1/3/2011

Nota de APPA

El aumento de la obligación de biocarburantes es positivo pero no reducirá la dependencia energética si el Gobierno no frena las importaciones desleales de biodiésel, según APPA

El aumento de la obligación de biocarburantes de 2011 desde el 5,9% hasta el 7%, aprobado el pasado viernes por el Consejo de Ministros, es una medida positiva pero que resulta inútil para disminuir la dependencia energética del exterior si el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (MITyC) no muestra la misma decisión política para aprobar de inmediato el proyecto de Orden contra las importaciones desleales de biodiésel, que el propio Ministerio presentó a finales de octubre de 2010, lo que permitiría a las plantas españolas poder producir y competir en el mercado. “Sería absurdo que el Gobierno quisiera reducir la dependencia energética del país sustituyendo sólo importaciones de petróleo por importaciones de biocarburantes”, señala Roderic Miralles, Presidente de APPA Biocarburantes. La casi totalidad de las plantas de biodiésel en España están actualmente paradas y abocadas al cierre por culpa de las citadas importaciones desleales procedentes de Argentina e Indonesia. De no aprobarse la citada Orden Ministerial, serían estos dos países los únicos beneficiados de las cerca de 400.000 toneladas adicionales de biodiésel que exigiría el cumplimiento de la nueva obligación. Mientras tanto, se dejaría morir una industria medioambiental innovadora que ha invertido 1.400 millones de euros y creado más de 6.000 puestos de trabajo de alta cualificación”,

Tras varios años reclamando al Gobierno la adopción de medidas internas, en la línea de las adoptadas por países como Francia, Bélgica, Portugal o Grecia, que impidan la competencia desleal del biodiésel importado y aseguren la supervivencia de la industria nacional de biocarburantes, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (MITyC) decidió a mediados de 2010 pasar por fin a la acción, impulsando el citado proyecto de Orden Ministerial con el fin, según su exposición de motivos, “de contribuir a la seguridad de abastecimiento energético, acrecentar la independencia energética y reducir el coste de las importaciones de petróleo”.

Aunque el proyecto fue informado favorablemente por la Comisión Nacional de Energía (CNE) a finales del pasado mes de diciembre, el nuevo Secretario de Estado de Energía, Fabricio Hernández, mantiene paralizada su tramitación desde su llegada al cargo hace dos meses, incumpliendo así el compromiso adquirido por el Ministerio de ultimar su aprobación por el procedimiento de urgencia, lo que habría permitido que la Orden estuviera ya en vigor.

“En un contexto de crisis energética como el actual, no se puede entender que siga bloqueada una Orden Ministerial que busca reducir la dependencia energética del país y que ya ha sido informada positivamente por la CNE”, afirma Roderic Miralles.


Importaciones desleales y tasas diferenciales a la exportación

El mercado español de biodiésel lleva ya más de cuatro años dominado básicamente por importaciones desleales, lo que viene provocando cuantiosas pérdidas a los fabricantes españoles desde el momento mismo de la inauguración de las plantas.

Los últimos datos oficiales de Aduanas señalan que en 2010 se importaron en España cerca de 825.000 t de biodiésel, lo que supone alrededor del 61% de todo el consumo nacional en ese mismo período, habiendo llegado las importaciones incluso al 80% en el tercer trimestre del pasado año.

Más de tres cuartas partes de de las importaciones acumuladas el año pasado han provenido de Argentina e Indonesia. La avalancha de biodiésel procedente de estos dos países tiene su origen en el sistema de tasas diferenciales a la exportación (TDE) que ambos aplican.

Así, el Gobierno argentino viene gravando desde hace varios años la exportación de aceite de soja con una tasa del 32% mientras que el biodiésel producido con dicha materia prima sólo soporta una tarifa bruta del 20%. Por su parte, el gobierno indonesio grava actualmente la exportación de aceite de palma con una tasa del 25%, mientras que el biodiésel producido con dicho aceite sólo sufre una imposición del 10%.

Este mecanismo fiscal les sitúa en una posición de ventaja competitiva desleal respecto a los productores del resto del mundo, permitiéndoles incluso llegar en ocasiones a exportar biodiésel a un precio inferior al de venta en el resto de países de las materias primas que ellos utilizan.

“Nunca hemos pedido al Gobierno medidas proteccionistas, sino simplemente que no se permita la competencia desleal en el mercado español. Los gobiernos de otros países europeos lo entendieron hace años, pero aquí parece que priman otros intereses”, afirma Roderic Miralles.


Proyecto de Orden de asignación de cantidades de producción de biodiésel

El pasado 22 de octubre de 2010, el MITyC anunció públicamente el envío a la Comisión Nacional de Energía (CNE) de un proyecto de Orden Ministerial destinado, según la nota de prensa emitida por el propio el Ministerio, a “evitar las importaciones desleales de biocarburantes, apoyar la sostenibilidad económica del sector e impulsar la producción de las plantas españolas”.

Estos objetivos se conseguirían mediante la puesta en marcha de un mecanismo de asignación de cantidades de producción de biodiésel a fábricas comunitarias “similar al existente en otros países europeos”. Mediante este sistema, que estaría vigente durante dos años, prorrogable a otros dos más, el Ministerio asignaría hasta 5 millones de toneladas de producción de biodiésel a aquellas plantas comunitarias que presentaran su solicitud. Sólo el biocarburante producido en estas fábricas podría ser utilizado para cumplir las obligaciones de biocarburantes en España.

En comparación con los sistemas de asignación vigentes en otros países europeos, el mecanismo propuesto compagina adecuadamente la lucha contra las importaciones desleales y la competencia en el mercado español, objetivo que queda asegurado desde el momento en que la cantidad total a asignar (5 millones de toneladas) es más del triple que la demanda de biodiésel existente en España en 2010 (1,3 millones de toneladas).


Valoración del nuevo objetivo de biocarburantes para 2011 (7%)

APPA Biocarburantes se congratula de que el nuevo objetivo de biocarburantes fijado para 2011 –7% en términos energéticos sobre el conjunto de gasolinas y gasóleos de automoción– coincida exactamente con el que venía reclamando el sector desde hace varios años, en cumplimiento de lo previsto expresamente tanto en la exposición de motivos de la Orden ITC/2877/2008, de 9 de octubre, como en el Plan de Ahorro y Eficiencia Energética 2008-2011, aprobado por el Consejo de Ministros el 1 de agosto de 2008.

APPA Biocarburantes espera que esta rectificación del Gobierno respecto lo aprobado hace poco más de dos meses en el Real Decreto 1738/2010, de 23 de diciembre, –que fijó tanto los objetivos globales de biocarburantes (5,9%, 6,0% y 6,1% para 2011, 2012 y 2013, respectivamente), como los objetivos de biodiésel y bioetanol (3,9% para 2011 y 4,1% para 2012 y 2013)– sea el primer paso de una política de biocarburantes más ambiciosa, que permita seguir incrementando los objetivos de consumo hasta el 10% en 2013/2014. El aumento del objetivo previsto para 2011 obliga, en cualquier caso, a modificar también al alza las obligaciones fijadas para 2012 y 2013.


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