19/5/2005

Los Organismos Modificados Genéticamente en el Derecho Civil, Mercantil y Penal Español: apuntes a la normativa vigente.

Juan Manuel Arriola Garrote, Abogado, de Arriola Garrote y Asociados (Derecho Agrario) Madrid. Francisco A. Arriola Garrote. Abogado del Estado (excedente).

Pagina nueva 1

El panorama actual de la Agricultura y la Ganadería española, ya de por sí precario por la situación en que ha quedado tras la reforma de la Política Agraria Común, y lo contingente y variable de la climatología de nuestro país, se enfrenta ahora a una encrucijada decisiva para sortear su futuro. Si la introducción de las técnicas intensivas de producción revolucionaron el sector primario tras la segunda guerra mundial, la biotecnología es el gran paradigma que marca la transición hacia el tercer milenio. De existir alguna oportunidad de plantar cara con probabilidades de éxito a la competencia de los terceros países, en las severas condiciones que se avecinan para las ayudas comunitarias, será a costa de aprovechar al máximo cualquier factor de producción positivo que la ciencia y el derecho ofrezcan.

 

Mas la utilización de organismos transgénicos (hoy limitada a bacterias y vegetales, para los alimentos y los piensos, pero de próxima ampliación a los organismos pluricelulares animales) es objeto de vivísimo debate social, donde la ignorancia y los intereses no siempre suficientemente claros se disputan una opinión pública que desconfía de lo desconocido. Si a eso unimos el tratamiento que dispensa el ordenamiento vigente a estos productos, con un enfoque exclusivamente administrativista para la protección de los demás cultivos respecto de las "contaminaciones" de los biotecnológicos, la posibilidad de acudir a un análisis minucioso de los derechos concurrentes deviene apremiante para el desarrollo de la ciencia, la viabilidad del sector y la información objetiva de la sociedad.     

 

La intervención del hombre en el proceso natural de obtención de animales y vegetales data de muy antiguo. A fines del siglo XVII, el sacerdote italiano Lázaro Spalanzani consiguió la primera inseminación artificial documentada de la historia, en perros, mientras que la consecución de variedades de plantas mediante la técnica del injerto es conocida desde antaño.

 

Sin embargo, el salto decisivo hacia el progreso lo ha dado la llamada “Biotecnología”, donde una vez más el avance de la ciencia ha superado al ritmo de su regulación legal. Los organismos modificados genéticamente (u “OMG”) regidos hasta fechas recientes por las Directivas 90/219 y 90/220, sufrieron un “parón” en 1998 cuando la llamada “moratoria de facto” impidió la adopción de nuevas decisiones para la autorización de “eventos” (así se llama a cada tipo de OMG). La ausencia de norma legal o recomendación alguna que la amparase se explica por el origen de esta “decisión” (con minúscula): las presiones de tipo no científico, sino social y político que llevaron a adoptar una postura omisiva respecto a la tramitación de los siguientes expedientes. La Directiva 2001/18  supuso un paso adelante, y se traspuso al ordenamiento español con la Ley 9/2003, desarrollada por el Real Decreto 178/2004.

 

Sin embargo, la aprobación de los Reglamentos 1829 y 1830/2003 ha introducido una regulación compleja de la materia, en ocasiones contradictoria, por la existencia en su redacción de dos grupos de trabajo paralelos, uno en el seno del Comité Permanente de la Cadena Alimentaria, y otro en el de Medio Ambiente. Y todo ello sin olvidar la existencia de un Convenio Internacional de Cartagena de Protección de la Biodiversidad, signado por los países miembros de la UE, y que así forma parte del acervo comunitario.

 

Mas el objeto de esta revisión no es la crítica particularizada de estas normas, sino el examen del régimen jurídico que se otorga a estos productos desde el punto de vista del derecho de propiedad privada, delimitado por disposiciones que centran sus esfuerzos en prevenir la contaminación de las especies naturales frente a las modificadas genéticamente. Analizando determinados preceptos de la ley 9/2003, se puede llegar fácilmente a esta conclusión:

 

Artículo 12. “Régimen de autorización.

