24/2/2011

Nota de APPA

La pasividad del MITyC ante las importaciones desleales condena a muerte a la industria española del biodiésel

Tras más de cuatro años desangrándose, las fuerzas de la industria española de biodiésel están llegando a su fin. Pese a que la gran mayoría de las plantas productoras llevan mucho tiempo prácticamente paradas y ni siquiera ya las fábricas más grandes pueden soportar la competencia desleal del biodiésel argentino e indonesio, la Secretaría de Estado de Energía mantiene paralizada desde hace casi dos meses la tramitación de un proyecto de Orden para acabar con las importaciones desleales, que el propio MITyC presentó a finales de octubre de 2010. “Si el Ministerio no desbloquea de inmediato esta tramitación, el proyecto será inútil porque cuando se apruebe, el sector habrá desaparecido en su práctica totalidad, dejando sepultada una inversión de cerca de 1.400 millones de € y más de seis mil puestos de trabajo”, se lamenta Roderic Miralles, Presidente de APPA Biocarburantes.

Tras varios años reclamando al Gobierno la adopción de medidas internas, en la línea de las adoptadas por países como Francia, Bélgica, Portugal o Grecia, que impidan la competencia desleal del biodiésel importado y aseguren la supervivencia de la industria nacional de biocarburantes, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (MITyC) decidió a mediados de 2010 pasar por fin a la acción, impulsando el citado proyecto de Orden Ministerial.

Aunque el proyecto fue informado favorablemente por la Comisión Nacional de Energía (CNE) a finales del pasado mes de diciembre, el nuevo Secretario de Estado de Energía, Fabricio Hernández, mantiene paralizada su tramitación desde su llegada al cargo hace casi dos meses, incumpliendo así el compromiso adquirido por el Ministerio de ultimar su aprobación por el procedimiento de urgencia, lo que habría permitido que la Orden estuviera ya en vigor.

“La parálisis que sufre la tramitación de la Orden es la gota que ha colmado nuestra paciencia, tras cuatro años luchando para hacer entender al Gobierno que no podía seguir impasible ante el derrumbe del sector”, asegura Roderic Miralles, para quien “el incumplimiento de los compromisos regulatorios asumidos por el MITyC es una irresponsabilidad política e institucional que condena a muerte a la industria española de biodiésel”.

Cuando no han pasado aún dos años de la entrada en vigor de las medidas antidúmping y antisubvención adoptadas por la Unión Europea para frenar la entrada masiva de biodiésel procedente de Estados Unidos –que entre 2007 y principios de 2009 provocó estragos–, el mercado español vuelve a estar dominado básicamente por importaciones desleales, ahora procedentes en su mayoría de Argentina e Indonesia.

Los últimos datos oficiales de Aduanas señalan que entre enero y noviembre de 2010 se importaron en España más de 700.000 t de biodiésel, lo que supone casi el 60% de todo el consumo nacional en ese mismo período, habiendo llegado las importaciones incluso al 80% en el tercer trimestre del año. Más de tres cuartas partes de de las importaciones acumuladas el año pasado han provenido de Argentina e Indonesia (ver gráfico 4 del anexo).

“Desgraciadamente, se están cumpliendo las previsiones que hicimos hace varios años sobre lo que iba a pasar si el Gobierno seguía de brazos cruzados”, asegura Roderic Miralles, que recuerda que “hemos venido alertando de que el mercado español de biocarburantes estaba totalmente desprotegido contra la competencia desleal, proponiendo diversas soluciones en la línea de las adoptadas por otros países europeos. Si no se actúa ya, las importaciones se harán irremisiblemente en breve con la totalidad del mercado español de biodiésel”.

Tasas diferenciales a la exportación en Argentina e Indonesia

La avalancha de biodiésel procedente de Argentina e Indonesia tiene su origen en el sistema de tasas diferenciales a la exportación (TDE) que aplican ambos países. Así, el Gobierno argentino viene gravando desde hace varios años la exportación de aceite de soja con una tasa del 32% mientras que el biodiésel producido con dicha materia prima sólo soporta una tarifa bruta del 20%.

Por su parte, el gobierno indonesio grava actualmente la exportación de aceite de palma con una tasa del 25%, mientras que el biodiésel producido con dicho aceite sólo sufre una imposición del 10%. El hecho de que este diferencial se haya situado estos últimos meses en niveles máximos históricos hace prever que el fuerte incremento observado en las importaciones de biodiésel de Indonesia en 2010 sea sólo el principio de una avalancha mucho mayor.

