26/11/2012

Nota de COAG

El Área de la Mujer de COAG reclama que las actuaciones contra la violencia de género en el medio rural sean prioritarias en la acción de gobierno

Coincidiendo con el día contra la violencia de género, celebrado ayer 25 de noviembre, el Área de la Mujer de COAG hace un llamamiento al Gobierno y a las Comunidades Autónomas para que consideren prioritarias en su acción de gobierno las actuaciones contra la violencia de género en el medio rural.

Los Presupuestos Generales del Estado acumulan desde 2011 una reducción del 26,89% en actuaciones contra la violencia, a lo que se suma la ausencia de políticas generales que introduzcan la perspectiva de género en sus planes. Si a esto añadimos la falta de oportunidades laborales para las mujeres rurales como consecuencia de la crisis y los recortes en inversiones públicas ligadas a servicios sociales, donde gran parte de los trabajos eran desempeñados por mano de obra femenina, nos encontramos con un retroceso en el perfil de la mujer en las zonas rurales, abocada a la falta de independencia económica y de decisión personal propia de otros tiempos. “Las mujeres estamos volviendo a cubrir esa ausencia de servicios sociales públicos en los pueblos. Volvemos al trabajo no remunerado e invisible en el hogar que nos impide avanzar en igualdad de condiciones y derechos”, ha alertado la responsable del Área de la Mujer de COAG, Inmaculada Idáñez.

“Desde nuestras organizaciones continuaremos sensibilizando a la población rural con charlas e información que nos permita detectar dónde se encuentra la violencia e intentando cubrir la información para las víctimas ya que en el medio rural nos encontramos con una difícil situación por la dispersión de los puntos de atención y falta de coordinación entre ellos que, en muchos casos, hacen que las mujeres no denuncien o abandonen su lucha por salir de la espiral violenta”, ha apuntado Idáñez.
Recordar que hay numerosas formas de violencia: la física (desde las agresiones a la muerte) o psicológica, sexual (desde el acoso hasta la mutilación genital), moral, económica, discriminación social, educativa o laboral, abusos, tratos degradantes o inseguros, imposición de costumbres, privación de libertad y/o limitación de la libertad de movimientos, limitación en el desarrollo personal o intelectual, en resumen, todo aquello que viole los derechos inalienables de la persona Es obligación de los poderes públicos condenar estas formas de violencia, prevenir, investigar y castigar su comisión. Es obligación de la ciudadanía exigir a los poderes públicos que cumplan esta obligación, comenzando por aquellas violencias de género que emanan directamente del Estado.


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