteras a los productos agrícolas y ganaderos de otros países, principalmente del Tercer Mundo, presentando a la ganadería y a la agricultura europeas como las responsables del subdesarrollo de extensas masa de la Humanidad, al tiempo que sus profesionales se enriquecen a costa del erario público, sin otro objetivo que producir prescindiendo de criterio mercantil alguno, conscientes de la ayuda financiera que una PAC atrasada y desquilibrada les garantiza. En dichos medios de comunicación de masas se propaga la idea de un desarrollo de las naciones más pobres, sostenible y al alcance de la Comunidad Internacional, mediante la eliminación de los aranceles aduaneros europeos a las producciones agrarias foráneas, lo cual ha de redundar, sin duda posible (¿habría que decir permisible?) en el aumento de la renta de quienes ahora se mueren de hambre, por culpa de la insolidaridad e ineficiencia de los adinerados ganaderos y agricultores europeos…

Si la realidad es ésta, la reforma de la PAC que conlleva la condicionalidad y la desvinculación de las ayudas respecto de la producción es incluso insuficiente, pues el turismo rural (dicen sus incondicionales) y los aprovechamientos cinegéticos son más que bastante para sustentar un sector cuyos frutos, por otra parte, pueden obtenerse en el exterior siempre a mejor precio y en las mismas condiciones que actualmente.

Sin embargo, un análisis racional y detallado de los hechos y las perspectivas, considerando la situación de la economía y la sociedad con un espíritu verdaderamente global (que no “globalizador”) nos puede llevar a conclusiones muy distintas de las que, hasta la fecha, se han venido ofreciendo en pro del que, permítaseme así calificarlo, puede ser el mayor dislate jurídico, económico, ecológico y social desde que se fundó el Mercado Común, en 1957.

ECONOMÍA

La economía de un país se nutre de las aportaciones de sus propios agentes productivos, radicados dentro de sus fronteras, y de aquello que obtiene en el extranjero, mediante el pago, a menudo en divisas que pueden resultar costosas, de lo que en su proceso de obtención y, en su caso, manufacturación puede generar un valor añadido del que no se beneficiarán las cuentas nacionales.

Entre los diferentes sectores, podemos distinguir los estratégicos (como el energético) de los que no lo son necesariamente, si bien el perfil de la estructura económica de una nación puede llegar a convertirlos en clave para su sostenimiento (como el turístico, de gran peso en la mayor parte de España).

Dentro de los primeros, sin duda ocupan una posición relevante aquéllos que, sin representar un porcentaje muy significativo del PIB (al menos si los comparamos con otros que suman la mayoría absoluta de aquél) desempeñan un papel naturalmente insustituible entre las demandas del ser humano, como los que suministran los medios imprescindibles para satisfacer sus necesidades básicas. Cuestión distinta es que el aumento del nivel de vida de la población, unido al incremento de los transportes hayan abaratado su precio o, mejor dicho, hayan reducido extraordinariamente el porcentaje que representan en el gasto familiar.

El peligro de entender esta situación coyuntural, por prolongada que sea en el tiempo, como algo necesariamente estructural, y asegurado contra todo evento, al distribuir la fuente de alimentos por todo el orbe, radica en que un cambio del panorama lleve a situaciones de dependencia exterior, similares a la que se dio a comienzos de los años setenta del pasado siglo con motivo de la subida del precio del petróleo.

Ciertamente, se podrá argüir que el carácter limitado y restringido geográficamente de las fuentes naturales de energía las diferencia de las de alimentos, susceptibles de implantación en extensas áreas de cualquier país. Y, sin embargo, un análisis de los factores de producción del sector primario permite sostener esta opinión sólo a medio-largo plazo. La formación de personal competente para el desempeño de las técnicas de ganadería y agricultura, tanto las más tradicionales y extensivas, como las más tecnificadas e intensivas requiere una preparación que no se adquiere ni fácil, ni rápidamente. Por otra parte, la aplicación de los descubrimientos científicos, principalmente en el campo de la genética, va precedida de un costoso proceso de obtención que se incrementa lógicamente en lo que de gravoso tiene, en su caso, para el demandante la adquisición de esta tecnología que, como en cualquier mercado, está expuesto a los usos (y abusos, naturalmente) de los agentes del mismo.

Tal vez algún operador del sector sienta la tentación de sopesar los pros y los contras de este nuevo orden económico internacional, centrando su análisis en las ventajas que le puede reportar el abaratamiento de las materias primas que emplea en su actividad. Sin embargo, lo más lógico es que al siguiente escalón del proceso productivo, especialmente en la cadena alimentaria, le toque sufrir la consecuencias de una competencia insoportable que le impida seguir funcionando, arruinando así a sus proveedores, que no tendrán a quién vender. Esto es especialmente patente en el área de la alimentación animal (importador-fabricante de premezclas, productos intermedios medicamentosos y piensos compuestos complementarios-fabricante de piensos compuestos completos-almacenista o distribuidor-granjero) del que depende, por razones obvias, el resto de la ganadería.

