2/3/2017

Piden un cambio en la ley y más guardias civiles para acabar con los robos de fresa

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos ha alertado del aumento de robos en las explotaciones productoras de fresa. Los ladrones entran en los invernaderos a cualquier hora del día aprovechando el “escaso” número de agentes de la Guardia Civil destinados a estas zonas. Los freseros han organizado grupos de vigilancia para proteger ellos mismos su producto. UPA ha hecho un llamamiento a los consumidores para que no compren fresas en la calle. A su vez, a la Administración le han pedido más efectivos de la Guardia Civil, un cambio en la consideración legal de hurto y que la Subdelegación del Gobierno de Andalucía le conceda, “por fin”, la reunión que pidió hace más de un mes.

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos ha advertido del perjuicio que están sufriendo los productores de fresa de la provincia de Huelva. Los agricultores sienten que no ganan para disgustos: “Ahora que el precio en origen de la fresa es aceptable y no perdemos dinero produciendo, llegan estos cuatreros y nos desvalijan”, explica Manuel Piedra, secretario general de UPA Huelva.

Los cacos usan linternas por la noche para iluminarse o simplemente roban a plena luz del día. “Los ladrones campan a sus anchas”, ha dicho Piedra, la razón es el escaso número de guardias civiles destinados a estas zonas. “En un período durante el que la población de Huelva aumenta en más de 30.000 personas, la Administración no destina ni un solo agente más para reforzar las patrullas”, ha revelado Piedra. Indignado, Piedra ha indicado que esto “no se ve en ninguna otra parte de España, donde el número de guardias aumenta acorde a la población y necesidades en momentos concretos, como la temporada alta de turismo o la operación Paso del Estrecho”. Por este motivo, UPA ha pedido un mayor número de guardias para que “los grupos ROCA estén presentes y actúen en las comarcas freseras”.

Además del perjuicio económico que les supone la pérdida de miles de kilos de fresa, estos delincuentes tienen atemorizados a los productores ya que van en numerosos grupos “por si les pillan”. Esto se debe a que si son descubiertos por la Guardia Civil, lo robado se divide entre el número de personas, “por lo que tocan a menos cantidad y se considera hurto, no robo”, ha descifrado Piedra. Para detener esta práctica, UPA ha pedido que se cambie este aspecto de la ley.

Sin embargo, a pesar de que sean grandes grupos “a los productores no les queda otra que no amedrentarse y vigilar ellos mismos sus cultivos”, dicen en UPA. La organización agraria ha hecho un llamamiento a estos agricultores para que extremen las precauciones y tengan contacto “directo y constante” con los agentes de la ley. “Debemos evitar el enfrentamiento directo para no pasar de víctima de robo a víctima de violencia”, ha dicho Piedra.

Además, UPA también ha vuelto a pedir la reunión que demandaba hace más de un mes y medio a la Subdelegación del Gobierno en Huelva. UPA ha señalado que María Asunción Grávalos, nombrada hace unos meses subdelegada del Gobierno en Huelva, “parece no encontrar hueco para el sector agrícola. No se ha debido dar cuenta de la importancia que tiene para el territorio para el que trabaja”.

Por último, UPA ha hecho un llamamiento a los consumidores. Han pedido que no compren fresas en puestos informales en la calle, que es donde los ladrones distribuyen el producto robado. “Queremos contar con su apoyo, pero también protegerlos”, han dicho desde la organización agraria. Las fresas robadas pierden la trazabilidad, por lo que podrían suponer un perjuicio para la salud pública. “Además, los compradores de estas fresas ilegales perjudican también al pequeño comercio y a las arcas públicas, al ser fresas que permanecen al margen del sistema fiscal”. Fuente: UPA


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