17/03/2003

Nota de la UPA

NOTA DE PRENSA

 

14.M.2003

 

 
UPA rechaza la política de fomento de cultivos transgénicos del Gobierno Español

La autorización de nuevas variedades transgénicas enfatiza aún más la política pro-transgénica de nuestro Gobierno frente a la posición de cautela y prevención del resto de países comunitarios y frente al rechazo mayoritario de la sociedad.

La publicación esta semana en el BOE de la inclusión en el Registro de semillas comerciales de cinco nuevas variedades de maíz modificadas genéticamente, muestra la actitud indiferente del Ministerio de Agricultura ante la opinión generalizada de la mayoría de los gobiernos europeos y de la sociedad en su conjunto ante el problema de la difusión de los organismos genéticamente modificados (OGM) o popularmente denominados “transgénicos”.

 

Si bien es verdad que estas nuevas autorizaciones no vulneran la moratoria europea de autorización de nuevas modificaciones genéticas, ya que dichas variedades tienen una modificación genética ya autorizada hace unos años, lo cierto es España se ha convertido en la punta de lanza en Europa en el fomento y defensa de esta biotecnología. Estamos por tanto en un contexto con una gran similitud a la crisis actual en relación a Iraq; las multinacionales norteamericanas han logrado el favoritismo del gobierno español hacia estos productos frente a la corriente -no radicalmente en contra, sino más bien de precaución- del resto de países europeos y del rechazo de la gran mayoría de los consumidores, es decir, de la sociedad en su conjunto.

 

UPA lamenta que la agricultura española y por tanto, nuestros agricultores, se conviertan en “conejillos de indias” y campo de experimentación de una nueva tecnología que en estos momentos adolece de un respaldo normativo que prevenga y regule los diversos impactos que conlleva (medioambientales, sanitarios, sociales,.... En este sentido, UPA defiende la moratoria actual de la UE y la no autorización de nuevas variedades (como las aprobadas recientemente) y paralización de nuevas siembras de OGM hasta que al menos no se den determinadas condiciones, entre la que figuran las siguientes: la existencia de un marco legislativo completo en la UE que contemple entre otras, una nueva normativa de trazabilidad y de etiquetado, de coexistencia y contaminación de OGM (con el gran peligro que supone no sólo a la agricultura ecológica sino también a la convencional), de responsabilidad ambiental, de regulación del “principio de precaución”. UPA también reclama que se transponga inmediatamente a la legislación nacional la nueva directiva de OGM, implantando un efectivo sistema de control de los cultivos OGM; sin olvidar la necesaria transparencia de información en este tema y participación en órganos de consulta de las organizaciones sociales implicadas, especialmente las Organizaciones Profesionales Agrarias.

 

España sigue siendo el país con mayor superficie de OGM sembrada y con mayor grado de comercialización (en este sentido no hay que olvidar las masivas importaciones de soja transgénica). En estos momentos en que deben prevalecer los criterios de seguridad alimentaria y de calidad intrínseca de nuestros productos sobre los estrictamente comerciales, las multinacionales norteamericanas están aprovechando los buenos lazos existentes entre los gobiernos de España y EEUU para hacer su negocio, aún a costa de un rechazo generalizado a esta forma de actuación, rechazo que plantean organizaciones agrarias como UPA, organizaciones de consumidores, ecologistas, la mayoría de los gobiernos europeos, gobiernos regionales, partidos políticos, sindicatos de trabajadores, científicos, etc.

 

 

 

 


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