4/4/2013

Nota de ANEO y Oleícola el Tejar

La Asociación Nacional de Empresas de Aceite de Orujo (ANEO) y Oleícola el Tejar, aplauden la iniciativa de la Junta de Andalucía de recurrir ante el Constitucional tres normas estatales que ponen en riesgo el sector de las energías renovables.

La aprobación por parte del gobierno de las normas: Ley 15/2012, el Real Decreto-Ley 2/2013 y el Real Decreto-Ley 29/2012, supusieron un grave daño económico y de seguridad jurídica a las empresas con cogeneración en el secado del orujo de aceituna y de producción de electricidad con biomasa procedente del olivar.

Desde el sector orujero, nunca se ha entendido como se han podido aprobar estas normas que afectan tan gravemente a un sector emergente como son las Energías Renovables combinadas con el Sector Orujero Español y más concretamente el Andaluz donde se concentran el 80% de estas instalaciones. En la pasada campaña 2011/12, las orujeras procesaron un total 6.110.250 tn de alpeorujo, subproducto obtenido durante la producción del 1.600.000 tn de aceite de oliva, y de los cuales 4.000.000 tn de este alpeorujo se procesaron en plantas con cogeneración y plantas de generación de energía eléctrica utilizando como único combustible biomasa del olivar . Plantas que con la aprobación de estas normas se encuentran en riesgo de quiebra económica y consecuentemente todos los puestos de trabajo que estas grandes empresas generan, en torno a 1.500 empleos directos y unos 7.000 indirectos.

La potencia total instalada en el caso del sector orujero, ronda solamente unos 250 MW en cogeneración y unos 150 MW en Biomasa, pero con unas inversiones de 300 millones de euros y entre 350-400 millones de euros respectivamente. Instalaciones que en la mayoría de los casos se encuentran aún en periodo de amortización y que con el cambio normativo peligra su viabilidad.

Por estos motivos entendemos y apoyamos cualquier iniciativa de recurrir estas tres normas, la Ley 15/2012 de medidas fiscales para la sostenibilidad energética; el Real Decreto-Ley 2/2013 de medidas urgentes en el sistema eléctrico y en el sector financiero, y el Real Decreto-Ley 29/2012 de mejora en el sistema especial para empleados de hogar y otras medidas de carácter económico y social (que incluye disposiciones relativas al sector energético). Que al final se traducen en un incremento del gravamen fiscal para las empresas, vía generación de nuevos impuestos, lo que se traduce una carga financiera que llevará a la quiebra, más pronto o más tarde, a las distintas empresas del sector orujero con cogeneración y generación con biomasa.


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