Madrid, 14 de junio de 2003. El 19 de noviembre del 2002 la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), junto a otras organizaciones agrarias, firmó un protocolo con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), en el que se acordaba la puesta en marcha de un plan de acción para la evaluación y prevención de los riesgos laborales en el sector agrario (2002-2004).
 
Hasta el momento, El MAPA, no solo no ha mantenido ningún contacto con las organizaciones firmantes, por lo que no se han realizado ninguna de las actividades previstas en el mismo, y por tanto no se ha dado cumplimiento a sus objetivos, sino que a pesar de haberse puesto en marcha un Anteproyecto de Ley de reforma de la normativa de Prevención de Riesgos Laborales, desde el Ministerio no se ha informado a los integrantes del protocolo sobre esta iniciativa normativa, ni se ha producido reunión alguna para tratar esta cuestión.
 
COAG considera esencial aprovechar el debate que se está produciendo en el seno de su organización para elaborar propuestas en beneficio del sector agrario, y por ello, en el Pleno extraordinario del Consejo Económico y Social (CES), celebrado hoy, Eduardo Navarro, en representación de COAG, ha presentado una enmienda para que sea incluida en el Dictamen que este órgano presentará al Anteproyecto de Ley.
Con esta propuesta, COAG pretende, llamar la atención no sólo sobre la importancia de la firma de acuerdos fruto del diálogo social, sino también sobre necesidad de adoptar cuantas mediadas sean precisas para lograr un efectivo cumplimiento de los mismos.
 
Además, considera esencial que por fin se pongan en marcha los instrumentos necesarios para dar origen a una iniciativa normativa de prevención de riesgos laborales adaptada a las particularidades del sector agrario, dada las dificultades reales que existen en la actualidad para aplicar la normativa horizontal a la realidad de este sector debido a las específicas condiciones y medios de trabajo utilizados en el desarrollo de las mismas. Esta exigencia de que se desarrolle una normativa especial para este sector, concuerda con las normas que ya se han desarrollado y aplicado en otros sectores como por ejemplo en la construcción. Desde COAG entendemos que la Administración no puede seguir dando la espalda a un sector que des de hace tiempo viene reclamando un desarrollo normativo específico para la prevención de riesgos laborales.