13/12/2011

Sigue la polémica sobre la financiación del programa Leader en Asturias

El enfrentamiento entre el Gobierno de Asturias y la Red regional de grupos Leader, presidida por el alcalde de Cudillero, ha adquirido tintes de sainete al pretender este último que la Unión Europea le apoya en sus pretensiones, si hacemos caso al comunicado de prensa que difundió en días pasados. No hace falta decir que la Comisión Europea tiene cosas más importantes que hacer que terciar en un debate de este tipo, y sobre todo nunca entraría a opinar sobre las cantidades que los presupuestos regionales deben destinar a una determinada medida, y menos en estos tiempos. Lo que ha ocurrido es que se ha dado vuelta a una carta de la responsable de la unidad que gestiona los PDRs españoles, retorciéndola para intentar que dijera lo que no dice. El episodio ha sentado mal en Bruselas, dónde no están acostumbrados a este tipo de enredos.

De la conocida preocupación de los servicios de la Comisión Europea por el bajo grado de ejecución de los programas Leader (en Asturias y en general en todas las regiones y países) se pretende extraer, en una pirueta imposible de seguir, un apoyo a los dos grupos asturianos a los que la Consejería ha advertido de que su ritmo de asunción de compromisos de gasto no tenía en cuenta la realidad presupuestaria.

Y de un simple recordatorio en la mencionada carta acerca de lo que los reglamentos comunitarios establecen sobre la consulta al comité de seguimiento del PDR (en el que participan los diferentes agentes económicos y sociales), se quiere deducir un inexistente derecho de veto, que pondría en manos del alcalde de Cudillero (representante de los grupos en el Comité) ni más ni menos que la capacidad de bloquear cualquier cambio en el Programa.

Lo cierto es que, respetando escrupulosamente los reglamentos comunitarios, la Consejería podría, en lugar de mantener como pretende la dotación global de fondos destinada a los Leader (100 millones de euros, la más alta en términos relativos de España), reducirla hasta ajustarla estrictamente a los mínimos (5% del FEADER total, y 80% de financiación comunitaria), como han hecho la mayoría de los países europeos, lo que dejaría a los Grupos con menos de una quinta parte de los fondos, apenas unos 19 millones de euros.

El problema de fondo es la capacidad del presupuesto regional para financiar este programa de desarrollo comarcal. Descartada por imposible la cifra prevista en los convenios de 2008, que se elevaba a 40 millones de euros en 2012 (de un presupuesto total de 200 millones para toda la Consejería), el Gobierno de Asturias ha propuesto retomar las ideas del ejecutivo anterior, manteniendo en los próximos años la dotación de este año 2011, un poco superior a los 10 millones de euros. Este compromiso de estabilidad plurianual, que hay que valorar en el contexto generalizado de recortes presupuestarios, alargaría hasta 2018 la gestión de los convenios. Este calendario es más largo del previsto inicialmente, pero tampoco se aleja mucho de lo habitual en estos programas, debiendo recordarse que los programas Proder 2000-2006 se terminaron de pagar en 2010, y que todavía no se ha recibido de Bruselas el pago final de los programas Leader 2000-2006. Lógicamente, los Grupos Leader quieren que se les entreguen lo antes posible los fondos, no sólo para dar con ellos subvenciones a proyectos productivos, sino también para asegurarse el mantenimiento de su personal y para financiar iniciativas de los propios Ayuntamientos, especialmente necesitados en estos tiempos. Y como los Grupos y las entidades que los forman no aportan nada a la financiación del programa Leader, sino que sólo son intermediarios que gastan recursos ajenos, la aportación del Gobierno de Asturias les resulta vital.


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