6/7/2011

Nota de APPA

APPA: Zapatero cede al chantaje argentino al mantener paralizada la aprobación de la Orden contra las importaciones desleales de biodiésel

La resistencia de la industria española de biodiésel se ha agotado, después de más de cuatro años sufriendo la competencia desleal del biodiésel importado sin que el Gobierno haya aprobado medidas eficaces para impedirlo. La gota que ha hecho colmar la paciencia del sector ha sido la decisión de José Luis Rodríguez Zapatero, de paralizar la aprobación final de la Orden de asignación de cantidades de biodiésel, cediendo al intolerable chantaje del Gobierno argentino, que amenaza con adoptar represalias contra los intereses de empresas españolas. “Que Argentina se atreva a amenazar al Gobierno español es indignante”, asegura Alfonso Ausín, Presidente de APPA Biocarburantes, “pero aún lo es más que el Presidente Zapatero mantenga bloqueada una norma impulsada por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y que ha superado satisfactoriamente todos los trámites requeridos. Zapatero tendrá que explicar a la opinión pública por qué mantiene paralizada la aprobación de esta Orden, condenando a muerte al sector del biodiésel en España”.

La inmediata entrada en vigor de esta Orden es absolutamente imprescindible para evitar el cierre definitivo de un sector que tiene ya completamente parado el 85% de su capacidad total instalada (4,3 millones de toneladas), con 34 de las 49 plantas detenidas y la mayor parte de las restantes funcionando al ralentí.

La industria española de biodiésel ha invertido cerca de 1.400 millones de € y creado más de seis mil puestos de trabajo (directos e indirectos) en los últimos años. La grave crisis del sector, generada por las prácticas comerciales desleales –primero de Estados Unidos y ahora de Argentina e Indonesia–, ha provocado en los últimos cuatro años la pérdida de casi 3.000 puestos de trabajo directos, así como una merma acumulada de facturación para el sector de 1.800 millones de €.

La aprobación de la Orden permitiría no sólo salvar los 1.000 puestos de trabajo directos actualmente existentes, sino recuperar de forma rápida los niveles anteriores de empleo, estando en juego un mercado en España de más de 7.000 millones de € en los próximos cuatro años.


Chantaje y argumentos falaces

Con el fin de intentar frenar la aprobación de esta Orden Ministerial, el Gobierno y las empresas argentinas de biodiésel vienen también difundiendo diversas ideas falsas, que APPA Biocarburantes procede a analizar y rebatir en el anexo de este nota. Las principales conclusiones de este análisis son las siguientes:

- La grave crisis del sector del biodiésel en España tiene como causa principal la aplicación de tasas diferenciales a la exportación (TDE) por parte de países como Argentina e Indonesia. La utilización de este mecanismo fiscal desleal ha permitido a estos dos países hacerse ya con el 60% del mercado español de biodiésel.


- El sistema de asignación de cantidades de biodiésel previsto en la Orden Ministerial es perfectamente legal y compatible con la legislación comunitaria. Argentina critica en España una política de biocarburantes que aplica en su propio país.


- El MITyC ha venido gestando y tramitando esta Orden desde hace año y medio con el fin de apoyar la sostenibilidad económica del sector del biodiésel en España, sin que este proyecto tenga ninguna connotación electoral.


ANEXO - ARGUMENTARIO

- La actual crisis del sector del biodiésel no tiene como causa principal la amplia capacidad instalada en España sino la aplicación de tasas diferenciales a la exportación (TDE) por parte de países como Argentina e Indonesia.

No es cierto, como pretenden los argentinos, que la crisis del sector del biodiésel en España tenga como causa principal la amplia capacidad productiva instalada en nuestro país, dado que si así fuera la parálisis sólo afectaría a una parte del sector, cuando la realidad es que se ha ido extendiendo a toda la industria, hasta afectar incluso a las plantas de mayor tamaño y eficiencia logística.

Lo que coloca a la industria argentina e indonesia de biodiésel en una posición de ventaja competitiva desleal en España –cuantificada en unos 100 €/t, según los cálculos realizados por APPA Biocarburantes a principios de año– es simple y llanamente la aplicación de un mecanismo de tasas diferenciales a la exportación (TDE), mediante el que, en el caso argentino, el Estado grava la exportación de aceite de soja con una tasa del 32% mientras que el biodiésel producido en Argentina con dicha materia prima sólo soporta una tarifa bruta del 20%.

