23/12/2011

La Ley de Desarrollo Rural cumple cuatro años sin arrancar

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Cuatro años después de la publicación de la Ley 45/2007 para el desarrollo sostenible del medio rural se han ido desinflando las expectativas que desde el Ministerio se generaron: todavía no se ha empezado a aplicar en serio (no han llegado ni euros ni otros apoyos a las zonas rurales, salvo los pequeños proyectos piloto de 2008-2009), y surgen incluso dudas sobre su continuidad.

 

Desde el principio se incumplieron todos los plazos previstos en el texto de la Ley, demorándose el Programa nacional que debería enmarcar las actuaciones autonómicas hasta mediados de 2010 (se publicó en el BOE de 11 de junio de 2010). Después, cuando a primeros de 2011 las primeras CC.AA. que elaboraron sus Planes de Zona quisieron empezar a aplicarlos, una vez terminados los trabajos necesarios, el Ministerio bloqueó su aportación financiera apelando a la normativa de control del déficit presupuestario. Más tarde, aunque a mediados de 2011 se incorporaron otras CC.AA. que en principio no tenían problemas de déficit, la lentitud de los trámites y el adelanto de las elecciones condujo a que tampoco se materializase la aportación financiera del Ministerio.

 

El resultado es que las previsiones de gasto iniciales han venido menguando hasta quedar reducidas a cero en 2010 y 2011, habiendo quedado circunscrito el gasto real a los programas piloto de 2008 y 2009, que en realidad, a pesar de su nombre, fueron una transferencia ordinaria de fondos del Estado para que las Comunidades Autónomas que los aplicaron financiaran diversas obras y actuaciones en las zonas rurales, con unos importes muy limitados:

 

Financiación estatal de la Ley 45/2007 (millones de euros)

 

2008

2009

2010

2011

Previsión inicial 2007*

500

500

500

500

Previsión revisada 2009**

200

230

260

300

Previsiones aprobadas en 2010***

 

 

181

181

Gasto real

40

96

0

0

*   Memoria económica presentada por el Gobierno en la tramitación del proyecto de Ley (abril 2007)

** Texto del PDRS sometido a información pública (octubre 2009)

 

 

***Texto definitivo del PDRS (junio 2010)

 

 

 

 

 

En el futuro de la Ley va a influir mucho la situación presupuestaria. Encajar en los Presupuestos de 2012 una dotación significativa para la Ley (aunque no fueran los 500 millones de la previsión inicial) debería hacerse a costa de otras políticas y medidas, como ya se hizo para dotar los fondos asignados (pero no gastados) en 2010 y 2011. Y en ese momento entraría en juego el debate sobre prioridades.

 

Desde el punto de vista político (y sin olvidar que en su momento el Partido Popular votó en contra del texto actual de la Ley, criticando diversos aspectos que se comprometió a mejorar en el futuro) parece evidente que muchas CC.AA. (o al menos sus Consejeros de Agricultura) van a intentar que se aplique la Ley, por lo que supone de ingresos por parte del Estado, aunque si se siguen produciendo tantas demoras y rigideces en los trámites este incentivo presupuestario puede acabar anulándose, sobre todo si los importes en juego no crecen significativamente. A este respecto es significativo que, en un llamativo quiebro jurídico-presupuestario, el Programa nacional haya tratado de incorporar al País Vasco y a Navarra a la financiación estatal de la Ley, ofreciéndoles el generoso estímulo de fondos del Ministerio a pesar de su regímen foral, mediante el artificio de asignar a estas dos CC.AA. el 60% de las obras de interés general del Estado, con lo que las dos regiones triplican o cuadruplican los fondos de interés general de Castilla y León o Andalucía, lo que no parece concordar con las respectivas necesidades objetivas del medio rural de estas regiones.

 

También puede jugar en contra de la Ley el debate actual sobre la necesidad de evitar duplicidades y solapamientos administrativos, porque ya existen otros instrumentos como los Programas regionales de Desarrollo Rural que cofinancia la UE (que además movilizan muchos más fondos del Ministerio que los previstos por la Ley con una tramitación más sencilla), o dentro de estos los programas comarcales Leader, además de diversas y numerosas iniciativas de todo tipo en las diferentes CC.AA. Parece dudoso el valor añadido que representa crear un entramado nuevo para hacer lo mismo, y más si no hay ninguna garantía de que al final todo el trabajo no conduzca a que lleguen fondos adicionales al medio rural.


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