4/5/2011

Nota del Principado de Asturias

Preconvocatoria en Asturias de las ayudas de la Ley de Desarrollo Sostenible de Medio Rural cuyo importe asciende a más de 8 millones de euro

El Consejero de Medio Rural y Pesca de Asturias, Aurelio Martín, anunció ayer la realización de una preconvocatoria de ayudas para proyectos de desarrollo rural en aplicación de los planes de zona del Oriente y del Occidente de Asturias. Los fondos estatales disponibles para las mismas ascienden a más de 8 millones de euros al año y podrán destinarse a un abanico muy amplio de actuaciones. Por otro lado, los proyectos se realizarán con participación de todas las Consejerías del Gobierno de Asturias y está previsto un plazo de un mes para la presentación de las solicitudes previas a partir de la publicación de la Resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA), que se realizará el próximo miércoles.

Martín calificó esta decisión de “paso importante” para la aplicación en Asturias de la Ley nacional 45/2007 sobre Desarrollo Sostenible del Medio Rural. Así, señaló que desde la aprobación de esta Ley a finales de 2007 se ha venido trabajando para que sus objetivos de desarrollo económico, mejora de la calidad de vida y conservación del patrimonio natural y cultural empezasen a aplicarse de forma concreta en las zonas rurales asturianas.

El Consejero enunció los distintos trámites realizados desde 2007 para la aplicación de la Ley en Asturias y destacó, entre ellos, la aprobación en mayo de 2009 de un Programa Piloto para Asturias con 5,5 millones de euros de fondos estatales. Asimismo, recordó que, en junio de 2010, el Consejo de Ministros aprobó el Programa nacional de Desarrollo Sostenible en el que se consolidó un criterio de reparto de fondos que concedía a Asturias el 4,4% de los mismos.

Por último, en el primer trimestre de 2011 los Planes de Zona de Asturias fueron informados por los dos órganos nacionales competentes -Mesa de Asociaciones y Consejo para el Medio Rural-. Martín subrayó que Asturias, Aragón y Navarra, fueron las tres primeras comunidades autónomas en culminar el proceso de elaboración de sus Planes de Zona Rural.

En la actualidad y, una vez que los dos Planes de Zona del Oriente y del Occidente de Asturias están listos para su aplicación, el siguiente paso es la firma de un convenio bilateral entre la Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma, que permitirá la liberación de los fondos estatales de la primera anualidad, con un importe de 8,2 millones de euros.

En este sentido, Martín explicó que estos trámites, en los que intervienen diferentes órganos tanto de la Administración General del Estado como de la asturiana, pueden demorarse todavía un cierto tiempo, por lo que “hemos recurrido a la fórmula de la preconvocatoria para agilizar los plazos”.

Con esta fórmula, indicó, los promotores de proyectos de desarrollo rural podrán realizar solicitudes previas que permitirán en su momento a la Consejería la realización de diversos trámites (acta de comprobación de no inicio de las inversiones, controles administrativos, etc.) que permitirán agilizar la puesta en marcha. Esta fórmula ya se utilizó en 2008 en los programas LEADER, que se encontraban entonces en una fase de arranque, similar a la que ahora tienen los Planes de Zona de Desarrollo Rural. Una vez se firme el convenio entre la Administración estatal y la autonómica, se procederá a publicar la convocatoria definitiva.

El Consejero hizo hincapié en el hecho de que la gestión de los Planes de Zona se realice a través de una convocatoria de subvenciones en concurrencia competitiva, a la que podrán presentarse todo tipo de entidades y personas y aseguró en este sentido que “nos parece el procedimiento, no sólo más transparente, sino también más eficaz para captar las necesidades y las iniciativas de la población rural”. Así, recordó que existen otras opciones como destinar los fondos a inversiones públicas del propio Gobierno de Asturias, o a convenios directos dirigidos a determinadas entidades, “pero pensamos que la fórmula elegida responde mejor a los principios de participación, transparencia, gobernanza y enfoque ascendente que inspiran la Ley de Desarrollo Rural”.

Los fondos estatales disponibles suman algo más de 8 millones de euros al año y podrán destinarse a un abanico muy amplio de actuaciones, agrupadas en cuatro ejes (actividad económica y empleo, infraestructuras y equipamientos básicos, servicios y bienestar social, y medio ambiente) y que incorporan 22 categorías de actuaciones.

Martín matizó que la selección de los proyectos se realizará con participación de todas las Consejerías del Gobierno de Asturias y mediante un baremo que incluye la valoración de aspectos tales como la generación de empleo, la incidencia en colectivos con dificultades especiales, la valorización de recursos locales infrautilizados, la cooperación entre agentes económicos y sociales, la localización geográfica en zonas desfavorecidas, la atención a carencias en servicios básicos, el carácter innovador y trasferible del proyecto, etc.

Por último, explicó que está previsto un plazo de un mes para la presentación de estas solicitudes previas desde la publicación de la Resolución en el BOPA, que está prevista para el próximo miércoles. Posteriormente, con la convocatoria definitiva, habrá la posibilidad de otro plazo adicional. “Con este procedimiento de gestión lo que tratamos es de que 2011 sea de manera efectiva el año en que los recursos presupuestarios adicionales procedentes de la puesta en marcha de la Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural lleguen a los ciudadanos de las zonas rurales de Asturias”, sentenció el Consejero de Medio Rural y Pesca.


Fondos adicionales

Por otra parte, el Consejero subrayó que de forma adicional a los fondos de la Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, y tras negociar la Consejería de Medio Rural y Pesca con el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, se consiguió una dotación especial de 10 millones de euros para actuaciones complementarias de desarrollo rural en Asturias, con una consignación específica en los Presupuestos Generales del Estado. De este mecanismo específico solo se han beneficiado otras tres Comunidades Autónomas (Galicia, Cataluña y Extremadura) además del Principado.



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