El Tribunal es del parecer que las cuentas relativas a 2002 de las Comunidades Europeas preparadas por la Comisión reflejan fielmente los ingresos y gastos y la posición financiera de las Comunidades al final del ejercicio, con excepción de algunas deficiencias causadas por debilidades en la concepción del sistema contable. El Tribunal acoge favorablemente el plan de acción para la modernización de dicho sistema aprobado por la Comisión al final de 2002, que se espera que sea plenamente efectivo en 2005. Sin embargo, quizá sea demasiado optimista pensar que la Comisión podrá aplicar a fondo todas las reformas necesarias dentro de este plazo. El Tribunal considera que las operaciones subyacentes a las cuentas son legales y regulares en lo que se refiere a los recursos propios, los compromisos, los gastos administrativos y las ayudas a la preadhesión, aunque los sistemas de control y supervisión deberían mejorarse en este caso.

En el caso de la política agrícola, los pagos estaban afectados por errores significativos, principalmente en los beneficiarios finales. En los catorce Estados miembros que aplicaron satisfactoriamente el Sistema Integrado de Gestión y Control (SIGC), los pagos por cultivos herbáceos constituyen la categoría más baja de riesgo de los gastos de la PAC y están sujetos al sistema de control más eficaz. Sin embargo, los pagos de primas por animales a los agricultores, a pesar de ser objeto de unos controles SIGC satisfactorios, muestran un riesgo de error más elevado debido a los desplazamientos de los animales y a la complejidad de los reglamentos. Las restantes categorías de gastos que no se encuentran sujetas al SIGC se ven expuestas a un riesgo mayor, y los controles son menos eficientes. Estas categorías representan el 42 % de la totalidad de los pagos agrícolas y engloban las subvenciones al aceite de oliva, algodón, tabaco y forrajes desecados, desarrollo rural, medidas de intervención y restituciones por exportación.

En el contexto de las acciones estructurales, se observó una mejora en los sistemas de control y supervisión aplicados por la Comisión. Sin embargo, existen deficiencias persistentes en los sistemas de control aplicados por los Estados miembros, que administran la mayor parte de los fondos. Se detectaron problemas en los sistemas de control normativos que certifican las declaraciones de gastos finales relativas al período 1994-1999, debido principalmente a la introducción tardía del reglamento vigente. Los sistemas que abarcan el período 2000-2006 son más eficaces, sin embargo el Tribunal detectó el mismo tipo de errores que en ejercicios anteriores, en concreto declaraciones de gastos no subvencionables.

Por lo que se refiere a las políticas internas, los pagos todavía se ven afectados por errores significativos. La Comisión emprendió un considerable número de auditorías de proyectos, que permitieron identificar errores como declaraciones excesivas de gastos por parte de los beneficiarios finales. Sin embargo, el seguimiento de las medidas correctoras no fue riguroso y la recuperación de pagos indebidos fue lenta. Los errores en el ámbito de la investigación se deben en gran medida a las normas vigentes que rigen los programas marco de investigación y que precisan, por lo tanto, ser modificadas.

En el ámbito de las ayudas a la preadhesión, los errores identificados no tuvieron unas repercusiones significativas. Sin embargo, a medida que se aproxima la fecha de la adhesión, resultan necesarias otras mejoras de los sistemas de control y supervisión. En lo que respecta a Ispa (acciones estructurales), la Comisión debería mejorar la metodología relativa a sus auditorías; en el caso de Sapard (programa de desarrollo rural), la Comisión tendría que aumentar los controles en los países beneficiarios para verificar que los sistemas funcionan de la forma acordada. La aplicación del programa Sapard siguió siendo lenta, como lo muestra el que una vez transcurridos tres años de funcionamiento sólo el 2 % de los fondos disponibles se habían transferido a los beneficiarios finales.

Respecto de las acciones exteriores, los sistemas de control de la Comisión se consideraron adecuados tanto en los servicios centrales como en las oficinas de la delegación en terceros países. No obstante, persisten los problemas observados en el pasado a escala local y se detectaron errores de regularidad en los organismos responsables de llevar a cabo proyectos de desarrollo. Estos errores conciernen generalmente el incumplimiento de las disposiciones contractuales, especialmente las normas de licitación, la falta de documentación justificativa y la financiación de gastos no subvencionables.

La ejecución de los Fondos Europeos de Desarrollo siguió siendo lenta y el retraso de tres años en la entrada en vigor del acuerdo Cotonú provoca a su vez otras demoras. Una alternativa sería incluir los FED en el presupuesto general de la Comunidad. Las cuentas del FED resultaron fiables y las operaciones subyacentes eran legales y regulares; sin embargo, el Tribunal no puede expresar una opinión sobre el uso dado por los países ACP a la ayuda presupuestaria directa, que se controla conforme a procedimientos nacionales y no de los FED.

La fiscalización del Tribunal no identificó fallos importantes en los sistemas de control o errores significativos que afectaran a la legalidad o regularidad de los gastos administrativos. El Parlamento Europeo ha realizado avances considerables en lo que respecta a la gestión de los gastos de los grupos políticos; sin embargo, es necesario aclarar el estatuto jurídico de estos grupos y mejorar la gestión de los contratos de trabajo.

Al examinar los ingresos comunitarios, el Tribunal comprobó que los recursos IVA y PNB se calculaban correctamente. Sin embargo, la Comisión debería reforzar su control sobre la fiabilidad de los datos comunicados por los Estados miembros. Como en los dos ejercicios anteriores, existía un significativo excedente de ingresos respecto a los gastos, que ascendía a 7 422 millones de euros, frente a 15 014 millones de euros en 2001. El excedente se debió principalmente a una infrautilización de los créditos en las acciones estructurales, ámbito en el que los Estados miembros sobrestimaron sistemáticamente los fondos que se precisaban para la ejecución de los programas. La Comisión debería introducir modificaciones presupuestarias adecuadas antes de que finalice el ejercicio para permitir que los ingresos se ajusten a los gastos.

El Tribunal observa avances considerables en la aplicación por la Comisión de la reforma administrativa. Los informes anuales de actividad y las declaraciones de las Direcciones Generales han mejorado; sin embargo, los directores generales deberían ser más precisos en sus reservas sobre la eficacia de los sistemas de control interno y describir mejor las deficiencias detectadas. A pesar de que se han realizado progresos, las normas de control interno seguían sin aplicarse totalmente al nivel mínimo en todas las Direcciones Generales al final de 2002, pero urge alcanzar este nivel. La aplicación de la reforma en los ámbitos de gastos en los que existe una gestión compartida por la Comisión y las administraciones de los Estados miembros presenta dificultades. Estos ámbitos conciernen a más del 80 % del presupuesto y engloban tanto la política agrícola como las acciones estructurales. Los avances en dichos ámbitos dependen de la consecución de mejoras en los sistemas administrativos y de control establecidos por los Estados miembros. Por último, con el fin de mejorar la transparencia y el seguimiento del proceso de reforma, el Tribunal recomienda a la Comisión que actualice el Libro Blanco de 2000 sobre la reforma administrativa, que revise el calendario y que consolide la lista de cuestiones pendientes.

Desde su último informe anual, el Tribunal de Cuentas Europeo ha aprobado trece informes especiales así como seis dictámenes que abarcan distintos aspectos de las finanzas y gestión de la Unión Europea.

Informe Anual relativo al ejercicio 2002: http://www.eca.eu.int/ES/RA/2002/ra02.htm

Nota informativa del Informe Anual relativo al ejercicio 2002:

http://www.eca.eu.int/es/noteinfo/2002/nira02.pdf

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