GASTEIZ. 2-7-2003. El Gobierno Vasco mantiene su valoración global crítica respecto al resultado final de la reforma de la PAC, una reforma que no obstante reconoce la potestad a la hora de seleccionar determinados mecanismos de gestión o aplicación desde la capacidad de decisión regional.
Por eso, ante voces que reclaman una política de Estado que establezca criterios uniformes ante los distintos mecanismos flexibles previstos en el recientemente aprobado marco de la nueva PAC, tanto los ligados a opciones en la aplicación de políticas como los ligados a alternativas de gestión; y ante las posibles intenciones del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación del Gobierno español de pretender imponer, más allá del papel que le otorga este nuevo marco, una determinada opción dentro de estos mecanismos con carácter uniforme para todo el ámbito del Estado, el Departamento de Agricultura y Pesca, (DAP), del Gobierno Vasco, quiere hacer público el siguiente posicionamiento:
1º.- La Comunidad Autónoma de País Vasco, en virtud de su Estatuto de Autonomía, tiene competencias exclusivas en materia agraria dentro de su ámbito de gestión territorial.
2º.- El DAP mantiene su valoración global crítica respecto al resultado final de la reforma de la PAC, si bien reconoce que la potestad a la hora de seleccionar mecanismos de gestión o aplicación desde la capacidad de decisión regional que este nuevo marco introduce, permite un margen de maniobra en la acción política para tratar de minimizar los impactos negativos que ocasione la reforma a nuestro agro. Así por ejemplo en la modalidad de desacoplamiento en vacuno carne, existe la posibilidad de asumir un 10% de los fondos para potenciar determinadas políticas activas.
3º.- Desde el DAP siempre se ha defendido la conveniencia de una política agraria común, pero sin olvidar a la vez, que ésta posibilite marcos subsidiarios de actuación, que dejen márgenes para la aplicación de políticas activas en los distintos ámbitos de gestión regional existentes en la UE.
Ello no debe confundirse deliberadamente, como se viene oyendo, con una apuesta por la renacionalización de la PAC, sino con la necesidad de dar respuestas diferenciadas a realidades agrarias muy diferentes entre sí, como la propia panorámica del agro estatal, donde conviven los más diversos modelos y orientaciones productivas en norte, sur, este u oeste.
4º.- El Ministerio de Agricultura del Gobierno español no debería caer en la incoherencia de defender en el proceso negociador de la reforma posiciones de políticas ligadas a determinadas zonas de aplicación (zonas desfavorecidas, Canarias,…) o de denuncia de las consecuencias que para determinadas zonas podrían tener la aplicación de los mecanismos inicialmente propuestos por la Comisión, como así lo ha mantenido, y dejarse llevar por la tentación de fijar finalmente una política de Estado uniforme que no respete los ámbitos regionales de decisión que el propio Consejo de la UE legitima. Desde el Gobierno Vasco en ningún caso vamos a renunciar a ese derecho subsidiario.
5º.- Asimismo, el Departamento de Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco entiende que en aquellas cuestiones que la PAC otorga el papel decisorio al Estado Miembro, con carácter previo a la asunción por parte del MAPA de una decisión en este sentido, se deberá abordar un debate consultivo y decisorio, con voz y voto de las distintas Comunidades Autónomas en el marco de la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural, en el que, en su caso, se fije una posición consensuada y pactada por todos.
En este sentido, es absolutamente lamentable el anuncio hecho por el ministro Arias Cañete decidiendo por su cuenta y riesgo que en el Estado español la entrada en vigor de la PAC se retrasará hasta el año 2007, sin que se halla producido debate ni consulta alguna para la toma de tan importante decisión. Además no es muy consecuente que una reforma que tanto gusta al señor Cañete, o al menos eso afirma, y que tantos beneficios va a traer según sus palabras a los agricultores del Estado se aplique más tarde que en otros sitios.
6º.- Tampoco entiende el ministro español por qué al Gobierno Vasco, y al sector agrario vasco, no le gusta esta reforma, por lo que se le debe recordar:
Ø La reforma no actúa sobre los injustos desequilibrios existentes en los repartos de los apoyos entre agriculturas, regiones y Estados, todos en detrimento de la agricultura familiar. La modulación aprobada es muy tímida y no actúa como mecanismo progresivo de redistribución de rentas. No se han fijado techos máximos de ayudas por explotación, y el plafón mínimo de exención (5.000 Є) es demasiado bajo, perjudicando de nuevo a las explotaciones familiares.
Ø La introducción de las ayudas desacopladas, aunque lo sean parcialmente, aparte de suponer un riesgo elevado de abandono de la actividad productiva en las zonas más frágiles de la UE (en especial las zonas de montaña como es el 85% de la agricultura de Euskadi) y de que limita el acceso a las ayudas a los jóvenes que se quieran incorporar al sector, hacen menos entendible todavía la PAC para el ciudadano europeo.
Ø Además la concepción filosófica que sustentaba Fischler para defender el desacoplamiento, la posibilidad que brindaba a bordar nuevas alternativas productivas, que en el caso del agro alavés podría tener un cierto sentido, ha quedado totalmente deslegitimada al no permitirse como cultivos alternativos ni los frutales, ni los hortícolas, ni la patata.
6º.- En cualquier caso, el Departamento de Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco manifiesta que en el ámbito de actuación y gestión que permite la PAC, se va a actuar con plena responsabilidad, desde la legitimidad que nos otorga la propia PAC, y siempre desde la atención prioritaria a los intereses de nuestros agricultores.
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