2/4/2007

Nota del MAGRAMA

La Ministra de Agricultura presenta al Consejo de Ministros el Marco Nacional de Desarrollo Rural

30 de marzo de 2007. La Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación, Elena Espinosa, ha informado este viernes al Consejo de Ministros sobre el Marco Nacional de Desarrollo Rural para el período 2007-2013, en el contexto de una sesión en la que se ha concedido una especial importancia a la política rural.

Este documento, continuación del Plan Estratégico de Desarrollo Rural, enviado a la Comisión Europea en diciembre de 2006, concreta y cuantifica las prioridades de España en materia de desarrollo rural para el nuevo período de programación comunitaria 2007-2013.

Las medidas incluidas en el Marco Nacional junto con las medidas regionales supondrán un gasto público total de 15.800 millones de euros, 1.764 millones de euros más que en el 2000-2006. La aportación de la Administración General del Estado para el conjunto de la programación ascenderá a 3.162 millones de euros, un 40,15% más que la aportación de la AGE en el 2000-2006. En valores absolutos, el incremento de la aportación de la AGE es de 906 millones de euros. Este incremento, unido al esfuerzo realizado por las Comunidades Autónomas, ha permitido superar el gasto público del período 2000-2006

Destacan en el Marco Nacional, las medidas horizontales, de aplicación en todas las Comunidades Autónomas, y los elementos comunes, de aplicación en aquellas Comunidades Autónomas que decidan poner en marcha las medidas a las que hacen referencia estos elementos comunes.

Las medidas horizontales pueden clasificarse en dos grupos. Por un lado, las relativas a la mejora de la competitividad de las explotaciones agrarias y de las industrias agroalimentarias, y, por otro, las destinadas a los aspectos ambientales incluidos en el nuevo Reglamento de desarrollo rural. En el primer grupo se incluyen la gestión de los recursos hídricos, las infraestructuras rurales, el aumento del valor añadido de las producciones agrarias y forestales, la incorporación de jóvenes agricultores y la implantación y utilización de los servicios de asesoramiento. En el segundo, la prevención de incendios forestales y la conservación de la red Natura 2000 en los espacios forestales.

En el documento se han seguido los principios horizontales de la planificación, destacando la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, aplicada de forma transversal en todas las líneas del Marco.

La gestión de los recursos hídricos está enfocada, exclusivamente al ahorro de agua, previéndose un ahorro anual de unos 1.800 hm3, financiándose actuaciones únicamente en la modernización de regadíos ya existentes. En las Comunidades Autónomas en las que no hay sistemas de riego, será obligatoria la aplicación de la medida horizontal de Otras Infraestructuras Rurales, que será opcional para las Comunidades en las que sí hay sistemas de riego. El gasto público previsto para infraestructuras asciende, para el conjunto del período, a 1.382 millones de euros.

La medida de aumento del valor añadido, dirigida a las industrias y cooperativas agroalimentarias tiene como objetivo principal la modernización del sector agroindustrial español y supondrá una inversión pública de 2.509 millones de euros en las 17 CCAA.

Un importante problema del sector agrario es el envejecimiento de la población agraria. Consciente de ello, el Gobierno ha decidido apostar en el Marco Nacional por la incorporación de jóvenes, flexibilizando los criterios para poder acogerse a estas ayudas, pero priorizando a los agricultores que se instalen en explotaciones consideradas prioritarias. La ayuda máxima ascenderá a 55.000 euros por explotación. Se prevé un gasto público en el período de 788 millones de euros.

Finalmente, dentro del primer grupo, las ayudas para implantar y utilizar los servicios de asesoramiento a los agricultores y ganaderos para el cumplimiento de la condicionalidad de la PAC, enmarcadas en un amplio objetivo de mejora del capital humano, supondrán una inversión de 246 millones de euros.

Las dos líneas horizontales de carácter ambiental, de gran importancia en las áreas forestales españolas, fundamentalmente en las zonas declaradas de alto riesgo de incendios y en las superficies forestales incluidas en la Red Natura 2000, supondrán un gasto público de 744 millones de euros.

La puesta en marcha del resto de las medidas, no incluidas en el Marco, será decisión de las Comunidades Autónomas que, a través de sus programas de desarrollo rural, serán las encargadas de gestionar, tanto las medidas horizontales del Marco Nacional, como aquellas de carácter regional.

Por otra parte, a través de los elementos comunes se abre la posibilidad a las CCAA de poner en marcha el Contrato Territorial de Explotación para gestionar las medidas de los Programas de Desarrollo Rural. El Contrato se define como una relación contractual entre los agricultores o entidades asociativas que voluntariamente así lo decidan, y la administración.

También, en el marco de los elementos comunes, se introducen requisitos a tener en cuenta en algunas medidas de gran importancia ambiental y socioeconómica en el medio rural español; las ayudas para las explotaciones agrarias en Natura 2000, las ayudas para compensar dificultades naturales y las ayudas a la producción ecológica.

Finalmente, se introducen un conjunto de elementos comunes a todos los programas de desarrollo rural para la puesta en marcha del enfoque LEADER que se aplicará en todas las Comunidades Autónomas, como mínimo para gestionar un 10% de los fondos FEADER de cada uno de los programas. En estos elementos, se destaca la importancia del enfoque LEADER y el papel de los Grupos de Acción Local, estableciéndose criterios comunes para la selección de los Grupos y para los programas de desarrollo comarcal que éstos deben presentar.


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