28/3/2017

El consejero castellano-manchego, Franciso Martínez Arroyo, defiende que los pagos directos tienen que ir unidos a servicios a la sociedad

El consejero de Agricultura, Francisco Martínez Arroyo, participó ayer, junto a representantes del Gobierno de España y de la Unión Europea, organizaciones agraria y ecologistas, cooperativas y resto de consejeros de las comunidades autónomas al inicio del debate ‘Construyendo la PAC del futuro’, inaugurado por el comisario europeo, Phil Hogan; la vicepresidenta de la Comisión Europea, Clara Aguilera, y la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina en el auditorio de CaixaForum en Madrid.

El consejero castellano-manchego ha defendido una PAC basada en un “acuerdo entre agricultores y consumidores”, objetivo final de esta política europea, así ha puesto de manifiesto la necesidad de priorizar a los “agricultores profesionales”, aclarando que “son los que generan empleo y riqueza en nuestro medio rural”. Martínez Arroyo ha explicado en su intervención que “a los agricultores hay que compensarles y garantizarles una renta”, esa es la clave de la política agraria y eso es, a su juicio, “lo que debemos explicar bien a los consumidores".

En cuanto a propuestas concretas, el titular de Agricultura en Castilla-La Mancha ha manifestado que es necesario revisar el modelo de pagos directos, para orientarlos a los que realmente se dedican a la actividad agraria, es decir, “para aquellos que están en nuestro medio rural, a los que generan externalidades en servicios a la sociedad; por ejemplo, en la lucha contra el cambio climático o, por ejemplo, en la garantía de la seguridad alimentaria".

Además ha considerado que hay que profundizar mucho más en los 'instrumentos de mercado', en el papel de las organizaciones de productores y de las organizaciones interprofesionales, “para proteger al eslabón más débil de la cadena que son los agricultores y ganaderos”. Para Martínez Arroyo, “tener claro esos objetivos nos ayudaría muchísimo a defender, respecto a la sociedad, la necesidad de una PAC fuerte en la UE".

El consejero ha hecho estas declaraciones durante la sesión ‘Una PAC adaptada a los retos de la agricultura española’ en la que ha debatido con sus homólogas de Andalucía, Carmen Ortiz; Castilla y León, Milagros Marcos; Cataluña, Meritxell Serret y Galicia, Ángeles Vázquez y ha respondido a las preguntas de los asistentes, interesados en el marco de negociación iniciado que durará entre dos y tres años de discusiones hasta que la Unión Europea pacte la PAC que se aplicará a partir de 2020 y todo dependerá de la otra gran negociación, la del presupuesto plurianual comunitario para 2021-2027.

Definir una posición común española

En cualquier caso, para el consejero, independientemente del presupuesto final, ahora el objetivo es buscar una “posición común española”, para transmitirla a Bruselas antes del 2 de mayo, fecha en que termina la consulta pública y en la que han participado 600 españoles de un total de 20.000 encuestas recibidas de toda Europa.

En este sentido, Martínez Arroyo ha recordado que el Gobierno de Castilla-La Mancha ha publicado su propia encuesta para facilitar la participación en la región y poder conocer mejor las demandas de los agricultores y ganaderos, pero también de los consumidores de la Comunidad Autónoma hasta el 30 de abril.

El titular de Agricultura ha hecho hincapié en que es necesario tener una posición política “pronto”, como tienen en otros países y como está conformándose en otros territorios, para eso, “tenemos que adelantarnos para que en las primeras propuestas a la Comisión Europea ya esté definido el planteamiento de la Política Agraria que quiere España”. Y ha añadido que “aunque parezca que la reforma de la PAC se aplicará dentro de muchos años, es necesario debatirla ya” para influir en los primeros borradores de la Comisión Europea respecto al futuro de la PAC. Esta política supone para Castilla-La Mancha 900 millones de euros al año, incluida la política de Desarrollo Rural.


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