Llegado el punto de previsible desmantelamiento de la estructura productiva de la mayor parte del campo español, y de buena parte del europeo, la adquisición de los alimentos y demás productos obtenidos de la ganadería y la agricultura dependerá del precio exigido por las empresas radicadas en los países terceros, cuyas previsibles prácticas colusorias no serán fiscalizables por los tribunales de la UE. Recuperar entonces el sector, tan fácilmente desmantelado con la política de condicionalidad y desvinculación de la productividad, puede resultar, además de costosísimo (y con ello sabrán jugar las empresas que nos exporten a la UE) lento. Y es que la garantía del abastecimiento de lo básico y, ahora, barato, puede pasar a ser una preocupación nacional y comunitaria si se lleva a la práctica una política antieconómica agraria, pues no de otra manera se puede calificar la que premia por igual al que produce racionalmente que a quien se limita a mantener, siquiera simbólicamente, una “explotación” que de tal sólo conserva el nombre, como resulta de la letra y el espíritu del reglamento 1782/2003, sobre condicionalidad. Eso sí, cumpliendo unas premisas escritas (de bienestar animal y ecología) y no escritas (de renta agraria suficiente, pero totalmente ficticia por su carácter de “subvención inversa”) que contrastarán fuertemente con los salarios de hambre y organización atávica de las explotaciones, al menos en lo que atañe al cuidado de los animales y al respeto del medio ambiente, dos piezas clave de la condicionalidad, que se darán en los centros productores de estas mercancías en el Tercer Mundo, cuyas masas famélicas engordarán aún más las cuentas corrientes de sus tiranos y explotadores, con la complicidad de una UE “solidaria y avanzada”.

SALUD PÚBLICA

El término “seguridad alimentaria” se ha acuñado con la amarga experiencia de las sucesivas crisis que el sector ha padecido, como consecuencia de la insuficiencia de los mecanismos preventivos que, hasta hace bien poco, se estimaban adecuados a los riesgos a que se encuentra expuesto el consumidor, mucho más importantes que los otros dos criterios que reitera la legislación en la materia: la sanidad animal y la defensa del medio ambiente.

“Principio de precaución”, “Transparencia”, “Tolerancia cero”, son algunas de las expresiones que recoge la normativa, tanto en su articulado como en los preámbulos, desarrollados a partir de situaciones críticas como la de las “vacas locas” o la de las dioxinas. A ellas debemos los avances en control y prevención, que son posibles gracias a la accesibilidad de los establecimientos y demás centros productores o intermediarios a la actividad inspectora de los órganos competentes, junto al sometimiento de sus responsables a las autoridades administrativas y jurisdiccionales de los Estados miembros de la UE. Así resulta de la legislación vigente, consecuencia de la soberanía nacional, que no se extiende, precisamente por su propia “ratio iuris”, más allá de sus fronteras, donde los tratados internacionales y las comisiones rogatorias producen el efecto que las autoridades extranjeras consienten.

La experiencia presente, volviendo al ejemplo de la alimentación animal, que está en el origen de muchos de los problemas que en la humana pueden surgir, avisa de los riesgos que una intensificación del tráfico de estos productos puede acarrear para la Salud Pública ya que, desgraciadamente con frecuencia, el único instrumento de protección es el cierre aduanero cuando la alerta surge, con el producto ya dentro de las fronteras europeas y, a menudo, no sólo distribuido, sino incluso consumido.

La severidad de los análisis periódicos que se llevan a cabo en el seno del Plan Nacional de Controles, seguido en cada uno de los países miembros de la UE debidamente coordinados, explica que el origen de los peligros, especialmente si consideramos el valor porcentual de lo comercializado procedente de la propia UE respecto a lo de origen foráneo, se halle mucho más fuera de las fronteras de la Unión. Y ello por una circulación más severamente vigilada de la producción propia que de lo importado, debido a una más perfecta trazabilidad o seguimiento completo de la ruta de la mercancía “desde el establo a la mesa”. No es difícil prever la nueva situación que puede plantear la reforma de la Política Agraria Común, también en este campo.

SOCIEDAD

Las consecuencias del éxodo del campo a la ciudad de la mayor parte de la población agraria, a lo largo del siglo pasado son, además de conocidas, sufridas prácticamente a diario por la mayoría de nosotros.

