Valencia, 4 de junio de 2004. La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) exige a la ministra de Agricultura, Elena Espinosa, coherencia política para no volver a obligar a los arroceros de la Comunidad Valenciana a pagar los “excesos” de otras comunidades autónomas, tras el anuncio de Espinosa de volver a revisar la superficie de cultivo asignada a cada región a finales de año.

La organización agraria le recuerda que fue durante el Gobierno socialista cuando se negoció la Organización Común de Mercado (OCM) del arroz de 1995 y se fijó la Superficie Máxima Garantizada (SMG) para España en 104.973 hectáreas, en función de la realidad productiva y una base histórica de cada comunidad autónoma. Por ello, AVA solicita a Espinosa que estudie la evolución de las superficies arroceras de las diferentes comunidades desde el año 95, para comprobar que la Comunidad Valenciana se ha mantenido constante “en esa foto fija”, mientras que otras no han hecho más que incrementar.

“Lo que no puede ser es que la ministra claudique a las presiones de otras regiones productoras que lo único que han hecho en todos estos años ha sido aumentar exponencialmente su superficie arrocera, con el único propósito de cobrar las ayudas europeas, de las que sacaban buena tajada puesto que la penalización luego la pagábamos entre todos”, manifestó el presidente de AVA, Cristóbal Aguado.

AVA apunta que, con la regionalización y las subsuperficies de arroz asignadas a cada comunidad autónoma, la valenciana ha perdido más de mil hectáreas de superficie, de 15.500 a 14.350 ha. “Preferimos cultivar algo menos que sufrir las penalizaciones, que la campaña pasada alcanzaron casi el 64% de las ayudas”, manifestó Aguado, quien considera que “lo que habría que frenar es el egoísmo de otras regiones que siguen empecinadas en perjudicar a toda España en vez de adaptarse a la normativa europea”.

Los arroceros valencianos, al igual que los catalanes del Delta y los andaluces de Doñana, cultivan mayoritariamente en espacios protegidos, con la imposibilidad de aumentar su superficie de cultivo o cambiar de cosecha. Sin embargo, están obligados a asumir restricciones y prohibiciones por la legislación de estos humedales sin ninguna compensación adicional. “La regionalización de las ayudas era una reivindicación histórica que ponía fin a la injusta discriminación que habíamos sufrido, recompensando, en cierta forma, a los arroceros que cumplimos con Bruselas”, afirmó Aguado, para quien “si la ministra quiere contentar a regiones como Extremadura o Aragón, lo que debería es defender ante la Unión Europea un incremento de la SMG y no fomentar el enfrentamiento entre regiones”.