3/9/2007

Nota del MAGRAMA

MAPA: El Consejo de Ministros aprueba la distribución de 34,5 millones de euros entre las Comunidades Autónomas para programas agrícolas y de desarrollo rural

31 de agosto de 2007. El Consejo de Ministros ha aprobado hoy la distribución de 34.556.056 millones de euros entre las Comunidades Autónomas, para subvencionar programas agrícolas y de desarrollo rural, formalizando así la distribución de fondos acordada en las Conferencias Sectoriales de Agricultura y Desarrollo Rural, del 4 de junio y 23 de julio, donde quedaron fijados los criterios para la asignación de subvenciones.

OLIVAR ANDALUZ

Se han destinado 8.213.861 euros al Plan de recuperación de la capacidad productiva del Olivar Andaluz. El objetivo de esta línea es la concesión de ayudas a los titulares de las explotaciones olivareras situadas en determinadas Comarcas Agrarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía, afectadas por las heladas acaecidas durante el primer trimestre del año 2005. Se establece una ayuda específica para paliar las pérdidas de cosecha y las inversiones realizadas por los titulares de las explotaciones.

La ayuda no podrá superar por titular de la explotación, la cantidad de 63.000 euros en actuaciones de regeneración con un máximo de siete hectáreas, y de 6.000 euros en actuaciones de replantación, con un máximo de tres hectáreas.

AGRICULTURA

Del total de fondos se han asignado 5.562.580 euros para financiar ayudas destinadas a la reconversión de plantaciones de fruta dulce en 2007. Los criterios utilizados se basan en las superficies por las que se ha solicitado la ayuda en el año 2007 de acuerdo con las comunicaciones realizadas por las comunidades autónomas. Asimismo, la cuantía de la ayuda por hectárea va en función del tipo de beneficiario (profesional, joven, zona desfavorecida), la especie a plantar y las inversiones a realizar.

DESARROLLO RURAL

Dentro del Programa de Desarrollo Rural para Medidas de Acompañamiento del periodo 2000/2006, se han repartido 8.779.615 euros, como ayuda de estado para la financiación de la medida de Indemnización Compensatoria en los años 2005 y 2006.

La Comisión Europea aprobó para las campañas 2005 y 2006 una ayuda de estado para la medida de indemnización compensatoria de 20 millones de euros anuales, siempre y cuando estos recursos se destinen, exclusivamente, a pagar expedientes de las campañas anteriores al 31 de diciembre de 2006, por lo no podrán acogerse a estas ayudas expedientes de la campaña 2007 y siguientes que deberán ser financiados ya a través del FEADER. En consecuencia, el montante máximo total aprobado por la Comisión para estas dos campañas asciende a la cantidad de 40 millones de euros.

Las comunidades autónomas han comunicado al MAPA sus necesidades financieras para hacer frente a estos pagos que ascienden, según se recoge en el cuadro adjunto, a 36.337.936 euros, no superando, por tanto, las cifras aprobadas por la Comisión en su Decisión C (2006) 607, de 22 de febrero.

La distribución propuesta asciende a la cantidad total de 8.779.615 euros. La misma resulta de restar a las cantidades comprometidas por el MAPA para tal fin (31.680.763 euros), las transferidas hasta la fecha en noviembre de 2006 (17.442.165 euros) y abril de 2007 (5.458.983 euros), y que suponen el 87,5 % de las necesidades totales en las regiones de Objetivo 1 y al 75 % en las de fuera de este Objetivo. El resto, 12,5 % en regiones de Objetivo 1 y 25 % el las restantes, será financiado por las Comunidades Autónomas.

INDUSTRIA AGROALIMENTARIA

Para el fomento de la industrialización agroalimentaria se ha optado por realizar la distribución de la dotación presupuestaria de la anualidad 2007, que asciende a 12.000.000 euros, en función del peso histórico que han representado las transferencias realizadas para cofinanciar la Medida “Transformación y comercialización en destino de productos de la pesca y de la acuicultura”, durante el periodo 2000-2006.

Cuando se produzca la liquidación de cuentas del período 2000-2006 se procederá a la compensación de los eventuales remanentes en poder de las Comunidades Autónomas.


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