La concentración demográfica urbana genera tales problemas de contaminación, pérdida de horas de trabajo en los atascos, desestructuración social y familiar (con frecuencia los vecinos de un bloque no se conocen entre ellos, a diferencia de los de toda una calle de un pueblo), delincuencia (como consecuencia de lo anterior), y aumento de las enfermedades derivadas del estrés, entre otros males, que las políticas de fijación de la población rural, con un nivel aceptable de renta, en el seno de una economía respetuosa del medio ambiente, y reconociéndole un papel económico de abastecimiento de mercados, con la mayor transparencia posible, ha sido la tónica de los sucesivos pasos dados en la evolución de la PAC incluso, pretendidamente, de este último de 2003, donde la obsesión por el recorte del presupuesto ha hecho olvidar los costes a medio y largo plazo que esta política puede generar.

Y es que las inversiones en infraestructuras realizadas en los últimos años, para conectar a las áreas urbanas las zonas predominantemente rurales de España y de otras naciones que se hallan en condiciones similares en la UE (como Grecia o Portugal), mediante la construcción de autovías, mejora de la red viaria en general, o expansión de los ferrocarriles de alta velocidad, van unidas a esfuerzos de escolarización, desarrollo universitario y de los demás servicios sociales. Todo esto puede quedar prácticamente inservible.

La interdependencia de los agentes económicos de amplias regiones de nuestro país requiere un cuidado atento del equilibrio que permite que la renta de unos mantenga, con la demanda de servicios y productos de otros, el nivel de vida de todos. La eliminación de la mayor parte de los ganaderos y agricultores, autónomos y asalariados, al no poder competir con la llegada de productos del exterior llevará a la ruina rural de comarcas enteras cuyos campos, reducidos a su mínima expresión en productividad, dentro del cumplimiento de las condiciones de explotación cualitativas, que no cuantitativas, que marca la condicionalidad, suprimirá las rentas que ahora las mantienen vivas.

Se pretende presentar el turismo rural y los aprovechamientos cinegéticos como alternativas a las empresas ganaderas y agrícolas actuales, olvidando que la demanda de estos servicios, además de estar fuertemente estacionalizada (fines de semana y vacaciones) tiene un techo cerca del cual nos encontramos.

Aprender de los errores cometidos en naciones que no han sabido cuidar de su medio agrario es fácil: basta sólo con asomarnos a las grandes urbes de países ricos y pobres que, si no los niveles de miseria, sí comparten, aunque en grado desigual, los problemas que se conocen con el nombre, ya de por sí inquietante, de “masificación”.

MEDIO AMBIENTE

La segunda mitad del siglo XX estuvo marcada por una preocupación social muy extendida por la conservación del equilibrio ecológico, fruto de la conciencia de la interdependencia entre el bienestar y la calidad de vida, junto a las cualidades del aire que respiramos, la potabilidad del agua que bebemos y la salubridad de los alimentos que ingerimos.

El papel de las áreas agrícolas y ganaderas, conservando “habitats” singulares, manteniendo extensas superficies verdes y a salvo de la erosión eólica, y posibilitando un equilibrio sostenido entre el hombre y la naturaleza (a falta de algunas correcciones en prácticas indebidamente aplicadas que han sido rectificadas en su mayoría) explica, por citar un ejemplo, el apoyo de diversas instituciones públicas a los montes de explotación comunal en los que sus vecinos y titulares evitan la proliferación de pasto y matorral que puede acelerar la propagación de incendios, con los rebaños de extensivo que allí pacen.

El olivar y la dehesa, figuras milenarias en el sector primario español, merecen los elogios de acérrimos defensores del ecosistema mediterráneo que el hombre ha sabido reconducir para la obtención de los más exquisitos productos de la dieta que recibe este nombre (el aceite de oliva y el cerdo ibérico). Sin embargo, el abandono de otras explotaciones e industrias agrícolas de estas regiones, interdependientes con las anteriores, hará muy difícil la supervivencia del conjunto si la reforma llega a aplicarse, desmembrando algunos elementos esenciales del entramado.

DERECHO

La necesidad de alternativas a esta reforma y sus previsibles, por negativos, efectos obligan a revisar la política fiscal, en la línea que marcara la Ley de modernización de explotaciones agrarias de 4 de julio de 1995, rebajando el tipo aplicable a las cooperativas agrarias y de explotación comunitaria de la tierra, que recoge el artículo 6 de la Ley de 16 de julio de 1999, mediante la reforma de la Ley del impuesto de sociedades. El carácter progresivo que, junto a la justicia y eficiencia en su programación exige la Constitución de 1978 (artículo 31) al sistema tributario español, actuando al mismo tiempo la legislación para delimitar el contenido del derecho de propiedad rústica de acuerdo con su función social (en un sentido expansivo, por lo expuesto más arriba, que asegure su mantenimiento) conforme al artículo 33 de la Carta Magna, dan fundamento básico más que suficiente a esta política.