 

 1. Las personas físicas o jurídicas que se propongan realizar una liberación voluntaria de organismos modificados genéticamente deberán solicitar autorización a la Administración competente.

 

 A tal efecto, junto con la correspondiente solicitud de autorización, deberán remitir:

 

a) Un estudio técnico, que comprenda las informaciones y datos que reglamentariamente se determinen.

 

b) Una evaluación de los riesgos para la salud humana y el medio ambiente, que deberá incluir la metodología utilizada y las conclusiones sobre su impacto potencial en el medio ambiente.

 

 La Administración competente, una vez analizados los documentos y datos aportados, los resultados de la información pública y, en su caso, los resultados de las consultas e informaciones adicionales practicadas y las observaciones realizadas por otros Estados miembros o por otras Administraciones públicas, resolverá sobre la liberación solicitada, autorizándola o denegándola, e imponiendo, en su caso, las condiciones necesarias para su realización.”

 

 Por su parte, el reglamento del Real Decreto 178/2004 establece cautelas para la utilización confinada de los OMG, pues prevé en su artículo 11.1 que “…se utilicen medidas de confinamiento, con el fin de limitar su contacto con la población y el medio ambiente.”

 

Más adelante, en el mismo reglamento del RD se contempla la liberación voluntaria en términos parejos de prevención (artículo 22).

 

A continuación, se contemplan requisitos para esta actividad, como una evaluación del riesgo para la salud humana y el medio ambiente, autorización expresa previa a la liberación, y plan de seguimiento conforme a lo establecido en el anexo V, con vistas a detectar los efectos de los organismos modificados genéticamente sobre la salud humana o el medio ambiente.

 

No es de extrañar, pues, que la controversia en caso de contaminación de un cultivo de organismos no MG por otro que sí los contengan se contemple desde la perspectiva del derecho del titular de la primera explotación a no ser “contaminado” por el material de la segunda.

 

Paralelamente, existe un derecho de patente sobre estos OMG que permite al titular de la misma ejercer acciones civiles en defensa de su propiedad industrial, pues el Ordenamiento, por encima de los recelos que en algunos sectores sociales pueda despertar el empleo de estos organismos, debe tutelar el derecho subjetivo de contenido patrimonial del inventor o cesionario de la patente.

 

La Ley de 20 de marzo de 1986, de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad incluye en su artículo 4, a los OMG, como resulta de sus tres primeros apartados:

“1. Son patentables las invenciones nuevas, que impliquen actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial, aun cuando tengan por objeto un producto que esté compuesto o que contenga materia biológica, o un procedimiento mediante el cual se produzca, transforme o utilice materia biológica.

 

2. La materia biológica aislada de su entorno natural o producida por medio de un procedimiento técnico podrá ser objeto de una invención, aun cuando ya exista anteriormente en estado natural.

 

3. A los efectos de la presente Ley, se entenderá por materia biológica la materia que contenga información genética autorreproducible o reproducible en un sistema biológico y por procedimiento microbiológico, cualquier procedimiento que utilice una materia microbiológica, que incluya una intervención sobre la misma o que produzca una materia microbiológica.” (Se distingue entre biológico y microbiológico, lo cual no es, ni mucho menos, intrascendente, como luego se verá).

 

Y en sentido negativo, el artículo 5. 2 y 3 de la misma ley advierte que

“No podrán ser objeto de patente:

 

2.  Las variedades vegetales y las razas animales. Serán, sin embargo, patentables las invenciones que tengan por objeto vegetales o animales si la viabilidad técnica de la invención no se limita a una variedad vegetal o a una raza animal determinada.

 

3. Los procedimientos esencialmente biológicos de obtención de vegetales o de animales. A estos efectos se considerarán esencialmente biológicos aquellos procedimientos que consistan íntegramente en fenómenos naturales como el cruce o la selección.

