13/3/2009

Nota de APPA Biocarburantes

APPA valora positivamente la adopción de aranceles contra el biodiésel de Estados Unidos pero reclama medidas estructurales y controles inmediatos en España

Bruselas confirma totalmente las denuncias del sector: el biodiésel estadounidense viene llegando a la UE subvencionado y con dumping desde 2007 Las medidas adoptadas no son retroactivas, por lo que el grave daño ya causado a la industria española queda impune El sector reclama al Gobierno la adopción de medidas estructurales internas que impidan que los biocarburantes subvencionados en otros países inunden España Resulta intolerable que la Comisión Nacional de Energía no controle aún el uso del biodiésel ya importado para cumplir la obligación de biocarburantes


Madrid, 12 de marzo de 2009.- Tal como APPA Biocarburantes venía denunciando desde hace dos años, el biodiésel procedente de Estados Unidos ha estado inundando el mercado europeo gracias a una generosa subvención fiscal en origen (300 $/tonelada) que le ha permitido, además, venderse en la Unión Europea (UE) por debajo de su precio en origen, incurriendo por tanto en dumping.

Así lo ha confirmado totalmente, tras nueve meses de investigaciones, la Comisión Europea al adoptar hoy medidas arancelarias antisubvención y antidumping contra el biodiésel procedente de Estados Unidos.

“Llevábamos desde hace tiempo reclamando la adopción de medidas compensatorias provisionales a la vista de los bajos precios de venta de dicho biodiésel y del grave daño que ello ha estado causando a la industria española”, recuerda Roderic Miralles, Presidente de APPA Biocarburantes.

“A pesar de que las medidas lleguen tarde y no tengan lamentablemente ningún efecto retroactivo, es una buena noticia que la Comisión, con el apoyo proactivo del Gobierno español, que agradecemos, se haya decidido a poner fin a estas prácticas comerciales ilegales”.

Aunque el sector entiende que el abanico de aranceles adicionales ahora impuestos a los diferentes exportadores de biodiésel de Estados Unidos –entre 211,2 €/tonelada y 237,4 €/t en derechos antisubvención y entre 23,6 €/t y 208,2 €/t en derechos antidumping– son suficientes como para tener un efecto disuasorio sobre dichas importaciones, APPA Biocarburantes considera imprescindible que el Gobierno español adopte medidas estructurales de ámbito interno para evitar que las importaciones subvencionadas por otros países sigan viendo el mercado español como destino preferente.“Si no se adoptan medidas legales en España nos podemos encontrar con que el biodiésel subvencionado por Indonesia, Malasia o Argentina sustituya totalmente al que llega de Estados Unidos y, por ende, estos aranceles no sirvan en última instancia para casi nada”, asevera Roderic Miralles. Como constata la Comisión Europea en los Reglamentos de medidas arancelarias 193/2009 y 194/2009, que publica hoy el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE), las importaciones de biodiésel subvencionado procedentes de Estados Unidos han incurrido en un dumping medio ponderado del 33%, causando un grave daño a la industria europea de biodiésel. Este impacto no ha sido uniforme en toda la UE sino que ha sido especialmente intenso en países como España que, a diferencia de otros, carece de mecanismos legales internos de protección. Las importaciones de biodiésel subvencionado se hicieron en un sólo año (2007) con el 50% del mercado español. En el primer semestre de 2008 coparon ya más del 60%, porcentaje que previsiblemente se ha incrementado en los últimos meses. “Venimos proponiendo desde hace varios años diversas medidas para establecer un marco estructural de defensa de la industria nacional contra la competencia desleal de ciertas importaciones sin que hasta el momento el Gobierno español haya implementado ninguna solución de derecho interno”, se lamenta Miralles.

Falta de control por parte de la CNE

Ciertamente, en la Orden Ministerial reguladora de la obligación de biocarburantes, aprobada el pasado mes de octubre, se introdujo una disposición con el fin de evitar que el biodiésel procedente de Estados Unidos –en realidad una mezcla de biodiésel y un poco de gasóleo conocida como B99– se pudiera utilizar para el cumplimiento, a partir del 1 de enero de 2009, de la obligación de biocarburantes en España. La Orden designa a la Comisión Nacional de Energía (CNE) como entidad responsable de la gestión, supervisión y control de la obligación. Sin embargo, pasados ya casi dos meses y medio del inicio de la obligación de biocarburantes, la CNE no sólo no está controlando el cumplimiento del citado requisito sino que ni siquiera está en disposición de ejercer actualmente el resto de sus funciones como entidad de certificación, previéndose que, en el mejor de los casos, no habrá certificaciones de biocarburantes ni control alguno hasta el próximo mes de octubre.

Es más, la Circular que debe regular la puesta en marcha y gestión de la obligación de biocarburantes por parte de la CNE aún no está en vigor y el Ministerio de Economía y Hacienda sigue sin haber autorizado a la CNE la contratación del personal que ésta lleva tiempo solicitándole para poder cumplir adecuadamente sus obligaciones de gestión. “Nos consta el esfuerzo que vienen desplegando los servicios técnicos de la CNE para acelerar esta implementación, pero esta situación es absolutamente bochornosa e intolerable en cualquier país serio”, apunta Manuel Bustos, Director de APPA Biocarburantes.

Ciertamente, nadie está exento de responsabilidades por este estado de cosas: por un lado, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (MITyC) dilató en exceso la tramitación de la Orden de obligación de biocarburantes, aprobándola sólo dos meses y medio antes del inicio de su aplicación pese a haberla presentado más de un año antes. Por otro lado, tampoco se entiende el porqué la CNE no aprovechó esa larga tramitación para poner a punto su maquinaria normativa y sus recursos humanos y así poder cumplir con sus funciones de certificación desde el 1 de enero de 2009. Eso sin contar el inexplicable retraso con el que la propia CNE obró al tardar seis meses en emitir su preceptivo informe sobre el citado proyecto de Orden Ministerial.

Duración y aplicabilidad de las medidas

Las medidas arancelarias hoy adoptadas por la Comisión Europea tienen carácter provisional, ya que sólo estarán vigentes por un período de cuatro meses. En cualquier caso, son de aplicación automática, a partir de su entrada en vigor mañana (13 de marzo),en todos los puestos fronterizos aduaneros de la Unión Europea. Estas medidas se aplicarán tanto al biodiésel en estado puro como a las mezclas que lo contengan en más del 20%. Un mes antes de que expiren las medidas provisionales, la Comisión deberá presentar al Consejo una propuesta de medidas definitivas, que de aprobarse, estarían vigentes por un período de cinco años, ampliables en caso deque una nueva investigación posterior así lo proponga.

Vigilancia de prácticas delusorias

La legislación comunitaria prevé que este tipo de derechos arancelarios pueden extenderse a las importaciones de biodiésel procedentes de otros países cuando se determine que este producto procede realmente de Estados Unidos, tras haber recurrido algunos de los exportadores a mecanismos de elusión mediante el envío del biodiésel fabricado en Estados Unidos a terceros países, desde los cuales el producto se reexportaría a la Unión Europea. Con el fin de detectar estas prácticas de elusión deberá seguirse de cerca la evolución de las importaciones de biodiésel procedentes de países como México, Argentina, Noruega o Turquía, entre otros. Un aumento de las mismas que no tenga correlación con los datos de producción local puede ser considerado un indicio racional de la existencia de prácticas delusorias. Igualmente deberán vigilarse los intentos de los exportadores norteamericanos de eludir los aranceles mediante la utilización de códigos arancelarios fraudulentos.


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