4 de junio de 2004. ASAJA de Castilla y León ha recibido favorablemente la noticia de que se pospondrá la reforma de la actual regulación comunitaria del azúcar hasta inicios de 2005, aunque hay que advertir que este aplazamiento no implica ningún cambio en la postura que mantiene la Comisión Europea, decidida a promover una reforma drástica y claramente perjudicial para el sector.

Según un informe técnico del Consejo de Ministros de la UE, conocido estos días, la Comisión Europea no reformará la Organización Común de Mercado (OCM) del azúcar antes del 2005. De esta manera será la nueva Comisión quien se encargue de la reforma, propuesta inicialmente para 2004 por el actual comisario de Agricultura, Franz Fischler.

Lo primero que quiere destacar ASAJA es su apoyo a la actual OCM del azúcar, ya que aporta estabilidad tanto a los remolacheros como a todo un entramado social y económico dependiente directa e indirectamente de este sector agrícola que tanta importancia tiene en nuestra comunidad autónoma. No existen, para la OPA, razones que invite a modificar la actual legislación, y mucho menos antes de finalizar su vigencia en el 2006.

En segundo lugar, la organización agraria quiere destacar que este aplazamiento no supone cambio alguno en las propuestas de reforma presentadas en septiembre de 2003, ni en la decisión de reforma. No obstante, está claro que un aplazamiento de la fecha propuesta supondrá que temas tan trascendentes para el sector como el resultado del Panel de Brasil, Australia y Tailandia, las negociaciones de la Organización Mundial de Comercio o las existentes entre la UE y Mercosur se conozcan, lo que propiciará que la reforma se plantee en los términos necesarios para cumplir con acuerdos internacionales ya alcanzados.

Un año después de la reforma de la PAC, en el que la UE ha pasado de 15 a 25 socios y en el que se celebran elecciones no parece el momento más adecuado para sacar adelante una reforma agrícola propuesta por una comisión que cambiará en breve. Por otra parte, ASAJA confía en que este margen de tiempo sirva al recién incorporado equipo del Ministerio de Agricultura para conocer la realidad del sector en España y pueda ejercer una mejor defensa de los intereses de los remolacheros de nuestro país y, así, de los de Castilla y León.