El hecho de que el mercado español de biodiésel haya sido hasta ahora uno de los más abiertos del mundo lo ha hecho blanco fácil de las importaciones desleales. Así, los datos oficiales de Aduanas señalan que más de tres cuartas partes de las importaciones de biodiésel puro en 2010, que totalizaron 825.000 t, provinieron directamente de Argentina (53%) e Indonesia (24%).

El peso de las importaciones de estos dos países ha seguido incrementándose en el primer trimestre de 2011, hasta superar entre ambos el 93% del total de las mismas (238.000 t), lo que ha permitido a sus importaciones hacerse en este mismo período con casi el 60% del mercado español de biodiésel –Argentina (50%) e Indonesia (10%)–, frente al 47% conjunto alcanzado en 2010.

Su posición de creciente dominio en el mercado español de biodiésel es consecuencia, por tanto, de la aplicación de un sistema de tasas diferenciales a la exportación y no, como pretenden falazmente, de su mayor competitividad global frente a la industria española.


- El sistema de asignación de cantidades de biodiésel es perfectamente legal y compatible con la legislación comunitaria.

La nueva normativa prevista en España establece que para el cumplimiento de la obligación de biocarburantes en España sólo podrá utilizarse biodiésel fabricado en plantas comunitarias previamente designadas por el Estado español. La legalidad de este mecanismo ha sido repetidamente confirmada en los últimos años por la Comisión Europea en relación a sistemas similares de asignación de cantidades de biodiésel aplicados en países como Francia, Portugal, Bélgica, Italia o Grecia.


- Argentina defiende en España una política de biocarburantes que contradice la que aplica en su propio país

Resulta cuando menos sorprendente e incoherente que la industria argentina critique la aplicación de este tipo de medidas en España cuando en Argentina sólo el biodiésel de fabricación nacional se puede utilizar para el cumplimiento de la obligación de mezcla allí vigente, garantizándose además un precio de referencia por parte del Gobierno. Contradice totalmente el principio de reciprocidad predicar para otro país una política que no se sigue en el propio.

El hecho de que la industria argentina de biodiésel mantenga cautivo su mercado nacional supone que la aprobación de la Orden de asignación en España no amenazaría realmente su propia supervivencia, tal como han reconocido públicamente sus representantes, que prevén adicionalmente que el sector argentino “podrá en pocos meses recomponer su estructura comercial con otros mercados”. La supervivencia de la industria española de biodiésel sí depende totalmente de la entrada en vigor de esta normativa. Si la Orden no se aprueba, el sector desaparecerá irremisiblemente.


- La Orden no es fruto de ninguna dinámica electoral en España ya que el Ministerio la ha venido gestando desde hace año y medio con el fin de apoyar la sostenibilidad económica del sector del biodiésel en España

El proyecto de Orden fue empezado a preparar por parte del MITyC hace ahora año y medio con el fin de “evitar las importaciones desleales de biocarburantes, apoyar la sostenibilidad económica del sector e impulsar la producción de las plantas españolas”, según recoge la nota de prensa emitida por el propio Ministerio con motivo de la presentación oficial del proyecto a finales de octubre de 2010.

En los más de ocho meses transcurridos desde su presentación pública, el proyecto ha ido superando satisfactoriamente las diferentes fases de una tramitación administrativa lenta y tortuosa, incluyendo la obtención de sendos informes favorables de la CNE y del Consejo de Estado. Su entrada en vigor, previa publicación en el Boletín Oficial del Estado, sólo está pendiente ya de la firma del Ministro de Industria, Turismo y Comercio, sin que sea necesario ningún trámite adicional.

Esta normativa no nace, por tanto, como pretenden los argentinos, al calor de ningún proceso electoral sino como legítima reacción regulatoria ante las graves consecuencias derivadas de las políticas comerciales expansionistas adoptadas por diversos países en base a mecanismos ilegales (Estados Unidos) o desleales (Argentina e Indonesia).

En cambio, el chantaje argentino sí parece que guarda relación con las próximas elecciones presidenciales argentinas, previstas para el próximo 23 de octubre, ya que los representantes de este país han solicitado que la aprobación de la Orden se retrase hasta pasada dicha cita electoral. APPA Biocarburantes considera dicha solicitud como una maniobra dilatoria inaceptable, ya que la situación crítica del sector en España no admite demorar más la aprobación de una Orden cuya gestación y tramitación lleva ya acumulado mucho retraso.


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