11/04/2003

Nota de la Comisión Europea

 

Organismos modificados genéticamente: la Comisión pide a 12 Estados miembros que aprueben y notifiquen la legislación correspondiente

 

Bruselas, 10 abril de 2003. La Comisión Europea ha pedido oficialmente a Francia, Luxemburgo, Bélgica, los Países Bajos, Alemania, Italia, Irlanda, Grecia, España, Portugal, Austria y Finlandia que aprueben y notifiquen la legislación nacional por la que apliquen la legislación de la UE sobre la liberación intencional de organismos modificados genéticamente (OMG) en el medio ambiente. Esos 12 Estados miembros no han respetado la fecha límite del 17 de octubre de 2002 para la aprobación y notificación de esa legislación. Esta legislación derogaba otra anterior y se aprobó para contribuir a garantizar un planteamiento seguro y paso a paso de la liberación de los OMG en el medio ambiente. La petición enviada a los 12 Estados miembros es un dictamen motivado, que constituye la segunda fase del procedimiento de infracción establecido en el artículo 226 del Tratado CE.

La Comisaria de Medio Ambiente, Margot Wallström, hizo el siguiente comentario sobre esas decisiones: "Insto a los Estados miembros a que ajusten su legislación nacional a las nuevas normas generales de la UE acordadas, que regulan la liberación de los OMG en el medio ambiente."

 

El 17 de octubre de 2002 entró en vigor(1) una nueva Directiva que modifica las normas generales originales que regulaban la liberación de los OMG en la Unión Europea. Las normas generales originales, establecidas por la Directiva(2) de 1990, se aprobaron para responder a la preocupación de que la liberación de OMG pudiera causar daños irreparables al medio ambiente. Una revisión de 1996 detectó diversos aspectos de las normas generales originales que debían aclararse y mejorarse. Por ello, se revisó y sustituyó la Directiva 90/220/CEE por la Directiva 2001/18/CE. La Directiva revisada conserva la estructura de la antigua Directiva, pero es más estricta y transparente en sus disposiciones al crear, en concreto, un procedimiento de autorización más eficaz y eficiente.

 

 En particular, introduce:

 

Principios reguladores de la evaluación de riesgo ambiental

 

- Un seguimiento obligatorio, posterior a la comercialización, que incluye la observación de posibles efectos a largo plazo sobre el medio ambiente

- La obligación de informar el público

- La obligación de que los Estados miembros garanticen el etiquetado y el seguimiento de todas las fases de la comercialización

- La obligación de que la primera autorización de un OMG esté limitada a un máximo de diez años

- La consulta obligatoria del o los comités científicos

- La obligación de consultar al Parlamento Europeo sobre las decisiones de autorización de la liberación de un OMG

- La posibilidad, de acuerdo con el nuevo procedimiento del comité, de que el Consejo de Ministros apruebe o rechace por mayoría cualificada las propuestas de la Comisión de autorización de un OMG.

- El procedimiento de autorización de la comercialización de un OMG, de acuerdo con la Directiva 2001/18/CE, se aplica, al igual que anteriormente, caso por caso. Cuando la autoridad competente de un Estado miembro reciba una solicitud, deberá enviar inmediatamente a la Comisión y a los demás Estados miembros un resumen de la notificación. La Comisión hará público inmediatamente este resumen con el fin de que se puedan presentar observaciones.

Francia, Luxemburgo, Bélgica, los Países Bajos, Alemania, Italia, Irlanda, Grecia, España, Portugal, Austria y Finlandia no han respetado la fecha límite del 17 de octubre 2002 para incorporar a su Derecho nacional la Directiva, por lo que no han cumplido lo que acordaron cuando aprobaron la nueva legislación.

 

Antecedentes

 

Procedimiento legal

El artículo 226 del Tratado autoriza a la Comisión a tomar medidas legales contra los Estados miembros que no respeten sus obligaciones.

Si la Comisión estima que pudiera haberse infringido el Derecho comunitario, incoa el procedimiento de infracción enviando una carta de requerimiento al Estado miembro del que se trate, en la que se le solicita que envíe sus observaciones al respecto en un plazo determinado, que normalmente es de dos meses.

Dependiendo de la respuesta del Estado miembro o de la ausencia de esta, la Comisión puede decidir enviar un dictamen motivado (advertencia escrita final) al Estado miembro. En este se establecen clara y definitivamente los motivos por los que se considera que se ha infringido el Derecho comunitario y se insta al Estado miembro a remediar la situación en un plazo determinado, que normalmente es de dos meses.

Si el Estado miembro no cumple lo exigido por el dictamen motivado, la Comisión tiene la posibilidad de recurrir al Tribunal de Justicia Europeo.

 

Para informarse de las estadísticas recientes sobre infracciones en general, consulte:

 

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/droit_com/index_en.htm#infractions

 

(1) Directiva 2001/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de marzo de 2001 sobre la liberación intencional en el medio ambiente de organismos modificados genéticamente y por la que se deroga la Directiva 90/220/CEE del Consejo

(2) Directiva 90/220/CEE del Consejo, de 23 de abril de 1990, sobre la liberación intencional en el medio ambiente de organismos modificados genéticamente

 

 


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