28/7/2009

Nota del MAGRAMA

La Comisión Interministerial para el Medio Rural avanza en la elaboración del Programa de Desarrollo Rural Sostenible

Se han concretado más de un centenar de actuaciones de la Administración General del Estado basadas en el impulso de la actividad económica y el empleo, las infraestructuras, el bienestar social, el medio ambiente y la innovación e igualdad. En las próximas semanas está previsto cerrrar las lineas de actuación propuestas por las Comunidades Autónomas, concretando el escenario financiero adicional.

La Ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Elena Espinosa, presidió ayer la reunión de la Comisión Interministerial para el Medio Rural, un órgano de colaboración en el ámbito de la Administración General del Estado que coordina la actuación de los 16 Departamentos ministeriales implicados en la puesta en marcha de la Ley para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural.

La Comisión ha analizado la puesta en marcha del Programa de Desarrollo Rural Sostenible, instrumento marco para la aplicación de la citada Ley, revisándose el trabajo técnico realizado con los diferentes Ministerios a lo largo de los últimos meses.

En la reunión se ha evaluado el estado de redacción del documento, habiéndose concretado más de un centenar de líneas de actuación propias de la Administración General del Estado que serán incorporadas al Programa en base a cinco ejes estratégicos de acción como son la actividad económica y el empleo, las infraestructuras y los equipamientos básicos, los servicios y el bienestar social, el Medio Ambiente y la cooperación, la innovación y la igualdad. Estas líneas plasman las actuaciones que desde la Administración General del Estado se incorporan al programa y el compromiso gubernamental para su ejecución.

El Programa continuará ahora su elaboración hasta completarse totalmente en un plazo de dos meses. Esta previsto en las próximas semanas cerrar las líneas de actuación propuestas por parte de las Comunidades Autónomas, concretar el escenario financiero adicional (que ya está enmarcado genéricamente tanto con las Comunidades Autónomas como con los Departamentos), y poner en marcha los procesos de participación pública tanto en relación con el propio documento como con la memoria de sostenibilidad ambiental que le acompaña. También se contempla una fase final de presentación pública y puesta en valor del documento.

Con todo ello, se ha acordado que el programa entre en vigor a lo largo de los primeros meses del próximo año, una vez aprobado el Real Decreto correspondiente. La aprobación del Programa permitirá a su vez la elaboración y aprobación de los programas de cada una de las zonas de actuación, y la completa puesta en marcha de la Ley para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural.

La Ley se aplica de forma territorial en aquellas zonas de actuación así declaradas por las Comunidades Autónomas, en base a unos criterios de calificación y clasificación que ya han sido acordados con las Comunidades Autónomas en el marco del Consejo del Medio Rural. Para cada uno de estas zonas de actuación se tiene que aprobar un programa de zona, elaborado desde una filosofía ascendente con participación del territorio, y en base a las disposiciones establecidas en el Programa de Desarrollo Rural Sostenible.

En estos momentos las Comunidades Autónomas están completando el proceso de calificación de zonas, estimándose que serán calificadas del orden de 200-250 zonas de actuación que supondrán del orden del 60% del territorio nacional. Se esta, sin duda, ante el mayor esfuerzo de acción territorial coordinada en pro del mundo rural desarrollado hasta la fecha.

La puesta en marcha de la Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural supone la consagración de una política nacional de Estado sobre el medio rural apoyada en la multisectorialidad (actúa sobre diferentes sectores simultáneamente) y la acción multinivel (confluyen simultáneamente varias administraciones públicas).

El programa apuesta por la intervención territorial singularizada en las áreas prioritarias que presentan mayor complejidad y mayores riesgos desde el enfoque de la sostenibilidad (económica, ecológica, y social) y de la complementariedad con el resto de las políticas territoriales que ya existen. Se trata de primar un enfoque estructural que asegure la viabilidad autónoma futura de las acciones que comprometa y un enfoque participativo, en tanto que las actuaciones responden a la propia demanda del territorio organizado.


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