 

Lo dispuesto en el párrafo anterior no afectará a la patentabilidad de las invenciones cuyo objeto sea un procedimiento microbiológico o cualquier otro procedimiento técnico o un producto obtenido por dichos procedimientos.”

Más abajo se analiza, en concordancia con la tutela penal del derecho de propiedad que supone la patente, la importancia que tiene el carácter artificial y técnico de la biotecnología.

 

Aparecen, pues, dos visiones enfrentadas que, en los casos en que claramente se ha producido una violación del derecho en cada uno protegido, permite la tutela del mismo. Así, si se “contamina” un campo de cultivo de vegetales (pongamos por caso maíz, de muy frecuente objeto de esta biotecnología) no modificado con polen de otro modificado genéticamente, y ello se debe al incumplimiento, por parte del titular del primero, sea por dolo o simple culpa, o aun mera inobservancia (art. 130.1 de la Ley 30/1992, que en la ley 9/2003, al referirse su artículo 34 a las infracciones leves, en el apartado 2 a se recoge como “simples irregularidades en la observancia”) de las obligaciones que le impone la normativa vigente, se procede muy severamente contra el infractor. Basta leer el capítulo II de la ley 9/2003, para darse cuenta de la estrechísima vigilancia a que se someten la utilización confinada y la liberación voluntaria de tales organismos, por cuanto de punible tiene su incumplimiento. Por ejemplo, un etiquetado irregular, que podría dar lugar a una infracción leve conforme al artículo 83.6 de la Ley inmediatamente anterior (precisamente la de Sanidad Animal, con multa de 300 a 6.000 euros o apercibimiento, según contempla su artículo 88), puede alcanza los 300.000 euros, si se aplica el apartado 3 j) de la Ley 9/2003, lo cual es más chocante habida cuenta de la específica teleología profiláctica sanitaria de aquélla ley frente a la más general de ésta.  

  

Pero, de otra parte, el empleo de los granos, que son productos del cultivo de las semillas OMG, es destinarlos a su consumo humano o animal, con o sin transformación previa, pues la reproducción de los mismos, aunque técnicamente viable si no son estériles, queda reservada al titular de la patente, que los emplea como verdaderas semillas. En este sentido es de gran interés la reciente sentencia dictada por el Tribunal Supremo de Canadá, con fecha de 21 de mayo de 2004. La legislación de dicho país, a diferencia de la europea, no reconoce la patentabilidad de los OMG de modo claro. Sin embargo, frente a las pretensiones del demandado de haber “sufrido” una contaminación de su campo por el vecino de la empresa demandante, el alto tribunal de aquel país ha fallado a favor de ésta, pese a la falta de normativa de amparo de este fruto de la actividad inventiva. El evidente enriquecimiento del demandado, acreditado por la ventaja económica obtenida, sin acto alguno de “descontaminación” de su cultivo (¡en un 95% modificado genéticamente, algo de difícil explicación natural!) movió a los magistrados a condenarle al pago de una indemnización de 20.000$ canadienses, por el uso indebido de la semilla.

 

El caso, desde la perspectiva del Derecho Civil español, presenta varios aspectos de interés a comentar. En nuestra legislación, como quedó sentado más arriba, sí se protege la patentabilidad de los OMG por la ley positiva, además de la jurisprudencia, que no es una de las fuentes del Derecho, conforme al art. 1.6 del C.C., pero sí las complementa, según el mismo apartado y artículo, aunque sin llegar al valor del “common law” anglosajón (y así, canadiense). Sin embargo, el tenor de la normativa específica, también comentada con anterioridad, ofrece la visión opuesta del asunto, “protegiendo” a los agricultores que cultivan el grano no modificado. Acuden en auxilio del jurista que pretende clarificar la cuestión cinco instituciones básicas : La accesión, el abuso de derecho, el enriquecimiento injusto, la responsabilidad extracontractual y la diligencia (o negligencia, si se contempla desde la perspectiva opuesta) de los interesados.

 

El artículo 353 del C.C. reconoce:

 

“La propiedad de los bienes da derecho por accesión a todo lo que ellos producen, o se les une o incorpora, natural o artificialmente”.

