9/3/2009

Nota de AMFAR

Coincidiendo con la aprobación en consejo de ministros del Real Decreto de Titularidad Compartida en la explotación agraria y del informe sobre el aborto elaborado por la Comisión de Expertos

AMFAR: El decreto de cotitularidad no da respuesta a las necesidades laborales de las mujeres del campo

AMFAR se posiciona contra la ley del aborto


6 de marzo de 2009.- La Federación de Mujeres y Familias del ámbito Rural (AMFAR) ha programado la celebración de nueve actos provinciales con motivo del Día Internacional de la Mujer en todo el territorio español.

La presidenta nacional de la organización, Lola Merino, ha presentado hoy en rueda de prensa estas nueve jornadas provinciales que tendrán lugar en Segovia, Pamplona, Cádiz, Vizcaya, Huesca, Sevilla, Soria, Castellón y Ciudad Real. La temática de todas ellas será variada, pero cuentan con un denominador común: la discriminación que sufren un millón de mujeres rurales españolas en el área de las prestaciones sociales.

Así, todos los actos programados por AMFAR servirán para reivindicar un marco jurídico propio y un régimen de prestaciones sociales para la mujer rural española, como una de las carencias más importantes que sufre el colectivo.

Los actos conmemorativos finalizarán en Ciudad Real el jueves 12 de marzo con una jornada sobre Protección Social y Ley de Dependencia a la que asistirán 500 mujeres de la provincia de Ciudad Real.

AMFAR DENUNCIA QUE UN MILLÓN DE MUJERES RURALES CARECE DE PRESTACIONES SOCIALES

La presidenta de AMFAR recordó que la falta de prestaciones sociales que afecta a más de un millón de mujeres rurales en España es ya una reivindicación histórica en el seno de esta organización y coincide hoy con la aprobación en Consejo de Ministros del Real Decreto de la Titularidad Compartida.

Un Decreto que, según Merino, nace con muchos años de retraso y no exento de polémica, “ya que tenemos que lamentar que esta norma no ha contado con el consenso de las organizaciones de mujeres ni de las organizaciones agrarias españolas que llevamos dos décadas denunciado la situación de desamparo que sufren las mujeres en el campo”.

Además, este Real Decreto de Titularidad Compartida es de “alcance limitado, ya que, como reconoce el propio texto, debe ir acompañado de otras medidas que se diseñarán en el futuro”.

Para Merino, el Decreto de Titularidad Compartida es meramente un registro administrativo de las explotaciones agrarias; es decir, se trata de que los cónyuges que sean titulares de una misma explotación se inscriban en un registro que se habilitará en cada comunidad autónoma.

EL DECRETO DE TITULARIDAD COMPARTIDA NO DA RESPUESTA A LAS NECESIDADES LABORALES DE LAS MUJERES DEL CAMPO

“Por tanto, no podemos decir, como declaraba la ministra del Medio Rural Elena Espinosa hace unos días, que este Decreto sirva para dar respuesta a las verdaderas necesidades laborales de las mujeres en el campo español, ni tampoco que sea la medida esperada para que la mujer que realiza una actividad agrícola vea reconocido su trabajo y por tanto sus prestaciones sociales propias”.

El texto que hoy aprobará el Consejo de Ministros es “imperfecto” ya que no recoge ayudas, bonificaciones ni incentivos, ni ningún tipo de medida que garantice la incorporación de la mujer a la Seguridad Social, sentenció Merino.

El Decreto tampoco recoge las realidades laborales concretas y distintas que tienen las mujeres rurales y que merecen una respuesta concreta y distinta, como es el caso de las que realizan un trabajo a tiempo parcial.

El decreto se olvida de la maternidad

No en vano, el texto deja de lado un tema de vital importancia para las mujeres como es el de la maternidad de las trabajadoras autónomas. Lola Merino explicó a los medios de comunicación que las titulares agrarias deben tener derecho a disfrutar de su maternidad, de su baja maternal, de su periodo de lactancia y de medidas adecuadas que permitan que su negocio siga funcionando. Del mismo modo, deberían diseñarse acciones tanto para la divulgación de la norma existente, así como para apostar por el cambio de mentalidad.

La presidenta de AMFAR explicó cómo, de manera habitual, no se cuestiona el alta en el Régimen de la Seguridad Social del varón, del “cabeza de familia”, al frente de una explotación agraria, y que por el contrario sí se cuestiona el alta de su cónyuge cuando ésta trabaja tanto o más que él en el negocio familiar.

Protección social con la Ley de Dependencia

Por último, y en relación al tema de la protección social para las mujeres que puede derivarse de la Ley de Dependencia, Merino solicitó mayor agilidad, más presupuesto y hacer partícipes al colectivo rural “ya que esta responsabilidad no puede recaer de forma invisible y sin ninguna retribución ni reconocimiento en las mujeres.”

Según un estudio del Instituto de la Mujer un total de 5 millones y medio de mujeres en España se dedican al cuidado no remunerado de personas dependientes, sobre todo en el mundo rural, donde se carece de infraestructuras que atiendan las necesidades y los cuidados de las personas mayores, niños o discapacitados.

En este sentido, Merino reivindicó que la recientemente aprobada Ley de Dependencia, sea dotada del presupuesto suficiente para llegar a ser una herramienta práctica y ofrezca la protección social y las prestaciones sociales derivadas del cuidado de personas dependientes dentro de la unidad familiar.

AMFAR SE POSICIONA CONTRA LA LEY DEL ABORTO

Para finalizar, Merino lamentó la aprobación del informe elaborado por la Comisión de Expertos sobre el Aborto en España, auspiciado por el Ministerio de Igualdad, y que también se aprueba hoy viernes en el Consejo de Ministros.

La máxima dirigente de AMFAR expresó su disconformidad con esta futura Ley que significa “abrir las puertas al aborto libre en España”. Aunque lo más grave, según dijo, es “que las niñas de 16 años podrán abortar voluntariamente sin necesidad del consentimiento de sus padres o tutores”. Para Merino, “es inconcebible que una niña de 16 años necesite una autorización de los padres para poder asistir a una excursión escolar, y no le haga hacer falta un permiso paterno para someterse a un aborto.”

En conclusión, según dijo, se trata de una norma con la que “pierde la sociedad, perdemos las mujeres, y perderán la vida muchos niños que tienen su derecho a vivir”.


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