29/3/2017

La consejera asturiana, María Jesús Alvarez, defiende una PAC que mantenga rentas, apoye las zonas de montaña y proteja contra la volatilidad del mercado

La Consejera de Desarrollo Rural del Principado de Asturias, María Jesús Alvarez, participó ayer en la Conferencia sobre PAC 2020 que entre el lunes y el martes pasado organizó el Ministerio de Agricultura en Madrid. Alvarez destacó que necesitan una política agraria europea que dé respuesta a los problemas que enfrentan cada día los profesionales del campo de Asturias y las singularidades de su territorio.

La próxima PAC debe hacer frente a los retos que tiene el sector agroalimentario español y europeo. Por eso debe atender a los siguientes objetivos:

- Mantenimiento de las rentas de los agricultores/ganaderos garantizando, por lo tanto, la rentabilidad de las explotaciones. Para ello es imprescindible que tenga respaldo financiero y ésa debe ser la primera exigencia y el primer objetivo. La PAC requiere un presupuesto suficiente y garantizado como única forma de asegurar el mantenimiento de la agricultura.

- La PAC post 2020 debe superar los desequilibrios entre territorios, suprimir el actual cobro por derechos históricos, exclusivamente ligados a los que poseen la tierra, y generar nuevos derechos vinculados al logro de objetivos de interés público, a la actividad y el empleo. Además, es necesario establecer una modulación o limitación (techo) al importe de los pagos que pueda recibir una explotación.

- La PAC debe orientarse a la producción de alimentos, a los profesionales del sector primario, a generar empleo y actividad. Todos son importantes, pero los profesionales de la agricultura y los que viven y trabajan en el medio rural son los prioritarios. Debe aprobarse una definición de “Agricultor activo” basada en criterios de renta y empleo y actividad generada.

La próxima PAC ha suponer un fortalecimiento de la posición de los agricultores/ganaderos en la cadena alimentaria, con un sistema de producción sostenible, con unos precios dignos, que recupere medidas de regulación de mercado, donde debe existir una preferencia por los productos comunitarios, frente a la globalización y los acuerdos preferenciales. Con un predominio de la PAC sobre las reglas de competencia.

Este es un asunto que compete a las instituciones europeas y no se puede dejar en manos de cada Estado. Además hay que avanzar en el reconocimiento de excepciones en la normativa de competencia para adaptarla a las peculiaridades del sector agrario.

La agricultura europea no puede ser moneda de cambio en la negociación de acuerdos bilaterales con terceros. La Unión Europea es la región del mundo con mayores cuotas de seguridad alimentaria y de bienestar animal y no debe renunciar a ello en aras de una globalización mal entendida.

- Es imprescindible lograr la simplificación legislativa y administrativa de las ayudas de la PAC que facilite su comprensión, gestión y evaluación. La simplificación de la PAC no debe ser como hasta ahora un eslogan sino un compromiso frente a la situación actual en la que, lejos de simplificarse, se ha complicado en exceso generando gastos desproporcionados para agricultores y para las administraciones. Necesitamos una PAC menos burocrática y más efectiva en el control del gasto público, con un marco legislativo claro y estable que otorgue seguridad jurídica a todos los operadores del sector y les permita tomar decisiones estratégicas para su crecimiento y consolidación.

- Asegurar el relevo generacional mediante el establecimiento de nuevos y más comprometidos incentivos para la incorporación de jóvenes al campo, porque es evidente que las políticas desarrolladas hasta ahora han sido insuficientes. También deben reforzarse las políticas de igualdad en el medio rural para dar a la mujer el papel que le corresponde.

- Discriminación positiva para las zonas de montaña y con limitaciones naturales significativas, así como para las pequeñas explotaciones (con más dificultades de producción, más respetuosas con el medio ambiente y generadoras de más empleo).

- Una PAC que recupere instrumentos de mercado para poder actuar contra la volatilidad de precios en sectores como el lácteo y que proteja a los productores frente a las perturbaciones del mercado. La nueva PAC debe incorporar mecanismos de prevención y gestión de crisis, estableciendo indicadores básicos actualizables en función de costes de producción que determinen la entrada en crisis de cualquier sector y la inmediata activación de medidas correctoras.

- Una PAC que favorezca a la vertebración del sector reforzando las medidas de apoyo a entidades asociativas, organizaciones de productores e interprofesionales para promover la concentración de la oferta.

- La nueva Política Agrícola Común ha de favorecer, igualmente, la sostenibilidad ambiental de tal forma que mejore las obligaciones y exigencias ambientales y reconcilie el medio ambiente con la agricultura. Porque la agricultura no sólo está en el origen del problema sino que forma parte de la solución.

- Otro de los objetivos debe ser la contribución a la lucha frente a los desequilibrios territoriales y el despoblamiento. Así, tiene que incluir nuevas medidas para atajar los grandes vacíos demográficos que se están produciendo en amplias zonas rurales españolas e incorporar medidas para fijar población en las zonas de montaña.

Para todos estos objetivos necesitamos una PAC fuerte, respaldada por el presupuesto.

Queremos un modelo de agricultura sostenible desde el punto de vista social, económico y medio ambiental. Una apuesta de la política agraria, por la economía social y por el empleo. Un compromiso con una producción sostenible y que realice un uso racional de los recursos, que controle la contaminación y se adapte al cambio climático y a su mitigación. Y un compromiso con una agricultura competitiva que tenga sus principales perspectivas en la seguridad y calidad alimentaria, en la investigación y en la innovación.


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