 

Dentro de esta área, debemos optar por una de dos posibilidades: la accesión de bienes inmuebles o de muebles, y dentro de cada una, por la buena o mala fe, con regímenes jurídicos netamente diferenciados.

 

No parecen de aplicación los artículos que tratan de bienes muebles: ni la “especificación” del artículo 383, ni tampoco la “comixtión” con que se denomina a lo regulado en los artículo 381 y 382 del código, pues no hay simple “mezcla”, sino un fenómeno de polinización. Tampoco encaja en la “adjunción” de los artículos 375 a 380.

 

Ya en el campo de los inmuebles, el código se aproxima más al objeto de este comentario: 

 

Artículo 358

 

“Lo edificado, plantado o sembrado en predios ajenos, y las mejoras o reparaciones hechas en ellos, pertenecen al dueño de los mismos con sujeción a lo que se dispone en los artículos siguientes.”

 

Artículo 359

 

“Todas las obras, siembras y plantaciones se presumen hechas por el propietario y a su costa, mientras no se pruebe lo contrario.”

 

Debe precisarse, primero, si la polinización cruzada es actividad propia de “siembra o plantación”. Si bien se produce de forma natural (en los casos objeto de controversia, pues la intervención agronómica humana conduciría directamente a la aplicación de un régimen protector u otro, e.e., tutela de la propiedad industrial o de la pureza de las variedades no modificadas), no puede dejar de tenerse en cuenta la actitud omisiva de quien, consciente de los factores naturales que den lugar al fenómeno (actividad apícola o eólica, por citar dos ejemplos), se aprovecha de ellos, enriqueciéndose de modo injusto, por la ausencia de causa que tutele el incremento patrimonial de que goza, en ausencia de contraprestación para el titular de la patente. No parece ser ésta la interpretación adecuada en caso de existir una “contaminación residual”. Pero, volviendo a la sentencia canadiense, el elevadísimo porcentaje de OMG (cercano al 100%) presente en el campo de cultivo, llevó al Tribunal a situar el litigio en la perspectiva que nuestro Derecho recoge en su artículo 360:

 

“El propietario del suelo que hiciere en él, por sí o por otro, plantaciones, construcciones u obras con materiales ajenos, debe abonar su valor; y, si hubiere obrado de mala fe, estará además obligado al resarcimiento de daños y perjuicios. El dueño de los materiales tendrá derecho a retirarlos sólo en el caso de que pueda hacerlo sin menoscabo de la obra construida, o sin que por ello perezcan las plantaciones, construcciones u obras ejecutadas”.

 

Esta excepción a la regla del artículo 359 encuentra más fácil acomodo en la sentencia comentada. El derecho germánico contemplaba la accesión (en el supuesto contrario, e.e., siembra en campo ajeno) con benevolencia, como resulta de la máxima “el que siembra, cosecha”, siguiendo un principio opuesto al del Derecho Romano, “el que siembra, hasta la semilla pierde”. Así, la comunidad germánica, de inspiración colectivista, ha llegado hasta nuestros días con la indistinción de cuotas, la indisponibilidad consecuente de las mismas y la no admisibilidad de la “actio communi dividundo”, a diferencia de la romana (arts. 393, 399 y 400 del C.C. ). Esta misma orientación tutela también, de manera especial, como resulta del artículo 360 reproducido, aplicable al hecho particular aquí comentado, el derecho del propietario del inmueble, pero sin desamparar por ello al dueño de los materiales ajenos. De una parte, prohíbe la retirada de éstos sin que perezcan. En el supuesto aquí descrito, ello conduce necesariamente a esperar a la cosecha, y ello para abonar entonces su valor (e.e., el de las semillas OMG utilizadas en la plantación, al precio de mercado, existiendo buena fe). De otra, si existe mala fe, se deberán abonar además los daños y perjuicios, sin olvidar la posibilidad de ejercer las acciones penales pertinentes, si es que  deliberadamente se utilizaron las semillas obtenidas por cultivo, no autorizado por su titular, de la patente.

