23/4/2015

Nota conjunta

Sectoriales ganaderas, cerealistas e industria consideran que la propuesta de la Comisión Europea de nacionalizar las prohibiciones de uso de OMGs atenta contra el mercado único de la Unión Europea

Las entidades firmantes rechazan la propuesta de nacionalización de medidas para restringir o prohibir el uso de organismos modificados genéticamente (OMGs) en la Unión Europea (UE). Una proposición de la Comisión Europea que si llegara a hacerse efectiva pondría en peligro el mercado comunitario de alimentos y piensos con graves consecuencias económicas y sociales. La nueva normativa permitiría a los Estados miembros restringir o prohibir el uso de productos biotecnológicos para alimentación humana y/o animal que han sido aprobados por el estricto marco regulatorio científico y sanitario de la UE a nivel comunitario y que ha superado los controles de seguridad pertinentes.

La propia Comisión Europea reconocía meses atrás que la nacionalización de restricciones o prohibiciones de OMGs sólo se produciría sobre el cultivo (y ya alertamos de la incongruencia que ello supondría) para no poner en peligro el mercado interior ni la investigación europea. Sin embargo, ahora nos encontramos con una propuesta similar a la de cultivo, que provocaría graves consecuencias para el sector agroalimentario. La UE vuelve a dejar a la ciencia de lado con la intención de permitir a los Estados miembros prohibir, por motivos más asociados a política e ideología que a la evaluación científica objetiva, el uso de OMGs aunque su seguridad haya sido avalada por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) y estén siendo consumidos con total y absoluta normalidad en países terceros que exportan sus producciones a la UE, así como lo están siendo en la UE desde hace casi 20 años.

Es un derecho de los operadores europeos de alimentos y piensos, así como del sector ganadero, la libertad de elección a la hora de decidir los ingredientes, siempre y cuando éstos hayan sido evaluados como seguros por los órganos competentes. Las entidades firmantes aseguran que la propuesta de la Comisión Europea va en contra de las bases fundamentales de la UE y del mercado único, restando competitividad al sector entero y frenando así el impulso del empleo. Esta propuesta no sólo atenta contra el mercado único y su correcto funcionamiento sino que también demuestra que la UE no es capaz de hacer cumplir su propio sistema vigente de aprobación.

A modo de ejemplo, sólo la importación española de soja modificada genéticamente entre 2000 y 2014 supuso un ahorro de casi 55.000 millones de euros, frente a lo que hubiera supuesto la importación de soja convencional. La producción interna de soja de la UE cubre sólo el 7% de su demanda. La soja es una fuente principal de proteína utilizada sobre todo para alimentación animal, mientras que la lecitina de soja se utiliza en muchos productos alimenticios procesados.

Si se produjera el bloqueo a la soja modificada genéticamente, sería INVIABLE la sustitución de las importaciones por soja convencional debido a la falta de disponibilidad de esta materia prima para la industria de fabricación de piensos. Esto produciría un aumento en los precios de las habas de soja y harina de soja del 291% y el 301%, respectivamente.

Ello supondría un incremento en el coste de los ingredientes de producción de pienso para vacuno, cerdo y aves del 49%, 54% y 85%, respectivamente. El incremento en el precio de la soja tendría un impacto final en el coste de producción de huevos, carne de ave, carne de cerdo y carne de vacuno de un 7,1%, 8,0%, 8,1% y 4,6% respectivamente.

Otro cultivo básico en la alimentación del ganado es el maíz, cuya importación media anual se acerca a los 6 millones de toneladas, muchas de ellas procedentes de países que principalmente cultivan maíz modificado genéticamente.

La nacionalización de la restricción o prohibición de uso de OMGs frena directamente el crecimiento, la innovación, la inversión y la competitividad, a la vez que dinamita la confianza del consumidor en el sistema europeo. Que prevalezcan los intereses políticos o ideológicos sobre las evidencias científicas es una barrera insalvable para la inversión tecnológica, un sector en el que la UE era todavía referente internacional. La propuesta de la Comisión Europea supone una grave distorsión de la competencia para todos los agentes de la cadena agraria y alimentaria.

Las entidades firmantes piden que se haga cumplir la legislación vigente y que todos los productos que cumplan con los requisitos de evaluación de riesgos con base científica sean autorizados sin retrasos injustificados. En enero de 2015 la Unión Europea acumulaba 58 solicitudes de aprobación de OMGs para su importación, en 2014 no concedió ni una aprobación[2]. La aplicación correcta de la legislación existente debería ser la prioridad de la Comisión Europea.


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