La destrucción del campo de investigación en el que había un ensayo de trigo transgénico el pasado sábado 3 en un acto vandálico, no hace sino confirmar el desconocimiento de la sociedad frente a esta tecnología. También pone de manifiesto la falta de respeto de algunos colectivos hacia el trabajo de científicos de organismos públicos que, de manera independiente y rigurosa, pretendemos arrojar luz sobre el tema. El campo en cuestión estaba bajo la más absoluta legalidad. Como se ha publicado estos días, se trata de un experimento llevado a cabo en el marco de un proyecto financiado por la UE en el cual participan científicos de organismos públicos de varios países. Dicho campo obtuvo todos los permisos necesarios, tanto del Departament d´Agricultura de la Generalitat de Catalunya, como de la Comisión Nacional de Bioseguridad quienes, tras un detallado informe, decidieron autorizar la investigación, que se está llevando a cabo bajo un estricto control, aislamiento y vastas medidas de seguridad. El objetivo de dicho campo era comprobar si líneas experimentales de trigo harinero, a las que se ha incorporado un gen de judía, son capaces de aprovechar mejor el nitrógeno que captan del suelo. Si ello fuese así la siembra de estos trigos, de acuerdo a la normativa y protocolo que en su día se estableciesen, permitiría reducir las aportaciones masivas de nitrógeno, que los agricultores se ven forzados a hacer para obtener elevadas producciones, y que constituyen una de las mayores fuentes de contaminación de nuestros acuíferos. De esa forma la producción sería más ecológica, económica y sostenible.

Actualmente existe en la sociedad un gran desconocimiento sobre qué son los cultivos transgénicos y su potencial. En ocasiones incluso se mete en el mismo saco a los cultivos transgénicos y a productos nocivos e ilegales que se utilizan para el engorde de ganado o aditivos promotores de cáncer en las personas. Sin pretender entrar en el debate sobre la conveniencia o no de los cultivos transgénicos, es preciso aclarar que no tienen nada que ver con productos ilegales y nocivos para la salud. Son totalmente legales e investigaciones como la abortada no pretenden sino valorar su utilidad potencial para nuestra agricultura.

Además del ensayo mencionado, los autores de los destrozos devastaron también
dos ensayos de trigo duro, financiados por el Ministerio de Educación y Ciencia español, alejados de los anteriores y que nada tenían que ver con transgénicos. La devastación de todos estos ensayos constituye un delito de destrucción de bienes públicos, cuyo valor estimado excede los 200.000 €, de los que habrá que dar cuenta a la UE y al Ministerio español y por los que alguien debería responder. Además en estos campos realizaban su tesis doctoral dos estudiantes, a los que también se ha perjudicado muy directamente.

No es de recibo que una serie de personas (cuyo crédito está por demostrar) decidan unilateralmente, en qué temas hay que investigar y en cuáles no. Antes de acometer una acción destructiva como la llevada a cabo debieran haberse informado en profundidad, contactando con los responsables del experimento quienes, gustosamente, les habríamos dado todas las explicaciones necesarias. Como organismos públicos que somos, todos los ensayos que llevamos a cabo están al servicio de la sociedad. La información sobre el campo destruido se ha proporcionado a todas las personas que así lo han solicitado, como lo prueban las visitas de grupos españoles y extranjeros que hemos recibido y además figura en diferentes portales de Internet institucionales.

El proyecto Sustain no es sino uno más de los que se llevan a cabo en el Área de Conreus Extensius del Centro UDL-IRTA, donde desde hace años trabajamos en mejora genética, agronomía y experimentación de cereales de invierno. Estamos especialmente interesados en el estudio y evaluación de colecciones de trigos y cebadas autóctonos que, a pesar de no cultivarse en la actualidad, poseen un gran valor genético. Cómo organismos públicos independientes y rigurosos pretendemos contribuir a mejorar la agricultura de nuestro país basándonos en resultados científicos. Reivindicamos nuestro derecho a mantener la investigación pública e independiente en el ámbito de los cultivos transgénicos, a fin de proporcionara! la sociedad datos fidedignos sobre los mismos, que puedan contrastarse con los obtenidos por empresas privadas. Lo que se consigue con actos como la destrucción de campos experimentales es que la investigación se desvíe hacia otros países y empresas privadas, dejando a los organismos públicos europeos fuera del progreso científico en el ámbito de los transgénicos. Con estas actitudes impedimos el desarrollo de una tecnología propia competitiva e independiente, lo cual a la larga se volverá contra nosotros.