31/3/2009

Opinión

El ADN recombinante y sus tribulaciones legislativas en la Unión Europea

Juan José Peinado Vacas. Ingeniero Técnico Agrícola

En el inicio de los 80, se pusieron en marcha en el marco de la OCDE los primeros proyectos biotecnológicos en los que intervenía el ADN recombinante (ADNr), los cuales fueron desarrollándose de forma discreta y en ausencia de polémicas destacables.

Fue en los 90 cuando el protagonista de nuestra historia (el ADNr, por supuesto) sufrió los primeros embates de una (extraordinariamente orquestada) campaña de descrédito que ha acabado derivando, fundamentalmente en la UE y gracias, sobre todo, a la inestimable ayuda de sus responsables políticos, en un cúmulo de tribulaciones legislativas que han generado, generan, y si alguien no lo remedia, seguirán generando una tremenda confusión.

Es necesario recordar que uno de aquellos proyectos puestos en marcha por la OCDE se sublimó en la publicación en 1986 de la Directriz (“Guidelines”): “Recombinant DNA: Safety Considerations-” (conocido en los ambientes científicos como el “Blue Book”) en cuyas conclusiones, además de abogar, entre otras cuestiones, por la armonización de principios y directrices sobre análisis y gestión de riesgo que pudieran derivarse de la utilización del ADNr se indica lo siguiente: “No existe base científica que justifique una legislación específica para la regulación de las técnicas del ADNr y sus aplicaciones – There is not scientific basis for specific legislation for the implementation of rDNA techniques and applications-”.

De hecho, en 1982 la propia Unión Europea (en aquel momento “todavía” Comunidad Económica Europea) publicó una Recomendación (Recomendación 82/472/CEE del Consejo) en la se indicaban los parámetros necesarios para el establecimiento de un registro comunitario armonizado de trabajos en los que intervenga el ADNr, pero no contemplaba, en absoluto, la necesidad de establecer una legislación específica para dichos trabajos.

Por razones que desconozco, pero absolutamente legítimas, la CEE acabó optando por una regulación legislativa específica de productos obtenidos mediante técnicas en las que interviene nuestro “simpático protagonista” (el ADNr ¿quien si no?) aunque, curiosamente, el Anexo I de la Directiva 90/220/CEE sobre liberación intencional en el medio ambiente de organismos modificados genéticamente incluía una referencia explícita a la Recomendación anteriormente citada en tanto que el Anexo I de la Directiva 2001/18/CE (que derogaba aquella) suprime la citada referencia pero mantiene el texto del artículo 6 de la Recomendación en la que se definían qué trabajos con intervención de ADNr debían ser objeto de registro.

En un principio, la normativa europea de los productos obtenidos mediante estas técnicas (que a partir de ahora llamaremos OMG) fue cumpliendo, estrictamente, los objetivos de control y regulación para la que fue creada sin polémicas destacables y su desarrollo posterior se fue llevando a cabo de una forma más o menos coherente y de acuerdo con una estrategia lógica y predeterminada

Pero, como comentaba en un párrafo precedente, la estrategia comunitaria para el desarrollo normativo sobre OMG se desmorona completamente gracias a una muy bien diseñada campaña mediática, organizada por colectivos ecologistas y otros grupos “comprometidos”, la cual ha ido creciendo en agresividad desde su puesta en marcha allá por los 90 (para información mas detallada visitar, en esta misma web, el documento “Normativa sobre OMG”).

A partir de este momento, el desarrollo normativo en la UE sobre este tema se hace confuso e incluso claramente incoherente. Sirva como ejemplo la errónea (en mi opinión, por supuesto) interpretación que el Reglamento sobre nuevos alimentos (Reglamento CE Nº 97/258) hacía del concepto de “equivalencia sustancial” definido en la Directriz OCDE de 1993: “Safety Evaluation of Foods Derived by Modern Biotechnology –Concepts and Principles”; y la incoherencia contenida (igualmente en mi opinión) en algunos actos legislativos, publicados recientemente, relacionados con lo que se conoce como “productos existentes” (artículos 8 y 20 del Reglamento CE Nº 1829/2003).

No quisiera terminar este breve texto sin destacar la incidencia que en las tribulaciones legislativas del “protagonista” de nuestra historia (sí, sí, claro: el ADNr) están teniendo los responsables políticos de la UE, los cuales anteponen, sin el mas mínimo rubor, sus intereses meramente partidistas en la gestión de temas eminentemente científicos a los que suelen dedicar, además, a aquellos funcionarios e investigadores cuyos criterios coinciden, en cada momento (¡¡qué casualidad!!), con sus intereses políticos.

El Gobierno Francés, por ejemplo, decidió hace algo más de un año, prohibir en su territorio el cultivo de un maíz MG debidamente autorizado en la UE. Desde ese momento, los responsables políticos franceses no han dudado en socavar, en cuanta ocasión ha sido necesario, el prestigio y la credibilidad de los expertos y científicos de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) y de la propia Autoridad Francesa de Autoridad Alimentaria (AFSSA).

Hay que resaltar, sin embargo, el más que loable coraje demostrado por, al menos, 23 expertos de una y/u otra de estas instituciones al firmar un documento en el que muestran su indignación por la manipulación política de sus trabajos al tiempo que subrayan su independencia.

Por lo que respecta a España, el pasado mes febrero se votó en Bruselas sobre una propuesta de la CE que pretendía desautorizar la decisión (en este caso de Austria y Hungría) de prohibir el cultivo de maíz MG debidamente aprobados en la UE. Pues bien, la delegación de España votó en contra de la propuesta al parecer por “razones de procedimiento” (desconozco esta peculiar opción de voto, pero quizás se trate de lo que se conoce como “voto a brios”).

El sentido del voto de la delegación Española contribuye, igualmente, a socavar el prestigio y la credibilidad de EFSA (y AESAN), al tiempo que desautoriza, por completo, las declaraciones que en enero de 2008 realizaba el actual Secretario de Estado del MARM (Sr. Puxeu) quien, con relación a la decisión francesa anteriormente comentada, manifestaba su más claro “rechazo a decisiones unilaterales” y añadía con firmeza que “la postura española respecto a los OMG siempre será la que adopte la EFSA”.

En respuesta a la manipulación política han sido también muchos los expertos españoles en EFSA y AESAN que han manifestado su indignación subrayando, al mismo tiempo, su compromiso de independencia. En concreto fueron:…….......estoooooooo…….

Hemos leído recientemente que EEUU, Canadá y Australia se preparan para una posible siembra comercial de variedades de trigo MG. Parece evidente que si la UE no se replantea lo antes posible su estrategia sobre este tema perderá, definitivamente, el tren de la biotecnología.


Madrid, Marzo de 2009


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