10/3/2008

Nota de AMFAR

Con motivo del Día Internacional de la Mujer, AMFAR subraya el importante papel que desempeña este colectivo

AMFAR pide mejores prestaciones sociales para la mujer rural

7 marzo 2008 – La Federación de Mujeres y Familias del Ámbito Rural (AMFAR) quiere aprovechar la celebración, el día 8 de marzo, del Día Internacional de la Mujer para demandar un marco jurídico propio y un régimen de prestaciones sociales para la mujer rural española, denunciando así una de las carencias más importantes que sufre este colectivo y hacer pública su reivindicación para que los derechos legítimos de la mujer rural sean reconocidos.

Con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer, mañana 8 de marzo, la Federación de Mujeres y Familias del Ámbito Rural (AMFAR) alza su voz para demandar al Gobierno el establecimiento de un marco jurídico y un régimen de prestaciones sociales para la mujer rural española, tal y como se recoge en la directiva europea 86/613, aprobada por el Consejo de la Comunidad Europea en diciembre de 1986.

Cerca de cinco millones de mujeres residen en zonas rurales en España, es decir, en municipios de menos de 10.000 habitantes. De ellas, unas 400.000 son de Castilla y León.

La mujer en el sector agrario regional

La presencia de la mujer en el sector agrario regional sigue siendo escasa: poco más del 4 por ciento del total de mujeres trabajadoras de Castilla y León, en torno a 13.000, se engloban dentro de este sector, representando el 25 por ciento del total de los trabajadores agrarios.

Además, según el último censo agrario, un 60 por ciento de las explotaciones cuyo titular es mujer, son de tan reducida dimensión económica, que están llamadas a desaparecer. En general las explotaciones de las que son titulares son más pequeñas en extensión, que la de los varones.

A nivel europeo, la presencia de las mujeres en el campo supone el 37 por ciento del total de la población activa agraria europea y ocupa el 31 por ciento del trabajo agrario.

Perfil de la mujer rural española

La mujer rural española tiene una media de edad de 50 años, está casada y con hijos. Trabajan ocho horas diarias en casa y más de 750.000, según fuentes del ministerio de Agricultura, dedican una parte importante de su tiempo a sacar adelante las explotaciones agrarias. Un trabajo que no computa en las estadísticas ni genera derechos sociales propios.

Estas mujeres, según un estudio publicado por el Instituto de la Mujer, aportan un total de 770 millones de horas anuales a labores agrícolas y ganaderas, de las que el 78% no son retribuidas. Una situación que reclama la implicación del Gobierno para que reconozca a las mujeres el disfrute de los derechos laborales que les corresponden.

Para la Federación de Mujeres y Familias del Ámbito Rural (AMFAR), es de justicia que se valorice y dignifique el papel que desempeñan estas mujeres, así como la equiparación de derechos con los hombres.

En la actualidad, el trabajo de las mujeres es considerado como “extensión de las tareas domésticas” y su estatus laboral se define más por la relación familiar que ostenta con el titular de la explotación (esposa, hermana o hija), hasta el punto que muchas de ellas no se consideran trabajadoras. Se auto definen como “amas de casa”, ya que a efectos prácticos son personas que trabajan para su familia, sin categoría laboral ni remuneración directa.

Un marco jurídico propio

Esta situación obliga a la Federación de Mujeres y Familias del ámbito Rural (AMFAR) a demandar al Gobierno el establecimiento de un marco jurídico y un régimen de prestaciones sociales para la mujer rural española, tal y como se recoge en la directiva europea 86/613, aprobada por el Consejo de la Comunidad Europea en diciembre de 1986.

El Consejo aprobó que los Estados Miembros deben garantizar la igualdad a sus cónyuges no asalariados, ni asociados que participen de manera habitual en la actividad del trabajador autónomo. Asimismo se estableció la fecha tope de 30 de junio de 1991 para aquellos Estados que tuvieran que acometer modificaciones en su legislación para la puesta en marcha de esta directiva.

En España ya ha transcurrido el tiempo establecido por la Comisión con pocos gestos por parte del Gobierno. En el 2003, con el gobierno de José María Aznar se produjeron los primeros cambios. Se modificó el Decreto del Régimen Especial Agrario que databa del 1971 y se permitió a las mujeres incorporarse a este régimen de la seguridad social, aprobándose además deducciones en las bases de cotización para las mujeres jóvenes de menos de 30 años y para las mujeres de 45 o más.

En el 2005, con el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero se aprobaron deducciones del 30 por ciento de la cuota de cotización durante 3 años para las mujeres de menos de 40 años y que estén incorporadas en el Régimen Especial Agrario.

En julio de 2007, se aprobó la integración de los trabajadores por cuenta propia del REASS en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos y se establecen igualmente reducción de la base de cotización para las mujeres de menos de 40 años: la deducción sigue siendo del 30% pero se amplia la duración a 5 años.

Esta misma ley recoge la posibilidad de que el titular de la explotación pueda contratar a los hijos menores de 30 años como trabajadores por cuenta ajena, sin cotización a la contingencia por desempleo. No obstante, en este ocasión se perdió una gran oportunidad que fue que el titular de la explotación también pudiera contratar a su cónyuge como trabajador por cuenta ajena.

Situación actual

Finalmente y a principios de octubre de 2007, el ministerio de Agricultura elaboró un Borrador del “Real Decreto por el que se pretende regular la cotitularidad en las explotaciones agrarias”. Borrador al que AMFAR presentó un decálogo de alegaciones y del que hasta la fecha, no han tenido noticia alguna.

Que los gobiernos de Aznar y Zapatero hayan sabido recoger, en parte, la necesidad reclamada por las mujeres del campo, con el compromiso y la voluntad política de aprobar diversos cambios en la legislación ha supuesto un paso hacia adelante en el verdadero reconocimiento que se merecen las mujeres que conjuntamente con su cónyuge sacan adelante las explotaciones.

Sin embargo en los últimos meses, hemos retrocedido ya que en España las mujeres del campo han perdido las ayudas que venían recibiendo de cobrar un 10% más cuando se incorporaban al sector agrario. La desaparición de estas ayudas supone un paso atrás en la consecución de la igualdad que vienen reivindicando las mujeres del campo español, máxime cuando su presencia en el sector es garantía del relevo generacional.

AMFAR entiende que la supresión de estas ayudas se debe, en gran medida, a una mala negociación del ministerio de Agricultura ante la Comisión europea. Otro problema derivado de esta mala negociación podría ser la pérdida de otras acciones positivas, recogidas en la reciente Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural.

Desde AMFAR apostamos por las acciones positivas a favor de la mujer para conseguir la igualdad. No en vano, con la mala justificación del Ministerio ante la Comisión Europea, se podrían desvanecer todas las políticas especiales de apoyo a las mujeres, así como a otros colectivos desfavorecidos, y por supuesto, desaparecer la transversalidad.


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