19/11/2009

Nota de Iniciativa Social de Mujeres Rurales (Ismur)

Titularidad agraria compartida. Una medida positiva pero incompleta

El pasado, 6 de marzo de 2009, el consejo de Ministros aprobó el Real Decreto sobre titularidad compartida en las explotaciones agrarias, con el objetivo de hacer efectiva la igualdad entre hombre y mujeres del sector agrario, y beneficiar a más de 100.000 mujeres que trabajan en el mundo rural ayudándoles a conseguir el pleno reconocimiento en el ámbito rural.

El pasado 14 de Octubre, se publicaba la Orden ARM/2763/2009, de 5 de octubre, por la que se regulaba el Registro de Titularidad Compartida de Explotaciones Agrarias, según el cual dicho registro deberá reflejar la identificación de los cotitulares y la identificación de la explotación y su N.I.F., señalando la necesidad de crear un fichero de carácter personal que reflejará las personas o colectivos sobre las que se quiere obtener datos, entre otros aspectos.
Esta nueva normativa, tiene por objeto promover la titularidad compartida de las explotaciones agrarias entre los cónyuges o miembros de las parejas de hecho, reconocidas o inscritas en algún registro público, así como extender los beneficios en la cotización a la Seguridad Social a las mujeres que ostenten dicha titularidad compartida.

La legislación vigente sobre titularidad de las explotaciones agrarias, Ley 19/1995, de 4 de julio, de Modernización de las Explotaciones Agrarias, define el titular de la explotación agraria como “la persona física o jurídica que ejerce la actividad agraria organizando los bienes y derechos integrantes de la explotación con criterios empresariales y asumiendo los riesgos y responsabilidades civil, social y fiscal que puedan derivarse de la gestión de la explotación”.
Esta definición de la titularidad es neutra, y sin embargo, en la actualidad un 71 % aproximadamente de los titulares de las explotaciones agrarias son hombres. Las mujeres están aún alejadas de las responsabilidades que conlleva la empresa agraria, pero en muchas ocasiones sí que son las encargadas en parte del trabajo realizado en la explotación. No obstante, muchas mujeres comparten responsabilidades y trabajo en las explotaciones, sin tener reconocidos los correspondientes beneficios.

Muchas de ellas ya participan en la dirección de las explotaciones y en el trabajo en las mismas mediante fórmulas societarias, donde no hay limitaciones para su participación. Pero en el supuesto de las explotaciones familiares agrarias, el hecho de que en la mayoría de los casos el responsable sea una sola persona física, limita su acceso a la titularidad de las mismas y al reconocimiento de los beneficios que se deben derivar de sus aportaciones.

Estos beneficios son fundamentalmente los beneficios económicos de obtener un salario, la participación en el producto de la explotación y las prestaciones como pensiones, permisos o bajas como la de maternidad.

Muchas mujeres colaboradoras o vinculadas a las explotaciones agrarias ya están registradas en la Seguridad Social, pero de todos modos, las mujeres dadas de alta en el sistema son aún una minoría respecto de las que constan en las estadísticas como cónyuges o familiares colaboradoras. Las limitaciones que hasta la fecha, relativamente reciente, tenía la Seguridad Social Agraria han sido en parte causantes de dicha situación.

En el año 2005 los Ministerios de Agricultura y de Trabajo y las organizaciones profesionales agrarias, suscribieron un acuerdo que introducía una reducción del 30% de la cuota básica, que ha incentivado la integración de las mujeres que trabajan en la explotación en la Seguridad Social. En algunas comunidades se ha incrementado ese porcentaje hasta el 50%, aportado desde los presupuestos autonómicos, consiguiendo un aumento considerable de mujeres con titularidad compartida. Esto se está demandando en Castilla y León, donde en un primer intento se aprobó por unanimidad, pero no se reflejó en los presupuestos. Hace tres meses se volvió a plantear y ni siquiera fue aprobada.

En nuestra Comunidad, de un total de 83.860 titulares de explotaciones agrarias, 15.849 son mujeres, lo que supone un 18,90 % del total, una cifra inferior a la que poseen comunidades como Galicia 52,44 % o Asturias 46,04 % según datos del INE.

Para Ismur, este nuevo Decreto viene a compensar esas enormes deficiencias legislativas que hemos venido padeciendo las mujeres del medio rural, especialmente la falta de reconocimiento como profesionales del sector, desvalorizando nuestro trabajo y fomentando nuestra invisibilización, lo cual tiene consecuencias sociales, ya que no podemos hablar de desarrollo rural sin hablar de agricultura y ganadería, sin hablar de explotaciones familiares agrarias o agricultura familiar.

No debemos olvidar que durante muchos años las mujeres en el campo, han estado aisladas y desprotegidas, y esta nueva ley supone un paso imprescindible hacia la autonomía personal y el cambio, aunque todavía queda mucho por hacer para logar una igualdad de derechos entre mujeres y hombres en este sector.

Hasta este momento, el alta en la Seguridad Social para las mujeres estaba condicionado a la rentabilidad de la explotación agraria, a las posibilidades de afrontar dicho pago a partir de los beneficios obtenidos en detrimento del caso de su pareja o jefe de la explotación donde no existían estos condicionantes ya que en muchos casos, se consideraba que con el pago de la cuota del titular de la explotación (generalmente masculino) ya se cubría la asistencia sanitaria de los distintos miembros de la unidad familiar y con eso era suficiente.

Otro de los aspectos que desde Ismur consideramos incompletos en la nueva ley es el hecho de que no contemple con retroactividad el trabajo realizado por estas mujeres; las que ahora tienen más de 50 años no van a tener tiempo de cotizar los 15 años mínimos que les darían acceso a una pensión, después de haber estado trabajando toda la vida, por eso debería aprobarse una ley de acompañamiento que contemplase esta circunstancia.

Pese a esa desprotección y falta de reconocimiento, el trabajo “invisible” de las mujeres ha sido indispensable para la buena marcha de la explotación familiar y de la economía y sostenibilidad de muchos de nuestros pueblos, aunque haya acarreado consecuencias negativas para las mujeres, como la falta de remuneración (los beneficios se destinan a un fondo común de la que es titular el cabeza de familia), la falta de reconocimiento como agricultora o ganadera a favor de “cónyuge colaborador, ayuda familiar”, o la ausencia de derechos sociales reconocidos al no cotizar a la Seguridad Social, contando sólo con los derechos derivados por ser “esposa de”.

El trabajo de las mujeres en las explotaciones agrarias se convierte en una extensión no sólo del trabajo doméstico, sino también de la atención a las personas dependientes del entorno familiar, generalmente personas de edad avanzada, construyendo así unas jornadas de trabajo interminables, donde la mujer se convierte en una persona dependiente de sus familiares dependientes, en unos pueblos donde aún existen una considerable falta de servicios e infraestructuras dedicadas a la atención a estas personas.

En definitiva, consideramos un avance este reconocimiento para que la Titularidad Compartida de la Explotaciones Agrarias sea una realidad, o al menos aparezca contemplada dentro de la Ley Orgánica 3/2007 de Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres, y que el desarrollo de esta nueva figura sea la punta de iceberg sobre la que se desarrollen nuevas medidas que permitan el reconocimiento del trabajo realizado por las mujeres para el mantenimiento de las explotaciones agrarias, además del propio reconocimiento como trabajadoras con los consiguientes derechos; favoreciendo en último lugar, la incorporación de las mujeres al sector agrario, especialmente las más jóvenes y valorando los esfuerzos que realizan a favor del cuidado de nuestros familiares y su contribución social y económica para nuestros pueblos.


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