 

Ello enlaza con el artículo 274 del Código Penal, pasando al campo de la protección del derecho por la vía criminal , cuya reforma de la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre ha añadido dos párrafos de gran importancia para acotar el tipo en cuestión:

 

“3. Será castigado con la misma pena quien, con fines agrarios o comerciales, sin consentimiento del titular de un título de obtención vegetal y con conocimiento de su registro, produzca o reproduzca, acondicione con vistas a la producción o reproducción, ofrezca en venta, venda o comercialice de otra forma, exporte o importe, o posea para cualquiera de los fines mencionados, material vegetal de reproducción o multiplicación de una variedad vegetal protegida conforme a la legislación sobre protección de obtenciones vegetales.

 

4. Será castigado con la misma pena quien realice cualesquiera de los actos descritos en el apartado anterior utilizando, bajo la denominación de una variedad vegetal protegida, material vegetal de reproducción o multiplicación que no pertenezca a tal variedad.”

 

Es importante destacar que se menciona la variedad vegetal “protegida”, lo cual permite incluir en el tipo aquéllas que no excepciona el artículo 5 de la Ley de patentes, el cual excluye de la tutela legal el derecho de patente sobre las “variedades” (sin concretar), e.e., aquéllas que no gozan de la protección que permite a su titular perjudicado ejercer las acciones penales correspondientes, entre las cuales no se cuentan los OMG, pues dicho precepto añade: “Serán, sin embargo, patentables las invenciones que tengan por objeto vegetales o animales si la viabilidad técnica de la invención no se limita a una variedad vegetal o a una raza animal determinada.” Y, ciertamente, la modificación genética excede de dicha viabilidad técnica (mera variedad) que corresponde a esta invención. Pero aun sin recurrir a esta interpretación, la previsión de una “protección de obtenciones vegetales”, sin mencionar el término “patente”, enlaza, además de otras normas administrativas nacionales, con el registro de eventos que prevé el Reglamento (CE) n° 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de septiembre de 2003, sobre alimentos y piensos modificados genéticamente, que contempla el artículo 28 de esta norma.

 

La reforma evita así que el principio constitucional de tipicidad (arts. 9.3 y 25.1 de la CE) permita eludir la aplicación de la ley, reduciendo la sanción al ámbito administrativo y civil, como podía resultar antes por el tipo recogido en el artículo 273 del C.P., que decía ( y dice después de la reforma antes citada de 2003, pero aumentando las penas):

 

“1. Será castigado con las penas de prisión de seis meses a dos años y multa de seis a veinticuatro meses el que, con fines industriales o comerciales, sin consentimiento del titular de una patente o modelo de utilidad y con conocimiento de su registro, fabrique, importe, posea, utilice, ofrezca o introduzca en el comercio objetos amparados por tales derechos.

 

2. Las mismas penas se impondrán al que, de igual manera, y para los citados fines, utilice u ofrezca la utilización de un procedimiento objeto de una patente, o posea, ofrezca, introduzca en el comercio, o utilice el producto directamente obtenido por el procedimiento patentado.

 

3. Será castigado con las mismas penas el que realice cualquiera de los actos tipificados en el párrafo primero de este artículo concurriendo iguales circunstancias en relación con objetos amparados en favor de tercero por un modelo o dibujo industrial o artístico o topografía de un producto semiconductor.”

 

El problema, aparte de la asimilación forzada de los términos empleados (fabrique, importe, posea, utilice, ofrezca o introduzca en el comercio) al cultivo, radica en el carácter no industrial ni mercantil de la actividad del agricultor que realiza las actividades que describe el artículo 326.2 del Código de Comercio:

“No se reputarán mercantiles:

 

Las ventas que hicieren los propietarios y los labradores o ganaderos de los frutos o productos de sus cosechas o ganado, o de las especies en que se les paguen las rentas.”