Además, si se reclama la supresión del impuesto de sucesiones como lógica consecuencia de la prohibición de la doble imposición, en el ámbito rural la exigencia deviene apremiante para la transmisión “mortis causa” de las explotaciones. De modo similar debe actuarse en sede de otros impuestos, estatales, municipales y autonómicos, pues si el papel del agricultor y del ganadero, además de contribuir a los fines ecológicos, demográficos y de estrategia económica básica desarrollados en este ensayo, responde a un esfuerzo racional y útil en el ejercicio de un actividad que ennoblece al hombre, debe concluirse que su marginación y, en la práctica, penalización van contra la razón y la lógica más elementales de una política que pretende servir a la comunidad que la sustenta.

Sustituir unas producciones excedentarias por otras donde la demanda sea todavía superior a la oferta, mientras se controlan las ayudas y se penaliza severamente el fraude que tan mala como injusta imagen ha ofrecido a la sociedad de los profesionales del campo (precisamente los más ajenos a estas prácticas extraviadas y corruptas) depende de un desarrollo normativo que exige esfuerzo, imaginación y realismo, huyendo de planteamientos simplistas que, a la larga, pueden producir daños de difícil y cara reparación.

CONCLUSIÓN
La ampliación de la Unión Europea, además de una consecuencia lógica de su propia teleología, es una responsabilidad principal de los países más ricos del continente hacia los más pobres.

Nadie discute la necesidad de reorientar el presupuesto comunitario, pues la insuficiencia de los medios actuales para afrontar los retos del futuro más inmediato es palmaria y evidente. Pero la misma integración europea carece de sentido sin una política efectiva de transferencia de estructuras administrativas y de gestión que eviten duplicidades de gasto. Buen ejemplo de ello es la creación, por el Reglamento 178/2002, de la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria que asume las funciones de comités científicos responsables de las áreas de alimentación humana y animal, una vez que el proceso de coordinación legislativa va dando paso a la verdadera unificación jurídica, siguiendo los mandatos que la propia UE se ha ido dando en los sucesivos tratados de progresiva integración (Bruselas 1965, Sttutgart 1987, Maastrich 1992, Amsterdam 1997 y Niza 2000, por citar los más importantes).

La paulatina asunción de cometidos por parte del personal de las instituciones comunitarias, debidamente conectados con los Estados miembros a través de los representantes permanentes y sus auxiliares, debe ir reduciendo el desembolso que supone para la UE y para los países que la forman el tráfico de funcionarios entre sus países respectivos y Bruselas.

Éstas y otras medidas deben ser propuestas y explicadas de un modo claro y sencillo a la opinión pública, la gran mayoría de la cual no ha tenido un contacto directo con la realidad de la ganadería y la agricultura, en las dos últimas generaciones, más que ocasionalmente. Sin embargo recibe, de modo sesgado y manipulado, una imagen del profesional del medio rural como un ser indolente, inútil e insolidario al que se achaca la falta de desarrollo del Tercer Mundo y las subidas de impuestos o el encarecimiento de la cesta de la compra. Hacer correr exclusivamente al sector primario con los costes de la justa y urgente erradicación de la pobreza, sin que ésta se base, precisamente, en una industrialización de los países más desfavorecidos, que luego dé paso a la tercerización de su economía (como ha sucedido en el Occidente rico) es, además de un atropello, una manera de distraer la atención del origen verdadero de los desequilibrios económicos actuales: la ausencia de un orden internacional que impida que el capital realice una asignación de los centros productivos buscando sólo las condiciones más rentables, inversamente proporcionales a lo que la dignidad humana demanda.

Lo cierto es que el proceso de desmantelamiento, que no modernización, ni siquiera racionalización, de la ganadería y la agricultura europeas está en marcha. Afortunadamente, las dudas y reticencias a aceptar una solución tan aparentemente simple (como simplista, en el fondo) de los problemas presupuestarios de la UE han retrasado la negociación primero, y el calendario de aplicación del irracional y antieconómico acuerdo después. Todavía hay tiempo de informar a los interesados, que no son sólo los profesionales del sector, y quienes de él viven, sino toda la sociedad, de los riesgos que a medio y largo plazo representa esta nueva política agraria común para todos, sin más beneficiarios, con la misma perspectiva temporal, que unos pocos explotadores de los recursos del Tercer Mundo, cuya población mayoritaria apenas notará cambio alguno en su situación económica y personal.

La labor de manipulación de la opinión pública, impulsada por los escándalos que tanto se han utilizado, muy irresponsablemente, en algunos medios políticos como arma arrojadiza contra el adversario, sólo puede contrarrestarse con razonamientos, datos y una exposición veraz y debidamente fundada del problema, sus orígenes, su verdadero alcance y la trascendencia de la “solución” propuesta y pactada por las autoridades de la UE. A estos responsables puede el electorado exigir explicaciones, si previamente sabe de qué se trata, qué está en juego y cómo le puede llegar a afectar algo que ahora ve borroso, incomprensible y, lo que es peor, ajeno.