7.Mayo.2004. La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) insiste una vez más en la insostenible situación que están atravesando los ganaderos españoles como consecuencia del espectacular incremento de costes de producción consecuencia del elevadísimo precio de los piensos empleados en la alimentación del ganado.

La escasez de cereales de la pasada campaña ha tenido como consecuencia un incremento más que significativo de las cotizaciones de los cereales, que unido al aumento de precio de la soja, ha producido desde agosto del pasado año incrementos superiores a las 6 de las antiguas pesetas por cada kilo de pienso.

Eso significa un aumento importante de los costes de producción de modo que las cuentas no les salen a los productores, ya que en muchos sectores, el nivel de precios no permite compensar los costes que les cuesta producir en su explotación.

UPA ya insistió en su día al Ministerio de Agricultura para que presionara en Bruselas con el fin de lograr una liberación adecuada de los cereales existentes en intervención. Estos fueron liberándose de manera lenta no resolviendo en absoluto el enorme problema generado.

Ante esta situación, todos los ganaderos, especialmente los de especies intensivas, donde el aporte de pienso es mayor, están atravesando una situación realmente crítica por haberse mantenido y agravado en el tiempo durante los últimos diez meses. Las pérdidas de la ganadería española desde agosto del año pasado hasta mayo de 2004 ascienden a más de 400 millones de euros de los cuales casi 200 millones de euros corresponden al porcino, 128 al vacuno (de leche y carne), 95 millones a las aves de carne y puesta y 2 millones al sector cunícola.

Estas pérdidas se refieren a muchas pequeñas y medianas explotaciones familiares, que están viendo seriamente afectada su viabilidad por el problema referido. Por ello, desde UPA solicitamos al Gobierno español la puesta en marcha de medidas económicas, sociales y sobre todo fiscales paliativas de la situación crítica generada: para los ganaderos acogidos a estimación objetiva, se solicita la reducción de módulos y para aquellos en estimación directa un incremento de los gastos de difícil justificación. El objetivo perseguido es vincular la presión fiscal a la protección social para proteger a las explotaciones de un poder adquisitivo menor.