13/5/2016

La Junta de Andalucía acusa de deslealtad del Gobierno central hacia los productores andaluces al aplicar la nueva PAC

La consejera de Agricultura de la Junta de Andalucía, Carmen Ortiz, resaltó el miércoles en el Parlamento que pese a la lealtad y el apoyo sin reservas que Andalucía ofreció al Gobierno central durante el debate europeo de la reforma de la Política Agrícola Común (PAC), el Ejecutivo español “no ha sido leal ni justo con Andalucía” en la aplicación del modelo en España, decidido “sin tener en cuenta los intereses de los andaluces, que finalmente resultan gravemente perjudicados”. El resultado de esta “reforma injusta” para Andalucía es una pérdida de 902,5 millones de euros en el período 2014-2020 con respecto al marco anterior.

Ortiz ha informado en el Parlamento sobre el impacto de la aplicación del nuevo régimen de ayudas de la PAC en Andalucía, y ha recordado que aunque desde la Junta “ya veníamos alertando sobre las duras consecuencias de este modelo, lamentablemente, nuestras previsiones se han quedado cortas”. En el caso de las ayudas directas que perciben los agricultores y ganaderos, la merma es de 616,5 millones, lo que equivale a un recorte del 6,29%. La consejera ha recordado que este porcentaje es 10 veces más que lo que anunció el ex ministro Miguel Arias Cañete, quien aseguró que las asignaciones de los agricultores andaluces variarían en un margen máximo del 0,67% a la baja e incluso al alza.

La titular de Agricultura ha recalcado que “nuestros agricultores y ganaderos son las injustas víctimas de unas decisiones unilaterales que nadie puede entender y que perjudican especialmente a los pequeños productores”. Carmen Ortiz ha afirmado que “hemos asistido a una regresión en toda regla en el espíritu y la esencia de los objetivos de la PAC, ya que se han dado pasos atrás desde el modelo aplicado en el anterior marco comunitario, que protegía a las explotaciones con menos ayudas, hasta aplicar ahora un recorte indiscriminado a todos por igual en los derechos de pago que beneficia a los que menos necesitan estas ayudas y perjudica a los más vulnerables”. La consejera ha recordado que además se ha retrocedido en los criterios de asignación de los fondos de desarrollo rural, con un “arbitrario reparto de recursos que sólo perjudica a Andalucía”, la única comunidad autónoma que pierde fondos.

Carmen Ortiz ha resaltado también la discriminación con Andalucía en el planteamiento de las ayudas asociadas, orientadas a amparar a los sectores con dificultades de rentabilidad y en riesgo de desaparición, porque “se han dejado fuera a sectores andaluces claramente cumplidores de estos parámetros”.

Aplicación de los recortes

Según los datos que se desprenden de la asignación definitiva de los derechos de pago básico publicada el 31 de marzo, las pérdidas de Andalucía ascienden a un total de 616,5 millones de euros en ayudas directas (Primer Pilar de la PAC) para el período que finaliza en 2020 (un balance anual medio de 96,5 millones de euros desde 2015). A ello se suma el recorte en los fondos de desarrollo rural (Segundo Pilar), 286 millones de euros menos que en el anterior marco, lo que significa una pérdida del 9,8%.

La consejera ha explicado que la materialización de las rebajas de fondos del Primer Pilar se produce en dos fases. El primer recorte se inició en la campaña 2014 con la aplicación del nuevo presupuesto de ayudas directas, que debe adaptarse al Marco Financiero Plurianual de la Unión Europea. Al contar con menos recursos que el marco precedente, se impuso una rebaja lineal del 8,64% a todos los beneficiarios, independientemente de la cantidad de la ayuda que perciben, lo que perjudica especialmente a quienes reciben menos de 5.000 euros.

Ortiz ha recordado a los parlamentarios que desde Andalucía se solicitó al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente que aprovechara que la normativa comunitaria permitía librar a los pequeños productores de este recorte, “pero se negaron”. En la Comunidad Autónoma andaluza, 208.000 agricultores y ganaderos, el 80% de los beneficiarios de ayudas, perciben menos de 5.000 euros. Por el contrario, las grandes explotaciones que son las que reciben mayor cuantía de ayudas sufren menos recortes, según ha explicado la consejera, que ha citado como por ejemplo “las que perciben más de 300.000 euros pasan de un recorte del 14%, al recorte lineal del 8,64%”. El resultado de esta decisión del Gobierno de España es, según ha recalcado la consejera, una pérdida que “se consolida y perpetúa para todo el período”, y que alcanza los 261,9 millones de euros entre 2014 y 2020 (37,4 millones de euros anuales).

A esta rebaja, le sigue un segundo recorte aplicado desde la campaña 2015 con la entrada en vigor el nuevo modelo de ayudas directas, que conlleva una reducción del 5% del presupuesto para pago básico en beneficio de los fondos destinados a las ayudas asociadas. La consejera ha enfatizado que estas subvenciones no contemplan “sectores andaluces de gran importancia social y económica y en riesgo de abandono”, como el olivar en pendiente, la uva pasa y el trigo duro; y que su diseño “no tuvo en cuenta las explotaciones andaluzas adaptándose a otras Comunidades Autónomas”. La consejera ha reiterado que con ocasión de la revisión de las ayudas asociadas que tendrá lugar en 2016, “volveremos a exigir lo que de justicia les corresponde a los agricultores afectados”.

El trasvase de fondos desde el régimen de pago básico, en el que Andalucía tenía más peso, hacia las ayudas asociadas, donde los sectores andaluces “quedan marginados o insuficientemente atendidos”, se traduce en una pérdida anual de 59,1 millones de euros.


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