 

La singularidad de este tratamiento afecta, al menos, al agricultor que realiza su actividad en nombre propio o bajo forma societaria civil, de los artículos 1665 y ss. del C.C. Más discutible es el caso de las Sociedades Agrarias de Transformación (del RDL de 3 de agosto de 1981, y la Orden de 14 de septiembre de 1982), y el de las cooperativas, cuyo carácter mercantil o no dependen de cómo encajen en el artículo 124 del Código de Comercio.  Sin embargo, del artículo 3, tanto de la Ley de Sociedades Anónimas de 22 de diciembre de 1989 (“La sociedad anónima, cualquiera que sea su objeto, tendrá carácter mercantil,…”), como de la de 23 de marzo de 1995, de Sociedades de Responsabilidad Limitada (“La sociedad de responsabilidad limitada, cualquiera que sea su objeto, tendrá carácter mercantil”), resulta una más fácil inclusión en el tipo ya recogido en el texto anterior a la reciente reforma del C.P. Obviamente, la conveniencia de evitar que una misma conducta pueda eludir la acción de la justicia según la forma adoptada por el responsable para actuar en el tráfico jurídico justificó dicha reforma.

 

Volviendo al derecho civil, la figura del abuso de derecho del artículo 7.2 del C.C. es difícilmente argumentable por el titular de la patente en el caso de que pretenda basar en ella una acción contra el agricultor que tan sólo haya obtenido un porcentaje residual de OMG en su cosecha, lo cual puede demostrarse, mediante el dictamen pericial del artículo 299 de la L.E.C. 1/2000 de 7 de enero, que responde a la actividad apícola o al viento, volviendo a los dos ejemplos citados. Si el porcentaje es notable, y apoyándose en el mencionado y otros medios probatorios, la acción parece tener más visos de prosperar, con independencia de la vía penal antes estudiada, por medio del enriquecimiento injusto, que puede basarse en el artículo 360 del C.C.

 

Respecto a la responsabilidad extracontractual del artículo 1.902 del C.C., precisamente la ausencia de vínculo negocial entre el titular de la patente y el agricultor hace esta figura acreedora a un comentario, siquiera breve. Por parte del primero, el daño parece más bien un detrimento patrimonial que reconduce la cuestión al enriquecimiento injusto. El agricultor, sin embargo, y siempre en el supuesto de la “contaminación residual” podría incumplir el límite del 0,9% que le fija el artículo 12 del R. 1829/2003, sobre el etiquetado de OGM:

 

Artículo12


”Ámbito de aplicación


1. La presente sección se aplicará a los alimentos que vayan a suministrarse como tales al consumidor final o a las colectividades en la Comunidad y que:
a) contengan o estén compuestos por OMG, o


b) se hayan producido a partir de OMG o contengan ingredientes producidos a partir de estos organismos.


2. La presente sección no se aplicará a los alimentos que contengan material que, a su vez, contenga o esté compuesto por OMG o haya sido producido a partir de estos organismos, siempre que el contenido de dicho material no supere el 0,9 % de los ingredientes del alimento considerados individualmente o de los alimentos consistentes en un solo ingrediente, y a condición de que esta presencia sea accidental o técnicamente inevitable.

 

3. Para determinar que la presencia de este material es accidental o técnicamente inevitable, los operadores deberán poder proporcionar pruebas a las autoridades competentes que les demuestren de manera satisfactoria que han adoptado las medidas apropiadas para evitar la presencia de dicho material.”

 

Es decir, además de ser accidental o técnicamente inevitable, debe probarlo el agricultor, y no superar un porcentaje que le obligaría a llevar un control laboratorial estricto de cada cosecha o lote que venda, existiendo la posibilidad, por el recelo social (perjudicial para su comercialización) que acompaña al mayor valor técnico de los OMG, de repetir contra el causante de la polinización cruzada de la que resulte el incumplimiento de la obligación legal de etiquetado expresando la presencia de tales organismos, o incluso la cuantía de la sanción por etiquetado incorrecto (Ver normativa citada más arriba sobre este particular), junto a los gastos del procedimiento administrativo.

