18/2/2015

Errores en el gasto en desarrollo rural

Un informe publicado ayer por el Tribunal de Cuentas Europeo (TCE) considera que la mayoría de los errores en la política de desarrollo rural se deben a incumplimientos de las condiciones establecidas por los Estados miembros. Sus autoridades de control podrían y deberían haber detectado y corregido la mayoría de los errores que afectan a las medidas de inversión en el ámbito del desarrollo rural. Sus sistemas de control son deficientes porque las verificaciones no son exhaustivas y se basan en información insuficiente.

«Es importante comprender por qué el porcentaje de errores en la política de desarrollo rural es inaceptablemente elevado. La clave para reducirlo es encontrar el equilibrio adecuado entre el número y la complejidad de normas que regulan el gasto – que contribuyen a lograr objetivos de la política como la mejora de la competitividad agrícola ?- y los esfuerzos para garantizar el cumplimiento de dichas normas», comentó Rasa Budbergyte, Miembro del TCE responsable del informe.

?Este Informe Especial (Nº 23/2014), titulado «Errores en el gasto en desarrollo rural: ¿cuáles son sus causas y cómo se están abordando?» se centra en la conformidad de la ejecución de la política de desarrollo rural con las normas y los reglamentos vigentes y describe las principales causas del elevado porcentaje de error en este ámbito. También evalúa si es probable que las medidas adoptadas por los Estados miembros y la Comisión den una respuesta eficaz en el futuro a las causas identificadas. El informe contiene información facilitada a los auditores hasta finales de septiembre de 2014.

La Unión Europea y los Estados miembros asignaron más de 150 000 millones de euros a la política de desarrollo rural durante el periodo de programación 2007-2013. Ejecutado en régimen de gestión compartida, el presupuesto total se dividió casi equitativamente entre las medidas de inversión y las ayudas por superficie. Los Estados miembros deben ejecutar los programas de desarrollo rural en el nivel territorial adecuado, según sus propias disposiciones institucionales, mientras que la Comisión se encarga de supervisar a los Estados miembros para asegurarse de que estos cumplen su cometido.

El significativo nivel de incumplimiento de las normas aplicables, tal y como refleja el elevado porcentaje de error, significa que el dinero en cuestión no se gasta conforme a las normas. Esto podría afectar negativamente a la consecución de los objetivos de la política de desarrollo rural, como el aumento de la competitividad del sector agrícola y forestal, la mejora del medio ambiente y el entorno rural, la mejora de la calidad de vida en las zonas rurales y el fomento de la diversificación de la actividad económica.


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