Siendo Argentina e Indonesia los principales productores mundiales de aceite de soja y palma, respectivamente, son ellos los que marcan los precios de referencia de estas materias primas. La aplicación de las citadas tasas diferenciales les sitúa en una posición de ventaja competitiva desleal respecto a los productores del resto del mundo, permitiéndoles incluso llegar en ocasiones a exportar biodiésel a un precio inferior al de venta en el resto de países de las materias primas que ellos utilizan.

Esta distorsión comercial se ve agravada, además, por el injustificado trato preferencial que la UE da al biodiésel argentino e indonesio, que están exentos de pagar el arancel del 6,5% aplicable con carácter general a toda importación comunitaria de biodiésel por considerarse ambos países en vías de desarrollo dentro del llamado Sistema de Preferencias Arancelarias Generalizadas.

A partir del análisis comparado de los precios del biodiésel argentino e indonesio con los de sus respectivas materias primas, correspondientes a la semana pasada, se aprecia que la ventaja desleal de la que disfrutan ambos biocarburantes se sitúa entre 84 €/t y 111 €/t,

“Nunca hemos pedido al Gobierno medidas proteccionistas, sino simplemente que no se permita la competencia desleal en el mercado español. Los gobiernos de otros países europeos lo entendieron hace años, pero aquí parece que priman otros intereses”, se queja Roderic Miralles.

Proyecto de Orden de asignación de cantidades de producción de biodiésel

El pasado 22 de octubre de 2010, el MITyC anunció públicamente el envío a la Comisión Nacional de Energía (CNE) de un proyecto de Orden Ministerial destinado, según la nota de prensa emitida por propio el Ministerio, a “evitar las importaciones desleales de biocarburantes, apoyar la sostenibilidad económica del sector e impulsar la producción de las plantas españolas”.

Estos objetivos se conseguirían mediante la puesta en marcha de un mecanismo de asignación de cantidades de producción de biodiésel a fábricas comunitarias “similar al existente en otros países europeos”. Mediante este sistema, que estaría vigente durante dos años, prorrogable a otros dos más, el Ministerio asignaría hasta 5 millones de toneladas de producción de biodiésel a aquellas plantas comunitarias que presentaran su solicitud. Sólo el biocarburante producido en estas fábricas podría ser utilizado para cumplir las obligaciones de biocarburantes en España.

En comparación con los sistemas de asignación vigentes en otros países europeos, el mecanismo propuesto compagina adecuadamente la lucha contra las importaciones desleales y la competencia en el mercado español, objetivo que queda asegurado desde el momento en que la cantidad total a asignar (5 millones de toneladas) es más del triple que la demanda de biodiésel existente en España en 2010 (1,3 millones de toneladas).

Rebaja de la obligación de 2010 y poca ambición para 2011-2013

La actual situación de parálisis no permite a APPA Biocarburantes seguir manteniendo por más tiempo su silencio público sobre diversas medidas adoptadas por el Gobierno en los últimos meses, que confirman la falta de una verdadera voluntad política para impulsar los biocarburantes de manera decidida y seria.

Por un lado, debe mencionarse la reciente decisión del MITyC de rebajar de facto la obligación global de biocarburantes de 2010 desde el 5,83% hasta el 4,78% en términos energéticos. Con esta medida, que fue adoptada a principios de 2011 mediante una Resolución de la Secretaría de Estado de Energía, España ha incumplido el objetivo mínimo de biocarburantes fijado por la Directiva europea de biocarburantes de 2003 (5,75%), objetivo que, aumentando hasta el 5,83%, había quedado recogido en el Plan de Energías Renovables 2005-2010 y hecho obligatorio en 2007 mediante una reforma de la Ley del Sector de Hidrocarburos.

Por otro lado, el Gobierno había aprobado mediante Real Decreto, justo antes de Navidad, unos objetivos obligatorios de biocarburantes para los próximos años tanto a nivel global –5,9%, 6,0% y 6,1% para 2011, 2012 y 2013, respectivamente– como específicos biodiésel y bioetanol –3,9% para 2011 y 4,1% para 2012 y 2013– que APPA Biocarburantes considera muy conservadores.


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