 

Sin embargo, todo lo comentado hasta ahora, desde el punto de vista penal de protección del derecho de propiedad industrial, se centra en el ámbito de los vegetales (ver art. 274 del C.P., más arriba reproducido), mas no afecta a los microorganismos (luego existe un vacío legal), los cuales sí son contemplados, en cambio, por la ley de patentes en el apartado 3 del artículo 5 “in fine”, antes citado. Mas no sucede lo mismo si de proteger la salud pública se trata. En efecto, el C.P, en su artículo 349, dice:

 

“Los que en la manipulación, transporte o tenencia de organismos contravinieren las normas o medidas de seguridad establecidas, poniendo en concreto peligro la vida, la integridad física o la salud de las personas, o el medio ambiente, serán castigados con las penas de prisión de seis meses a dos años, multa de seis a doce meses, e inhabilitación especial para el empleo o cargo público, profesión u oficio por tiempo de tres a seis años.”

 

La dificultad, pues, es doble: De una parte, el empleo del término “organismo” no se ajusta exactamente a la realidad microbiológica de los microorganismos unicelulares. Si el organismo está formado por un conjunto de órganos, y éstos por tejidos que, a su vez, se componen de células, el microorganismo se caracteriza por tener “orgánulos” (lisosomas, mitocondrias, etc.), con o sin membrana celular (según se trate de eucariotas o procariotas) que delimite el material genético cromosómico del citoplasma. Resulta, por tanto, y volviendo al principio de tipicidad, de aplicación directa cuando menos discutible lo expresado en el artículo 349 del C.P., máxime cuando existen determinados organismos pluricelulares aptos para ser utilizados para los fines delictivos que describe este artículo (puede, por ejemplo, difundirse una infestación por Trichinella spiralis o Taenia echinococcus, causantes, respectivamente, de la triquinelosis y el quiste hidatídico).

 

En apoyo de esta distinción puede citarse la definición que de uno y otro concepto da el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua. Las dos primeras acepciones de la palabra “organismo”, que son las que aquí interesan, son: “Conjunto de órganos del cuerpo animal o vegetal y de las leyes por que se rige” y “ser viviente”. Sin embargo, para microorganismo el mismo diccionario remite al término “microbio”,       que define como: Nombre genérico que designa los seres organizados solo visibles al microscopio; p. ej. las bacterias, los infusorios, las levaduras, etc.” Ciertamente, la inclusión de la expresión “ser viviente” como definición de organismo podría entenderse suficiente para la acotación del concepto y, sin embargo, el ordenamiento jurídico es, en otros casos, reiterativo, para no dejar lugar a interpretaciones que permitan escapar a la aplicación de la norma, por el respeto riguroso que exige el Derecho Penal del principio constitucional de tipicidad. Ello explica la diferencia que hace el artículo 5 de la ley de patentes entre biológico y microbiológico, según se vio más arriba.

 

De otra parte, la misma limitación semántica que entraña el artículo 349, afecta al 274 del mismo Código Penal, a efectos de protección de la propiedad industrial de estos microorganismos, empleados en la industria agroalimentaria. Por ello, la protección y profilaxis que sí merecen las variedades vegetales en el ámbito administrativo, civil y penal, parecen reducirse a los dos primeros en el caso de los microorganismos.

 

CONCLUSIÓN

 

A tenor de lo expuesto, el desamparo legal en que se halla esta vía de subsistencia que se ofrece al sector primario es tan patente como grave. Urgen reformas de la normativa que permitan, siempre dentro del respeto a los estrictos márgenes que la propia UE se ha autoimpuesto en su producción y comercialización, dar cobertura a la herramienta que puede dar una esperanza al campo español.  


M�s informaci�n sobre biotecnologia



Con la excepci�n de las disposiciones legales, est� expresamente prohibida la reproducci�n y redifusi�n sin nuestro permiso expreso de todo o parte del material contenido en esta web, incluyendo como tal la hipervinculaci�n en p�ginas de marcos.